Cuatro meses después de las elecciones que, no lo olvidemos, perdió el PSOE, su líder Pedro Sánchez ha conseguido un laborioso acuerdo para formar gobierno. Para ello, ha pactado con Sumar, lo que ya comentamos en su momento, con Bildu, con PNV, con BNG, con ERC y, el que parece más ha costado, con Junts. Incluso es posible que consiga la abstención de los canarios. Las cesiones políticas, especialmente con los independentistas catalanes, copan la actualidad desde hace semanas, no sólo por la gravedad de lo cedido (perdonar delitos para conseguir un beneficio político), sino porque el PSOE defendía ardorosamente que lo que acaba de firmar era inconstitucional. Hasta que necesitó los siete escaños del lío. En este tráfago de rendiciones políticas, han quedado en un segundo plano las cesiones económicas al independentismo catalán, igualmente relevantes para el devenir nacional.

Mientras Puigdemont ha protagonizado la negociación “política”, ERC, más práctico, ha preferido -al más puro estilo PNV- aprovechar la subasta de favores de Sánchez para conseguir esas mejoras económicas. Estas han sido tan beneficiosas que la militancia socialista ha apoyado el acuerdo para apoyar a su líder con el 89% de los votos a favor. El principal punto reseñable de infame pacto (amnistía al margen) es la entrega de 15.000 millones de deuda autonómica que, por esas cosas de la convivencia, pasa a ser estatal. Aunque el PSOE salió rápido a destacar que van a hacer también otras “condonaciones” a otras autonomías en el entorno del 20%, lo cierto es que, en este caso, los porcentajes son una trampa lingüística ya que no supone lo mismo para el contribuyente español asumir el 20% de la enorme deuda catalana que de la pequeña deuda cántabra, por ejemplo.

Dineros a todo tren

De momento, la Generalitat se ahorra, para siempre, el pago de los intereses por todo ese montante de deuda (unos 1.300 millones dejará de pagar), coste que pasa a ser asumido por las arcas del odioso Estado español

También ERC consiguió el traspaso de la gestión de las Cercanías de Renfe (“rodalies”), algo que podría tener sentido dado el mal servicio histórico que sufren los catalanes que usan esas redes ferroviarias, pero para la ministra de trasportes, Raquel Sánchez, era hace seis meses imposible por ser ilegal, y echaba la culpa de los problemas a la Generalitat. Ahora no sólo cede sino que el PSOE ha firmado que “se deben traspasar los recursos económicos necesarios asociados al déficit que tiene Renfe en relación con la prestación del servicio de rodalies”. Es más, acuerdan “traspasar a la Generalitat los recursos necesarios para sufragar la deuda existente con Renfe relativa a los servicios prestados en el marco del Plan de Acción, cifrada en 132.723.044 euros. Para ello, se plantea incluir esta cuestión, por ejemplo, en las previsiones en los Presupuestos Generales del Estado”.

Al aceptar estas humillantes condiciones, justo cuando menos votos tenían, significa entregarles un balón de oxígeno para que vuelva a hincharse su intención de voto

Esto se traduce en que el Estado invertirá fondos comunes en algo que gestionará la autonomía, y de nuevo es una prueba más de la desigualdad manifiesta que está suponiendo esta investidura para todos aquellos territorios sin un representante político al que comprar sus escaños. También se ha hecho público que en el acuerdo con Junts el gobierno central “facilitará la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña”, dándole más autonomía financiera al independentismo con una modificación de la Lofca. Teóricamente los barones socialistas deberían exigir lo mismo para sus autonomías que se conceda a Cataluña, y hacer como hacen los independentistas: poner precio a sus votos. Pero no sólo no tienen coherencia, tampoco inteligencia económica. Políticamente, además, dar la razón a los independentistas y a su radical estrategia de 2017, como está haciendo el PSOE al aceptar estas humillantes condiciones, justo cuando menos votos tenían, significa entregarles un balón de oxígeno para que vuelva a hincharse su intención de voto.

Lo que suponen estas cesiones del estado hacia Cataluña, asumidas por Sánchez para poder comprar los votos que necesita para ser presidente y aceptadas por su partido, rompen el concepto de igualdad en España, un país donde los delincuentes son perseguidos por la justicia excepto si el acusado tiene en su poder la capacidad de hacer presidente a Sánchez; en el que el Parlamento se muestra dispuesto a cambiar leyes para beneficiar el propósito de investir a Sánchez y en el que se pretende que la Justicia -que debería ser uno de los poderes del estado- se subordina a la política ante las ambiciones de poder de Sánchez. También se rompe el concepto de solidaridad económica, ese que la izquierda enarbola cada vez que pretende justificar el aumento de impuestos a las rentas más altas y que ha servido de excusa para los impuestos “temporales” a la banca y las petroleras, beneficiando a una de las autonomías más ricas respecto a las demás.

El Gobierno más de izquierdas desde la II República ha decidido beneficiar a un territorio rico perjudicando con ello a los más pobres

Curiosamente, Cataluña tiene uno de los tipos marginales de IRPF más alto de España (50%) precisamente porque defienden que los que más ganan, más deben pagar, no sólo en volumen, también en porcentaje. Sin embargo, el Gobierno más de izquierdas desde la II República ha decidido beneficiar a un territorio rico perjudicando con ello a los más pobres. Por eso suenan aún más absurdas las palabras de socialistas y de sus socios alabando esta suma de cesiones políticas y económicas a una de las autonomías más ricas como base de un “gobierno progresista”, cuando en realidad lo que se ha hecho es pagar con derechos y dineros de todos los españoles la investidura de alguien que sitúa su ambición de poder muy por encima de los intereses de su país.

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