Decir a estas alturas que Pedro Sánchez carece de escrúpulos se me antoja poco original: es un hecho incontrovertido que las únicas líneas rojas que existen para nuestro presidente son las marcas del bronceado provocadas por el bañador. Pero no confundamos la falta de escrúpulos con la de principios, porque ‘Su Persona’ no carece de esto último: su máxima en la vida es honrarse a sí mismo, y no concibe mejor manera de hacerlo que desde el poder.
La semana pasada, nuestro mesías presidencial se subió al púlpito de la Casa de América de Madrid rodeado de sus discípulos del Ibex para predicar sobre la unidad, aderezada con unos toques de feminismo y de ecologismo. Lo que pretendía con esta suerte de sermón de la montaña es hacernos comprender que apoyarle sin fisuras y sin matices es poco menos que una cuestión de fe. La política transformada en religión y el socialismo convertido en ‘pedretismo’.
Presupuestos 'progresistas'
Pero no hay mesías sin milagros y ya va siendo hora de obrarlos: ya queda poco para que desde nuestras casas asistamos maravillados a la liberación de los ‘presos polítics' mediante la resurrección del Derecho Penal de autor. Y todo con el único objetivo de conseguir el apoyo de ERC para que salgan adelante los presupuestos progresistas del gobierno.
Se trata de una operación que tiene poco de bíblica y mucho de vil mercadeo con el Estado de Derecho, si bien para comprenderla es necesario bucear un poquito por los entresijos de nuestra legislación en materia penal y echar la vista atrás, concretamente a octubre del año pasado cuando se hizo pública la sentencia del ‘prucés’.
En ella, el Supremo condenó, entre otros, al líder de ERC y vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, Oriol Junqueras, a la pena de prisión de 13 años por un delito de sedición en concurso medial con el de malversación, esto es, por declarar la independencia de Cataluña desviando fondos públicos.
Junqueras lo pone muy difícil, porque no sólo ha rechazado solicitar el indulto, sino que además insiste en que no se arrepiente de nada
Desde el primer momento, el Gobierno mostró su disponibilidad para tramitar el indulto, sabedores del papel fundamental que juegan los independentistas catalanes como garantes de la gobernabilidad: sin ellos no habría prosperado la moción de censura ni se aprobarán los presupuestos. Pero esto es como en las bodas: dos no se casan si uno no quiere. Y es que Junqueras lo pone muy difícil, porque no sólo ha rechazado solicitarlo, sino que además insiste en que no se arrepiente de nada y anuncia que volverán a hacer otro referéndum independentista. Con estos mimbres, a ver quién es el guapo que firma un informe favorable a favor de la concesión del indulto.
Así que es necesario recurrir a argucias legales que permitan a Oriol ser un hombre libre sin tener que hacer acto de contrición. Y no se les ha ocurrido otra que modificar el delito de sedición. Efectivamente, con el pretexto de modificar el tipo penal para dar mejor respuesta a hechos como los acontecidos el 1-O, el Gobierno vuelve a poner en marcha lo que yo denomino 'operación free Junqueras'.
A priori pudiera parecer que la aprobación de una modificación de las penas que establece el Código Penal para los delitos de sedición no afectaría a alguien ya condenado por sentencia firme como Oriol Junqueras. Pero esto no es del todo cierto. El artículo 2 de nuestra ley penal, en su apartado segundo, contempla la posibilidad de que las leyes penales que favorezcan al reo tengan carácter retroactivo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Vamos, que si se aprueba reducir la pena contemplada para un delito, esa reducción favorecerá no sólo a quienes resulten condenados por el delito después de la modificación, sino también a quienes fueron condenados antes.
Muchos pensarán que, incluso aunque así se hiciera y el Gobierno bajase las penas del delito de sedición para hacerlas coincidir con el tiempo de estancia en prisión de Junqueras, eso no determinaría su inmediata puesta en libertad, dado que ha sido condenado además por un delito de malversación agravado por el que seguiría cumpliendo pena. Pero quienes conocemos el percal ya dijimos que se estudiaría la creación de un subtipo de sedición agravado, en el que uno de los elementos del tipo penal sea, además de la celebración de un referéndum secesionista y/o la declaración de independencia de un territorio, el desvío de dinero público para esos fines. La pena resultante para este delito sería, cómo no, inferior al tiempo que resta en prisión a Junqueras. El resultado es un delito de sedición a la medida, con nombre y apellidos.
No obstante, habría que salvar un último obstáculo, consistente en que el Ministerio Fiscal informara sobre si procede revisar la sentencia y, en tal caso, los términos de la revisión. Pero más que un obstáculo sería un mero trámite, porque para eso ya colocó Pedro a su ex ministra de Justicia al frente de la Fiscalía. Una operación redonda o, mejor dicho, Redondo.
Esto es lo que se cuece en las entrañas de la 'pedrocracia' mientras nos entretienen con las negociaciones para la renovación del CGPJ. No dan puntada sin hilo.
