Convendría aclarar que el hecho de que deba ser la Junta Electoral el árbitro responsable de que las instituciones públicas catalanas no estén pobladas de lazos amarillos, es antes un motivo para la desazón que para la alegría, aun conviniendo que se trata de una buena noticia que una resolución judicial ratifique lo que es de sentido común. No es solo que la restricción de la propaganda separatista se circunscriba a la coyuntura electoral, circunstancia que valida la vocación de permanencia de símbolos excluyentes que pretende Joaquim Torra en la Generalitat y en las consejerías y, en consecuencia, la idea extendida más allá del nacionalismo que sustituye a Cataluña por el independentismo. Lo que reviste de gravedad relegar la decisión a un órgano que tiene como finalidad dirimir irregularidades puntuales en debates electorales, la duración de los spots o los bloques de información en los telediarios de las televisiones públicas y demás, es que parece como si los lazos amarillos fueran una película que no va con el Gobierno de España.
Es cierto que desde que el separatismo acelerara en su envite en 2017, la Junta Electoral ha corregido muchos de sus abusos -la mayoría con el altavoz de TV3 como responsable-, y es de celebrar que la oposición en Cataluña haya movido ficha ante la inacción de Pedro Sánchez, pero no debería interpretarse el movimiento como una victoria rotunda. Ayer, el ministro José Luis Ábalos, exultante, recordaba a Torra que la retirada de la simbología independentista no era “voluntaria”, escudándose en la Junta Electoral, como diciendo ese tan clásico ‘que no lo digo yo’, que tantas veces ha entonado el socialismo catalán. Pues menos mal, porque si tiene que decirlo el PSOE, igual sí parece que la neutralidad de las instituciones es solo una opción más, tan legítima como su uso partidista, que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora sin que Sánchez haya encontrado inconveniente alguno.
ERC tiene una nueva oportunidad de alejarse de Torra; mientras, Sánchez se fingirá indignado ante quienes no tienen más galones que blandir que el continuo desafío al Estado
La problemática de los lazos amarillos tiene menos que ver con la inconveniencia de un eslogan y más con la intolerable asunción de que la ideología propia es intercambiable por la institución que se representa, y con la apariencia de que los adversarios políticos vienen a ser una suerte de actores ilegítimos a los que se puede silenciar a placer. Hecha esta apreciación, cabe aproximarse al episodio de la eventual retirada de la simbología separatista a lo que obliga la actualidad política: una nueva piedra en el zapato en los planes de Torra. De hecho, si el presidente catalán persiste en su vocación y no acata el mandato de la Junta Electoral, se colocará ante el paso más evidente hacia la desobediencia, en el que no hay margen para ambigüedades, excesos de retórica, ni discursos incendiarios: o retira el lazo o se sitúa en el desacato. Si Torra fuera prudente y calculador, podría haberse aprovechado de la situación, acatar a la primera y utilizar el argumento de la campaña electoral para justificar la casi sempiterna presencia de elementos excluyentes y partidistas en las instituciones. Pero para el presidente catalán la dimensión simbólica es mucho más importante, y ese mero gesto ya significa una derrota, quizás de ahí dejar a sus consejeros la salida de que elijan uno a uno qué hacer con los lazos.
Con ello corre el riesgo de escenificar una división del Ejecutivo catalán, pues allí donde Torra ve “libertad de expresión”, otros ven riesgo serio de inhabilitación. Lo que nunca comprenderá ningún consejero catalán actual es la inmoralidad y la impostura de dejar un solo día esos símbolos. Prueba de ello es la equiparación que hacen con los lazos violetas contra las mujeres asesinadas a manos de sus parejas para justificar la bondad y la necesidad de ocupar las instituciones ilegítimamente. Con todo, las consecuencias en la agenda política son evidentes y parecen casi calculadas: ERC tendrá la oportunidad de alejarse de Torra si sus consejeros se avienen a acatar la resolución de la Junta Electoral y Sánchez se fingirá muy indignado ante el incumplimiento de quienes no tienen más galones que blandir que haber desafiado al Estado. El riesgo de la polémica es que al final ganen unos y otros cuando la única conclusión es que llevan meses de perfecta connivencia.
