Opinión

La ley y el deseo

Parece existir en España una obligación ineludible de escuchar las más diversas estupideces lanzadas institucional y recurrentemente desde portavocías, secretarías de Estado y ministerios

  • La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, en una imagen de archivo. -

Yolanda Díaz, en su discurso sobre el estado anímico de la nación, defendió “el derecho a ser felices frente a la oscuridad y el odio”. Días después, Rita Maestre y varios compañeros y compañeras de partido cargaban contra la gestación subrogada con un argumento interesante: “la paternidad no es un derecho”. La izquierda alternativa a la anterior izquierda alternativa quiere sumar, y al PSOE le viene bien cambiar la épica cursi de Podemos por la cursilería épica de Díaz para la siguiente legislatura. Aun así, los discursos de Más Azúcar van dejando algunas restas interesantes. Felicidad sí, por supuesto, para todos y en abstracto. Paternidad, bueno; es complicado.

Evidentemente sabemos -y saben- que no puede existir el derecho a la felicidad, pero sí parece existir en España una obligación ineludible de escuchar las más diversas estupideces lanzadas institucional y recurrentemente desde portavocías, secretarías de Estado y ministerios. Es lo que pasa cuando en el discurso público se blanden conceptos abstractos absolutamente desligados de una definición medianamente objetiva. ¿Qué es, en realidad, un derecho? La propia Rita Maestre daba una información útil. No decía en qué consistía, pero sí dejaba claro lo que no era: “Ser madres y padres no es un derecho, es un deseo”.

Una de las funciones esenciales de los gobiernos de izquierdas ha sido la creación de “nuevos derechos” como moneda para garantizarse los apoyos que les permitirían seguir operando como clase dominante"

Extrañan estos destellos negacionistas, reaccionarios, retrógrados, tal vez incluso involucionistas, por usar toda la parafernalia progresista habitual, en una izquierda convertida desde hace tiempo en mera fábrica para la producción en masa de derechos a la carta. Queda muy lejos aquella fase en la que la izquierda materialista impugnaba lo que comúnmente se llamaban derechos como meras expresiones de la voluntad de la clase dominante, aunque en el fondo, y paradójicamente, es exactamente donde nos encontramos. Desde Zapatero, y de manera especialmente intensa en esta legislatura, una de las funciones esenciales de los gobiernos de izquierdas ha sido la creación de “nuevos derechos” como moneda para garantizarse los apoyos que les permitirían seguir operando como clase dominante.

Hay al menos dos concepciones relativas a los derechos humanos. Una de ellas defiende la existencia de derechos naturales, objetivos y universales. Son los que son, son pocos y no están sujetos a la negociación. Su fuerza radica precisamente en el hecho de que se trata de realidades prepolíticas, y la obligación de los legisladores es reconocerlos y ajustar todas las leyes a esos derechos previos. La otra defiende que los derechos no son realidades externas al acuerdo político, sino precisamente su fruto. No es que los políticos deban respetar los derechos pertenecientes a los hombres, sino que los hombres tienen derechos gracias a los políticos. Las implicaciones de esta segunda concepción son evidentes: si los derechos son creaciones políticas, la misma política puede modificarlos, suspenderlos o incluso eliminarlos.   

¿Qué es si no el “derecho de los pueblos a decidir su futuro”, más que el deseo de nuestros nacionalistas autonómicos de romper la soberanía nacional?"

Y para crearlos no hay más requisito que la voluntad y el BOE. La afirmación de Rita Maestre extraña precisamente porque los derechos, privados de cualquier fundamentación trascendente, no pueden ser otra cosa que deseos tocados por la varita mágica del político. ¿Qué es si no el “derecho de los pueblos a decidir su futuro”, más que el deseo de nuestros nacionalistas autonómicos de romper la soberanía nacional? ¿Qué puede ser el “derecho a una pensión digna”, más que el deseo de una clase privilegiada de mantener sus privilegios a pesar de las circunstancias económicas? ¿Qué es el derecho a la autodeterminación de género? ¿Qué es el derecho a la malversación sin ánimo de lucro, al crimen sin consecuencias? ¿Y qué demonios puede ser ese inmaterial derecho a la felicidad defendido en el Congreso frente al odio y las tinieblas? 

Todos esos deseos se han ido transformando en derechos por obra y gracia del espíritu de los tiempos. Ese mismo espíritu, encarnado en Maestre, repetía indignado la semana pasada que la paternidad no es un derecho, sino simplemente un deseo. El problema no es que sea un deseo; el problema es que ese deseo concreto no parte de un colectivo monetizable. El beneficio electoral es el único mecanismo necesario para transformar el deseo en derecho, y el derecho en ley. Por eso, entre otras razones, el derecho material y concreto a ser educado en la lengua común de la nación seguirá siendo inalcanzable para los españoles. Un asunto menor, ahora que ya han garantizado nuestra felicidad.

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