El Instituto de Estudios Económicos (IEE) acaba de publicar su Informe La libertad de empresa en España. Índice de Libertad Económica 2024, elaborado por la Fundación Heritage, y adaptado al español por el IEE, en el que se concluye que “España tiene una posición deficiente en términos de libertad económica en los países
desarrollados”.
Señala el Informe que "contar con un marco legal neutral, imparcial y eficaz, que aplique leyes bien diseñadas, protege los derechos de todos los ciudadanos contra la infracción de la ley por parte de terceros, incluidos gobiernos o grupos de poder".
Ilustra el documento que el Índice de Libertad Económica proporciona evidencia convincente de que las políticas intervencionistas resultan contraproducentes, a pesar de lo cual nuestros gobiernos las implementan con demasiada frecuencia. A menudo, las barreras al crecimiento económico son autoimpuestas, en la medida en que se aplican políticas equivocadas. Por este motivo es fundamental medir la libertad económica de forma rigurosa, puesto que eso hará que un mejor resultado en el ILE refleje un cambio a mejor en las políticas adoptadas, mientras que un peor bagaje tendrá el efecto contrario.
Es evidente que el Informe se refiere a las políticas intervencionistas "regladas", formuladas a través de la legislación. Sin embargo, en mi opinión, hay factores muy relevantes que parecen escaparse de la medición del Índice de Libertad Económica y que situarían al país concernido (en este caso España) en una posición mucho más precaria. Me refiero a la intromisión arbitraria del Gobierno de turno en las decisiones empresariales relevantes, lo que quiebra el principio fundamental de seguridad jurídica.
Podemos citar tres casos importantes en los que se ha producido esta intromisión arbitraria.
Los 'casos Ferrovial' y 'BBVA'
El primero de ellos fue el de Ferrovial, un caso especialmente grave, pues se trata de un ataque virulento -por escrito y de palabra- desde el Gobierno y sus miembros (además de algún alto cargo de organismo regulador), a una empresa como Ferrovial, SA, que decidió iniciar un proceso de fusión transfronteriza intracomunitaria, trasladando s domicilio social a otro estado miembro de la UE (Países Bajos). Intromisión que constituye una infracción del Derecho de la Unión Europea, incluidos los derechos a la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales; consagrados, respectivamente, en los artículos 49, 56 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y una injerencia arbitraria en la libertad de empresa, reconocida por el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
El caso más reciente es el de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por el BBVA sobre el Banco de Sabadell. Como señaló Juan T. Delgado en este diario, "la oferta de BBVA puede gustar más o menos a los accionistas de Sabadell, y disgustar en mayor o menor medida al Gobierno y los supervisores por su carácter hostil. Pero la OPA impulsada por Carlos Torres cumple con todos los requisitos legales y será sometida a un proceso exhaustivo de revisión. Como cualquier concentración empresarial. A partir de esta realidad puede concluirse que el veto promovido por Moncloa tiene carácter exclusivamente político".
En efecto, ya antes de formalizarse la OPA, hemos asistido a un deplorable espectáculo gubernamental, toda una injerencia arbitraria sin base legal alguna en la que, actuando de forma prematura y sin ajustarse a los procedimientos legalmente establecidos, lo que vulnera también el principio de seguridad jurídica, la libre circulación de capitales y la libertad de empresa, hemos escuchado como altos miembros del Gobierno vetaban por anticipado la misma.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró que ya había expresado su opinión contraria a la operación al BBVA, pero también al resto de actores implicados en la misma, incluyendo, los supervisores. Incluso, el ministro ha llegado a abordar a la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo, Claudia Buch, para explicarle los argumentos del Ejecutivo español contra la OPA: "Le he comentado esas preocupaciones que ya había adelantado con respecto al impacto en términos de concentración y, por tanto, el posible efecto lesivo en términos de competencia que podría tener esta operación".
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció también que "el Gobierno no va a autorizar" la opa del BBVA sobre Sabadell. Todo ello, sin que se hayan pronunciado en estos momentos organismos reguladores con competencia en la materia. Entre otros, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y Banco Central Europeo.
Otra injerencia pública inadmisible es la protagonizada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la operadora ferroviaria francesa Ouigo, en la que el ministro, quejándose de los bajos precios ofertados por la compañía, le remitió el siguiente recado, a través de la red social X: "Lo tendré muy en cuenta en la próxima reunión en la que me pidáis que os rebajemos el canon que abonáis a ADIF. Está claro, por la respuesta, que podéis pagarlo". Advertencia que repitió en varias ocasiones, amenazando, además, con presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Sin embargo, la CNMC ha señalado reciente y oficialmente que es normal que Ouigo e Iryo pierdan dinero y que la liberalización ferroviaria ha disparado los ingresos de Adif por cánones más de un 50% y que se ha atraído al tren en dos años y medios a un número de pasajeros que Renfe tardó diez años en lograr durante el monopolio.
Isaac Ibáñez es abogado.
