Hace sólo un año, a finales de marzo de 2022, Emmanuel Macron se encontraba en plena campaña electoral para la primera vuelta de las presidenciales. No lo tenía tan fácil como en 2017 porque cinco años de Gobierno le habían desgastado. En la primera vuelta consiguió imponerse al resto de candidatos con un 27% de los votos, algo más que en las elecciones anteriores. Para la segunda vuelta no consiguió reunir tantos apoyos. Marine Le Pen aglutinó a todas las fuerzas antimacronistas y se situó por encima del 40% de los votos quedando sólo a 17 puntos del ganador, 16 menos que en 2017. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda le acusaban de gobernar como un déspota ilustrado, de ignorar a la Asamblea Nacional y de no consensuar nada.

En parte era cierto, cuando Macron se presentó a las presidenciales de 2017 lo hizo a solas con un partido recién creado (La República en Marcha) hecho de retales de otros partidos. Todo orbitaba en torno a su figura, la de un presidente joven y capaz dispuesto a regenerar Francia y poner al país de nuevo sobre los raíles del crecimiento económico y la competitividad. Eso tuvo un coste político porque las reformas por muy necesarias que sean siempre encuentran oposición. Durante su primer mandato tuvo que padecer la rebelión de los chalecos amarillos que, desde finales de 2018, organizaron manifestaciones por todo el país por la subida del coste de la vida y los nuevos impuestos medioambientales. Para colmo de desgracias, en la recta final de su mandato se presentó la pandemia, que ha terminado siendo un cementerio para presidentes y primeros ministros de todo el mundo.

Al arrancar la campaña electoral hace un año Macron no se resignaba a eso. Quería seguir en el Elíseo otros cinco años porque buena parte de las reformas que había prometido estaban aún por hacer. Prometió, y en eso insistió mucho durante la campaña, crear consensos, algo que se tornó en inevitable cuando tras las elecciones legislativas del mes de junio su partido perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. No disponer del rodillo parlamentario le ponía las cosas mucho más difíciles para ciertas reformas como la de las pensiones que había prometido aprobar nada más ser reelegido. Menos de un año después sin apoyo en la Asamblea, pero empujado por sus propias promesas y por las exigencias de Bruselas, ha tenido que sacarla adelante por decreto.

Los alborotadores no se contuvieron, la emprendieron contra el mobiliario urbano, incendiaron vehículos para emplearlos como barricadas y bloquearon carreteras

El resultado ha sido la mayor crisis política de sus seis años de Gobierno. La calle está en llamas desde principios de año. Las manifestaciones se han sucedido por todo el país para romper finalmente en la capital, donde se han producido violentos choques entre la policía y los manifestantes. Los alborotadores no se contuvieron, la emprendieron contra el mobiliario urbano, incendiaron vehículos para emplearlos como barricadas y bloquearon carreteras. Algo en cierta medida similar a lo que ocurrió en el momento álgido de los chalecos amarillos, pero esta vez no sólo tenía la calle en contra, también a la Asamblea Nacional, donde su partido es minoritario y se ha terminado formando un poderoso bloque anti Macron.

Hoy la política francesa se inscribe en esos dos ejes. El macronismo por un lado en torno al cual gira el centro y la izquierda y la derecha moderada y, frente a él, los partidos de extrema izquierda y extrema derecha (la Francia Insumisa de Jean-Luc Melénchon y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen), ambos fortalecidos tras las elecciones del año pasado. Macron, en definitiva, está poniendo a prueba las costuras de un sistema político que viene directamente del gaullismo. Fue de Gaulle quien creo la V República en 1958 y quien se encargó de dotar de más poderes a la presidencia. Entre esos poderes está el de puentear a la Asamblea en ciertas circunstancias. Algo que todos los presidentes hasta la fecha han evitado a propósito, incluso en periodos de cohabitación, término que se acuñó en Francia para cuando el jefe de Estado y el de Gobierno pertenecen a diferentes partidos.

Hay un total de doce formaciones políticas con representación en la cámara, muchas de ellas creadas en los últimos años con los restos del naufragio del sistema de partidos anterior

El sistema funcionaba porque los partidos eran sólidos, los gaullistas se situaban a la derecha y los socialistas a la izquierda dejando algo de espacio en sus extremos para los nacionalistas de Le Pen y los comunistas. Todo eso saltó por los aires en 2017 y no se ha reconstruido, al contrario, hoy la Asamblea Nacional es una sopa de letras. Hay un total de doce formaciones políticas con representación en la cámara, muchas de ellas creadas en los últimos años con los restos del naufragio del sistema de partidos anterior.

De modo que, si Charles de Gaulle fue quien creo el sistema, es Emmanuel Macron quien está gestionando su descomposición, pero valiéndose de las prerrogativas que la V República da al presidente. Ha hecho una ambiciosa reforma laboral facilitando la contratación y el despido, ha derogado el impuesto sobre la riqueza y ahora se ha metido con la reforma de las pensiones, que en Francia son especialmente generosas y se puede acceder a ellas desde los 62 años, antes incluso para ciertas profesiones como la de los ferroviarios y los empleados del Metro de París, que pueden jubilarse con tan sólo 55 años.

Todas esas reformas han ido dirigidas a devolver la competitividad a la economía francesa, que permanece estancada desde hace muchos años a causa de unos impuestos muy elevados y una regulación draconiana que complica la inversión. Algo así ya lo se había propuesto Nicolas Sarkozy hace años, pero se dio de bruces con los sindicatos. Macron aseguró en 2017 que con él iba a ser distinto, que estaba determinado a meter a Francia en el siglo XXI. Insistía en que, a diferencia de Sarkozy, él no era un hombre de partido, que venía de la banca de inversión (de la banca Rothschild concretamente) y que ya era millonario así que no estaba ahí por dinero. De hecho, la primera vez que se presentó a unas elecciones fue de las que salió elegido presidente, antes de eso había sido ministro de Economía con Manuel Valls y antes asesor económico de François Hollande.

En enero propuso elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030. Los sindicatos no tardaron en movilizarse y convocar huelgas y manifestaciones, lo previsible, pero la cosa se fue complicando por días

Un candidato un tanto atípico que no tardó en verse metido en problemas con la calle. Año y medio después de llegar al poder se las vio con los chalecos amarillos que pusieron París patas arriba. Luego se presentó la pandemia y un rosario de medidas de excepción que fueron desgastándole. El año pasado no estaba del todo claro que fuese a revalidar el cargo, pero la oposición no tenía a nadie que le hiciese sombra. Una vez reelegido quedaban las pensiones, algo que había aplazado por culpa de la pandemia. En enero propuso elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030. Los sindicatos no tardaron en movilizarse y convocar huelgas y manifestaciones, lo previsible, pero la cosa se fue complicando por días. Los ferrocarriles y la recogida de basuras se declararon en huelga paralizando el país y dejando la basura sin recoger durante días. Macron no se inmutó. Su gobierno llevó el proyecto de ley de pensiones a la Asamblea Nacional, convencido de que lo aprobarían. Se equivocaba, perdida la mayoría absoluta de la que gozó durante el primer mandato, le informaron de que no iba a ser así. Decidió entonces recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, una cláusula polémica que permite al Gobierno aprobar una ley orgánica por decreto y sin el concurso de la Asamblea.

En ese punto todo enloqueció, la oposición anunció una moción de censura y las redes sociales se llenaron de referencias a Luis XVI, el monarca al que los jacobinos guillotinaron en 1793. Repetían que era un artículo excepcional al que no se debía recurrir, pero lo cierto es que todos los Gobiernos de la V República han hecho uso de él si lo requerían desde 1958. En más de un centenar de ocasiones el Gobierno ha recurrido al 49.3 sin ocasionar escándalo alguno, empezando por el propio de Gaulle que recurrió a él para lanzar el programa nuclear francés en 1960.

La moción se presentó y se sometió a votación. Era un arma de doble filo. Si triunfaba Macron se podía despedir del cargo, pero si fracasaba equivaldría a un apoyo indirecto a su reforma de las pensiones. Ha fracasado por un margen muy estrecho de sólo nueve votos. La oposición necesitaba 287 votos y sólo obtuvo 278. Por si acaso, por si perdía, el viernes pasado insinuó que estaba dispuesto a disolver la cámara y convocar elecciones, pero no le hará falta.

Macron podría habérselo dejado en herencia al siguiente, pero ha preferido arriesgarse él. Trató de consensuarlo con la oposición y los sindicatos

Aunque muy impopular, la reforma de pensiones de Macron es necesaria. El país gasta el 14% del PIB en pensiones, casi el doble del promedio de la OCDE (en España es de casi el 12%). En 2004 había 13 millones de pensionistas en Francia. Gracias a una mayor esperanza de vida y a la jubilación de la generación de posguerra, en 2020 esta cifra había aumentado a 17 millones. El problema estaba ahí. Macron podría habérselo dejado en herencia al siguiente, pero ha preferido arriesgarse él. Trató de consensuarlo con la oposición y los sindicatos, se elaboraron varios borradores con enmiendas provenientes de todos los partidos, especialmente de los republicanos, que se dieron por satisfechos.

Pero en Francia la calle tiene una importancia capital, debido a la mística revolucionaria, lo de manifestarse forma parte de las tradiciones políticas nacionales. Macron ha ganado, pero lo ha hecho por los pelos. Le va a costar mucho, si es que lo consigue, quitarse de encima la imagen de líder autoritario y antirrepublicano después de este episodio. Su índice de popularidad ha caído al 28% desde el 41% que tenía hace menos de un año poco después de las elecciones. Eso tendrá consecuencias y le condicionará para el resto del mandato que concluirá, si nada grave se interpone, a mediados de 2027.

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