El jueves de la semana pasada se hizo entrega al Ministerio de Hacienda del esperado Informe de Reforma Fiscal que realizaron, durante casi un año, un total de 19 expertos. Pronto, los 19 expertos pasaron a ser 18 y luego 17, ya que dos de sus miembros renunciaron a continuar anticipadamente por el dirigismo que se respiraba en el grupo de trabajo. Deriva, dicho sea de paso, que no debería haber sorprendido a nadie dada la composición del “Comité de Personas Expertas”. No por las querencias políticas de la mayoría de sus miembros sino porque, por primera vez en la historia de las comisiones de expertos, el propio Ministerio estaba representado políticamente dentro del Comité.
Por inaudito que parezca, un Director General del Ministerio formaba parte del Comité y además lo hacía asumiendo responsabilidades de secretario. Es decir, actuando como ministro de fe pública de lo que allí aconteciese. Circunstancia a todas luces no solo antiestética sino también poco ética y que inevitablemente generó, desde el principio, pocas dudas sobre la naturaleza de las recomendaciones que saldrían de dicho Comité. Resultado final: el esperado. ¡Mission accomplished!
La lectura del informe sugiere que el documento se trata más de una amalgama de capítulos separados que de un documento surgido de una discusión conjunta debidamente estructurada. El tono, las contradicciones detectadas, la asimetría en la aproximación y la profundidad diferencial de las distintas partes del Informe así lo sugieren. Basta comparar este Informe con otros informes recientes, también multitudinarios sobre materias equivalentes.
Un excelente ejemplo lo constituye el Informe de 2017 sobre el modelo de financiación autonómica, que también congregó un número elevado de expertos (21), pero cuyo resultado final fue un documento bien estructurado, bien articulado y con propuestas claras. Todo ello en 96 páginas. Eso sí, a diferencia del informe que nos ocupa, ratificado unánimemente por todos sus miembros, aquel generó votos particulares que matizaban sus conclusiones, algo natural y esperable en un debate entre expertos. Lo sorprendente es la unanimidad inquebrantable del informe entregado el pasado jueves. Más de lo mismo: sospechoso.
La lectura del informe sugiere que el documento se trata más de una amalgama de capítulos separados que de un documento surgido de una discusión conjunta debidamente estructurada
El título del informe, “Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria”, invita a pensar en un análisis ponderado del sistema tributario español en su conjunto. Sin embargo, sorprende que al IRPF e IVA, responsables del 85% de la recaudación total del sistema, se le dedique únicamente el 7% de informe mientras que a la imposición patrimonial, que sólo recauda algo más del 3%, absorba 15% del documento. Esta desproporción no tiene ningún sentido lógico y la sospecha de responder a directrices del gobierno es inevitable. Sospecha que se agranda cuando se defiende una armonización de los impuestos patrimoniales entre CCAA, pero ni siquiera se cita la mayor asimetría que en este aspecto existe en nuestro país: los regímenes forales del País Vasco y Navarra.
Por último, en muchas de las prescripciones que se plantean en el Informe obvian que los contribuyentes son agentes que adaptan su comportamiento. También se eluden los costes de administración y cumplimiento de muchas de sus propuestas. ¿Cuál es el impacto esperado sobre el crecimiento? Si los contribuyentes responden a los cambios impositivos planteados ¿Cómo se alterará la distribución de la renta y la riqueza personal y territorial? ¿Serán viables los costes de administración y cumplimiento generados por la gran cantidad de compensaciones económicas que proponen para corregir el impacto distributivo de sus propias medidas? O pasará como con el Ingreso Mínimo Vital, que por incapacidad administrativa ha sido un fracaso. En definitiva, mucho ruido y pocas nueces.
José Félix Sanz es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid
