Tengo dudas de cuando se empezó a estropear la Fiscalía y cuando se hizo más pesada la influencia política en la cuestión de los nombramientos, que es vital en una carrera jerarquizada. No sé si fue cuando en el año 2003 el Gobierno de Aznar cambió el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal poniendo un plazo al mandato de los fiscales jefes –que hasta entonces permanecían en condiciones de inamovilidad- y aprovechó el momento para cargarse al Fiscal Jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo; o si la cosa venía de antes, tal vez del año 1985 cuando el Fiscal General Moscoso aprovechó la creación de los Tribunales Superiores de Justicia para cambiar al entonces Fiscal de la Audiencia Territorial de Albacete. Pero lo cierto es que la promoción profesional hacia la jerarquía en la Fiscalía se ha convertido en una cuestión muy compleja en la influyen factores políticos, ideológicos, asociativos o de amistad mucho más que los de mérito y capacidad que deben imperar en nuestro Estatuto. No es una afirmación subjetiva. El art. 13 del EOMF dice:
“En la Inspección Fiscal se creará una Sección Permanente de Valoración, a los efectos de centralizar toda la información sobre méritos y capacidad de los Fiscales, con la finalidad de apoyar al Consejo Fiscal a la hora de informar las diferentes propuestas de nombramientos discrecionales en la Carrera Fiscal.”
Esa Sección Permanente de Valoración no ha valorado nunca a un candidato a ninguna plaza, ni ha funcionado nunca, ni ha apoyado jamás al Consejo Fiscal a la hora de informar sobre nombramientos. Jamás se ha motivado un nombramiento y son escasísimas las ocasiones –décadas atrás- en que ha prosperado un recurso contra un nombramiento acordado por el Gobierno a propuesta del Fiscal General del Estado. Porque hay que decir que al final quien nombra es el Gobierno que puede devolver un nombramiento si no está de acuerdo con él. Y lo han hecho alguna vez.
En el caso de los últimos nombramientos es evidente que la no renovación de ciertos Fiscales Jefes pertenecientes a la UPF (han sido renovados o elegidos otros varios fiscales jefes de esa asociación, pero menos significados) llama mucho la atención. Con las peculiaridades de cada uno de ellos no se puede decir en general que su nivel o su trabajo fuera mediocre y en algún caso, su trabajo personalmente me parecía admirable, teniendo en cuenta que en algunos casos tenían a su cargo casos importantes de corrupción precisamente del partido del Gobierno. Pero esta “limpia”, permítaseme decirlo así, tiene que ser relacionada con aquellos años en los que esos fiscales fueron nombrados con idénticos parámetros por los que ahora dejan sus puestos: por razones ideológicas (recordarán el “reequilibrio ideológico” que enfurecía a los fiscales conservadores hoy más beneficiados), de afinidad política, asociativa o en algún caso por razones de amistad. Yo no puedo justificar –al contrario, creo que son un cáncer para la credibilidad de la Fiscalía y para la asunción de un papel más relevante en un futuro proceso penal- estos procedimientos de nombramientos y ceses bajo sospecha. Pero si se mira bien, es como si solo fueran los conservadores y progresistas militantes los fiscales a considerar en cuestión de promoción y que a la sombra de los Gobiernos de turno y de los respectivos Fiscales Generales, fueran los únicos que tienen derecho a tener una Carrera profesional exitosa, y los únicos con derecho a que se reconozcan las posibles arbitrariedades que alternativamente sufren unos y otros. La jerarquía vertebra a la Institución y por ello adquiere especial relevancia la objetividad en los méritos y la falta de sospecha en los nombramientos: una jerarquía politizada contamina a toda la Fiscalía. Si fuera indiferente al poder político que un fiscal fuera ideológicamente de un signo o de otro, ese factor no contaría para la elección, ni contaría más adelante para el cese. En mi opinión es claro que no es indiferente al Gobierno que sea quien es el Fiscal Jefe Anticorrupción o quien es el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional o los Fiscales Jefes de ciertas Comunidades Autónomas o capitales. El problema es los que los Gobiernos tienen donde elegir por afinidades, lo que determina que puedan descartar a los no afines. Todo esto creo que es muy triste.
Va llegando la hora quizá de empezar a olvidar agravios de unos contra otros: estas cosas crean un enorme malestar en la Fiscalía, y debemos empezar entre todos a cambiar el sistema. En esa tarea quienes queremos cambiar esto necesitamos ayuda porque hoy los conservadores –beneficiados hasta el punto de que su mismo Portavoz ha sido elegido el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, quizá el puesto de mayor importancia operativa en la Fiscalía-, tienen menos necesidad de cambiar nada, y quizá en unos años sean otros los que no lo quieran. Pero ahora es la Institución la que sufre. Hay que cambiar el régimen electoral del Consejo Fiscal para abrirlo a toda la Carrera y no solo a dos grupos; hay que exigir que se baremen los méritos de cada cual, con lo cual quizá quienes aspiren a hacer carrera se decidan a aumentar su producción científica en lugar de alimentar relaciones personales o políticas; y hay que empezar a dar transparencia al procedimiento de elección y a explicar las razones por las cuales un fiscal es elegido frente a otro, lo que dará lugar a que en su caso los Tribunales se pronuncien sobre la idoneidad del nombramiento. Solo entonces habremos empezado el proceso de despolitización de la jerarquía de la Fiscalía (las bases, como las describió el Ministro de Justicia el otro día, son ajenas y hasta hostiles a todos estos tejemanejes). Y solo entonces, cuando el Gobierno pierda influencia en la conformación de la jerarquía de la Fiscalía, podremos empezar a abordar cuestiones como la regulación de las relaciones entre el Fiscal General y el Gobierno, que nunca pueden ser de subordinación o de dependencia, siquiera de agradecimiento, del primero hacia el segundo, del modo de elegir al Fiscal General y del control parlamentario de éste. Y en unos años, si empezamos ya, quizá podamos reconocer a una Fiscalía de la que nadie pueda sospechar porque se guía en su actuación –en todo caso- únicamente por la ley y por las pruebas.
* Salvador Viada Bardají es fiscal del Tribunal Supremo.
