España celebró elecciones generales el pasado 28 de abril y, más de un mes después, seguimos sin nuevo Gobierno y, lo que es peor, sin que se atisbe que lo vaya a haber en un futuro próximo. Y no ha sido por falta de acuerdo de los diferentes actores, sino por una deliberada decisión de retrasar los plazos. Nuestros dirigentes están encantados con ello, pero semejante actitud vuelve a poner de manifiesto la tradicional indolencia de la clase política española... siempre tendente a la procrastinación en lugar de a afrontar los problemas.
El primer retraso intencionado se produjo cuando se decidió que la sesión constitutiva de las nuevas Cortes fuera el 21 de mayo, es decir, casi al límite del plazo previsto por la Constitución, que exige que la legislatura comience dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones.
A continuación, todo lo que hemos visto ha ido en la misma dirección: dilatar los plazos. La nueva presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, fue a ver al Rey el 22 de mayo... pero desde entonces estamos esperando a que se organice la tradicional ronda de consultas que Felipe VI debe hacer antes de proponer un candidato a la presidencia del Gobierno.
Finalmente, parece que será esta semana cuando veamos desfilar por La Zarzuela a los diferentes representantes políticos, pero nada garantiza que pueda haber una propuesta formal del Rey al final de las consultas porque el vencedor de las elecciones, Pedro Sánchez, ni siquiera ha comenzado a hablar con los grupos parlamentarios para intentar recabar sus apoyos. De hecho, el Gobierno habla sin ningún rubor de que la sesión de investidura será "la primera o la segunda semana de julio", según indicó el pasado viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá.
Como es obvio, todo esto obedece al intento de Sánchez de dejar la negociación del Gobierno central para después de que se hayan constituido los ayuntamientos (15 de junio) y los parlamentos regionales, los primeros de los cuales echarán a andar el día 11.
Intereses particulares
¿Es todo esto razonable? Desde el punto de vista partidista, seguramente sí, pero demuestra una vez más que nuestro políticos no piensan en los intereses generales sino en los suyos particulares. Llevamos con un gobierno en funciones desde el 5 de marzo y a nadie le preocupa que estemos así, como mínimo, hasta comienzos de julio: ¡cuatro meses!
Y este impasse podría prolongarse aún más porque fuentes gubernamentales barajan la opción de que se celebre una primera sesión de investidura, a comienzos de julio, y que tras las dos votaciones pertinentes Sánchez no logre conseguir la mayoría necesaria. Ello serviría para poner en marcha la cuenta atrás hacia unas nuevas elecciones, es decir, que comiencen los dos meses necesarios para que se puedan convocar... y así presionar tanto a Podemos como a Ciudadanos, con el objetivo de que flexibilicen sus posiciones con vistas a una nueva sesión de investidura, que ya sí sería exitosa. Si esta teoría acaba confirmándose, podríamos estar sin Gobierno incluso hasta el mes de septiembre.
Quizás todo ese tiempo sea necesario para que unos y otros acaben olvidando los absurdos vetos que se han impuesto durante la campaña y logren los pactos que permitan dotar al país de cierta estabilidad. Si así fuera, habría merecido la pena esperar, pero ahora mismo no parece que ello vaya a suceder.
España lleva parada desde 2015, inmersa en una parálisis política que impide hincarle el diente a problemas cuya solución no se puede dilatar mucho más tiempo. De hecho, el Banco de España y múltiples indicadores nos están alertando de que una nueva crisis económica está en ciernes... y aquí seguimos como la orquesta del Titanic, como si nada fuera con nosotros.
Cuestiones pendientes
Por tanto, sería deseable que cuanto antes se creara el clima de consenso necesario, sobre todo entre los tres principales partidos (PSOE, PP y Ciudadanos), para afrontar cuestiones como la reforma del sistema de pensiones, la nueva financiación autonómica... por no hablar del sistema educativo, auténtico origen de muchos de nuestros males.
Dure lo que dure esta legislatura, nuestros líderes políticos deberían aparcar las tentaciones egoístas e intentar aprovechar el tiempo para hacer que el país avance. Una vez celebradas las elecciones, los ciudadanos han puesto a cada uno en su lugar y ahora todos deberían ganarse el sueldo. Pero el sueldo no se gana poniendo palos en las ruedas y apostando por el "cuanto peor, mejor". Ganarse el sueldo en el Congreso de los Diputados significa remangarse y fraguar acuerdos, olvidando las posiciones maximalistas y buscando el interés general.
En el Reino Unido tardan menos de una semana en encargar Gobierno y constituir el Parlamento. Aquí seguimos sin vislumbrar el futuro un mes después de las elecciones generales
Y, ya puestos, convendría que los partidos se pusieran también manos a la obra para hacer durante esta legislatura esas reformas menos vistosas pero no menos necesarias y que nunca realizan, como, por ejemplo, la que afecta a recortar los plazos de la formación de un Gobierno tras unas elecciones, que podrían estar justificados en el año 1978, pero no en pleno siglo XXI. La última vez que se celebraron comicios generales en el Reino Unido, por ejemplo, la reina Isabel II encargó a Theresa May la formación del Ejecutivo al día siguiente y la Cámara de los Comunes quedó constituida cuatro días después. ¿No podemos aspirar a algo parecido en España?
También se podrían abordar algunos cambios en la ley electoral para acabar con el anacrónico veto a la publicación de encuestas durante la última semana antes de los comicios o legislar de una vez cómo han de ser y quién debe participar en los debates emitidos por televisión.
Y, por qué no, sería maravilloso que, en vez de quejarse tanto cada cuatro años, nuestros representantes políticos afrontaran el cambio pertinente para que todo aquel que quiera ser diputado tenga que prometer o jurar su cargo de una manera clara e inequívoca, con respeto a la Constitución española, y acabar así con los lamentables espectáculos que algunos ofrecen en las Cortes en su primer día de trabajo.
¿Es mucho pedir todo esto? No lo creo, simplemente se trata de que nuestros diputados y senadores se ganen el sueldo, que ya va siendo hora.
