Cuesta creer que a estas alturas en España alguien tenga que armarse de valor para ir a un mitin político. Para entrar en el salón de actos de una universidad. Para instalar una mesa informativa. Para transitar con la bandera nacional por según qué barrios. Y sin embargo, muchos ciudadanos normales y corrientes, por no hablar de candidatos, tienen que echar mano del arrojo para participar en esta campaña electoral.
El jueves pasado, un debate convocado en la Universidad Autónoma de Barcelona por S’Ha Acabat, una valerosa asociación juvenil constitucionalista, estuvo a punto de convertirse en batalla campal. Cayetana Álvarez de Toledo, Maite Pagazaurtundua, Alejandro Fernández, Manuel Valls y otros asistentes y participantes tuvieron que enfrentarse a un grupo de 200 energúmenos (autodenominados “estudiantes”) dispuestos a boicotear el acto, que llevaba por título “Ante los nacionalismos y populismos, ¡Europa!”.
Las imágenes han circulado profusamente y tienen un enorme valor pedagógico. Los radicales, apostados en la llamada Plaza Cívica (vaya sarcasmo), cortan el paso al auditorio. Los asistentes se niegan a batirse en retirada y, como Jerjes en las Termópilas, pero a pelo, se abren camino entre empujones, golpes, insultos. “Los demócratas entramos por la puerta principal”, era la máxima acuñada por Álvarez de Toledo. Culminada la gesta, ya en el salón de actos, euforia y gritos de libertad. España, 2019.
Lo tremendo es asumir con naturalidad que la valentía es requisito indispensable para ejercer las libertades fundamentales, y no solo en Cataluña
“Hemos entrado porque no les tenemos ningún miedo. Ni a ustedes ni a nadie. S’ha acabat”, espetaría después en el Parlamento catalán Alejandro Fernández a los borrokeros de la CUP. En efecto, los demócratas dieron el viernes en la UAB una lección de valentía.
Pero eso es lo tremendo. Hablar de valentía como requisito para ejercer las libertades fundamentales. Y no solo en Cataluña, ese lugar que los secesionistas se han empeñado en convertir en distopía y donde la coerción tiene el apoyo institucional.
El caso de Vox es paradigmático. Desde que apareció en el escenario político se ha convertido en diana de continuos ataques. Escraches, agresiones y boicoteos en Madrid, Burgos, Zaragoza, Murcia, Soria, Barcelona o Pontevedra (donde el coordinador del partido fue golpeado, mientras repartía folletos, por el mismo sujeto que pegó a Rajoy en 2015). El viernes, en Segovia, Rocío Monasterio sufría el acoso de una cincuentena de jóvenes iracundos.
Siempre son los mismos: los cachorros de Pablo Iglesias, que se han tomado en serio la “alerta antifascista” que el líder decretó tras la irrupción de Vox en Andalucía. Cómo les gusta a los totalitarios llenarse la boca con palabros. Con esa expresión majadera pretendía equiparar a una derecha conservadora y cabreada con peligrosos neonazis.
No hay en el programa de Vox proclamas xenófobas ni llamamientos a la violencia. No cuestionan la democracia representativa ni la monarquía ni el régimen constitucional, como sí hacen en cambio Podemos o los independentistas catalanes y vascos. Otra cosa es que el alarde de bizarría, marcialidad y gomina de sus dirigentes facilite la parodia. Pero satanizar a Vox es condenar a la hoguera a millones de ciudadanos, a tenor de las encuestas. Gente normal, que no lleva bigotito de mosca debajo de la nariz. Entre ellos, por cierto, simpatizantes de Podemos (que en Andalucía supusieron el 15% de los votos de Vox).
Cuando Arnaldo Otegi llama ‘fascistas’ a PP, Ciudadanos y Vox y propone ‘amargarles la noche electoral’, no puede evitarse un escalofrío
Pablo Iglesias no está en condiciones de dar lecciones de ejemplaridad. Dejando de lado el capítulo venezolano, le hemos visto dirigiendo un escrache contra Rosa Díez, jactándose de haber dado un puñetazo a un “lumpen”, abogando por la guillotina, purgando a los cuadros de su partido o alardeando de macho alfa.
Tampoco lo está Pedro Sánchez, seguidor del frentismo resucitado por Zapatero y sus ensoñaciones guerracivilistas. Sánchez se ha aprestado a condenar a “la ultraderecha” y, de paso, a la derecha y al centro. Al “trifachito”. Expresión que, mira tú por dónde, ha adoptado Arnaldo Otegi, ese demócrata de toda la vida. Él, madre mía, hablando de “defender los valores”. Él, llamando “fascistas” a PP, Ciudadanos y Vox. Cuando propone “amargarles la noche electoral” no puede evitarse un escalofrío.
El año pasado nos desayunamos con la agresión a los guardias civiles en Alsasua. Y con el antisistema psicópata que asesinó en Zaragoza a un hombre que llevaba tirantes con la bandera de España. Fueron casos aislados, particularmente brutales. Pero el clima de intolerancia se agrava.
Que la izquierda radical saque a pasear el fantasma del fascismo no es un simple ejercicio de frivolidad. Es una excusa para intimidar y ganar terreno. Las universidades son desde hace tiempo coto de sus jaurías, con la pasividad de rectores asustadizos. Ahora también quieren marcar los espacios públicos. La táctica les está funcionando. La prueba son esos mítines protegidos por cordones policiales y ese ciudadano que tiene que hacer acopio de coraje para ejercer sus derechos cívicos.
