Opinión

¿Ante la legislatura buena de Mariano Rajoy?

Si Rajoy alentara la esperanza de una legislatura más o menos larga debería plantearse una remodelación radical de su Gobierno.

Cuenta gente bien informada dentro de Génova que Mariano Rajoy acabó imponiendo su tesis sobre la necesidad de formar Gobierno y eludir la celebración de terceras generales con un argumento de peso que consiguió acallar el murmullo de los halcones que en el PP se manifestaban, lo siguen haciendo, partidarios de aprovechar la extrema debilidad del PSOE para acudir a votar de nuevo en diciembre con la esperanza de acercarse a la mayoría absoluta: “prefiero formar un Gobierno en minoría y lidiar con el PSOE, incluso radicalizado, en la oposición, que contar con mayoría absoluta y tener que hacer frente en el Congreso a los destrozos de Podemos como primer partido de la oposición”. Una reflexión cuando menos juiciosa, que choca frontalmente con las evidencias que apuntan a la participación activa del PP en la creación, desde la plataforma de ciertas televisiones de estricta obediencia sorayista, de esa criatura llamada Podemos que tanto asusta ahora a las buenas gentes de ley y orden. El monstruo ha adquirido ya tanta fuerza, que al PP no le queda otra que convivir esforzadamente con él en las Cortes y en la calle.

A resultas de lo que hoy ocurra en ese Comité Federal socialista que tan enjundiosas páginas ha dejado escritas en los últimos tiempos para solaz del periodismo, parece que Mariano Rajoy Brey será por fin investido presidente del Gobierno a fin de mes, es decir, dentro de una semana, para abordar a continuación la aventura de intentar gobernar con 137 diputados frente a un parlamento mayoritariamente en contra. Esa cercanía explica que en los medios hayan empezado a proliferar como setas en otoño las especulaciones sobre la formación del nuevo Ejecutivo, feria de nombres sin más valor que el puro rumor, puesto que lo que pasa por la mente de Mariano no lo conoce ni el propio Rajoy. La lógica indica que si el gallego estuviera convencido de que ésta va a ser una legislatura breve, su futuro equipo se parecería como dos gotas de agua al que le ha acompañado hasta aquí, con las incorporaciones obligadas por los descartes producidos. Si, por el contrario, alentara la esperanza de una legislatura más o menos larga, idea favorecida por la situación de un PSOE que necesita tiempo para lamer heridas y recomponer figura, tiempo que también vendría bien a Ciudadanos, el gallego debería plantearse una remodelación radical de su Gobierno donde lo importante no fueran tanto los nombres como los hombres, la calidad de los mimbres, su capacitación técnica, su experiencia en la dirección de equipos y en la gestión de una cuenta de resultados siquiera testimonial, su capacidad negociadora y, desde luego, su probada honestidad.

Las especulaciones sobre el nuevo Ejecutivo son una feria de nombres sin valor puesto que lo que pasa por la mente de Mariano no lo conoce ni el propio Rajoy

No es ningún secreto afirmar a estas alturas que el Ejecutivo con el que el líder popular ha transitado desde que en diciembre de 2011 asumiera la Presidencia ha sido, con las excepciones de rigor, mediocre tirando a malo, manifiestamente mejorable en cualquier caso. Los resultados a la vista están. Fracaso a la hora de abordar una crisis política –cuestión catalana incluida- que sigue teniendo al país paralizado y a la que Rajoy ni siquiera se acercó, y fiasco, más doloroso aún por cuanto se suponía que era el punto fuerte de una derecha acostumbrada a gestionar, en lo económico. El último destello de esa incapacidad lo hemos visto esta semana, con ocasión de la convalidación, Pleno del Congreso del jueves, del Real Decreto Ley (RDL) sobre aumento del tipo mínimo del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades, para, por esta vía de urgencia, casi de extrema unción, poder cumplir con los nuevos compromisos de déficit (4,6% del PIB) pactados con Bruselas para el año en curso, y evitar una multa de la Comisión del orden de 6.000 millones. El RDL fue aprobado con los votos de PSOE, C’s y PNV, quienes reprocharon al PP haber tenido que recurrir a medida tan desesperada como consecuencia del fiasco que ha supuesto la reforma del Impuesto de Sociedades realizada por Cristóbal Montoro en 2015, vísperas electorales, que significó bajada de tipos y supresión del mínimo obligatorio a abonar en cada pago fraccionado (el 12% del resultado contable de las empresas con facturación superior a los 20 millones año). Ambas decisiones se han traducido en que la cifra total que Hacienda espera ingresar por el impuesto este año apenas alcance los 12.000 millones, menos de la mitad de los 24.868 presupuestos en los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Un agujero de grandes dimensiones.

De modo que el Gobierno en funciones ha terminado echando manos de las empresas (incluyendo ahora a las que facturan más de 10 millones), a quienes exige un pago anticipado de 8.200 millones para subsanar un grave error de gestión. Fue Francisco de la Torre (C’s) quien el jueves apuntó al corazón del problema al calificar de “fantasiosas” las estimaciones de ingresos previstas por el Gobierno para este año, tras la comentada reforma del Impuesto de Sociedades que está permitiendo a las grandes “ganar más dinero que nunca y pagar menos que nunca”. Según datos oficiales de la Agencia Tributaria citados por De la Torre, en el primer trimestre de este año las empresas ganaron 74.620 millones, la cifra más elevada de la serie histórica, pero apenas pagaron por el impuesto el 4,7% del total, menos que nunca. El desequilibrio es mayor en la gran empresa: en efecto, los grandes grupos consolidados ganaron en el mismo periodo un 16,5% más y pagaron un 63% menos. Tras haber conseguido arruinar la recaudación del impuesto, al Gobierno no le quedaba más remedio que exigir a las empresas un pago anticipado mayor. Chapuza sobre chapuza.

Obligar a las grandes empresas a pagar lo que deben

Al tratarse de un decreto ley, la medida entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE el pasado 30 de septiembre, por lo que ya se ha aplicado al pago fraccionado de octubre (las sociedades efectúan esos pagos en abril, octubre y diciembre, en lo que supone un adelanto de la liquidación anual del impuesto). ¿El aumento de ese mínimo significa una subida fiscal? En puridad, no es un incremento impositivo, pero su efecto sobre la tesorería de las empresas es evidente. El Gobierno les reclama un dinero por anticipado que deja de estar en la caja de cada una de ellas para pasar a la de Hacienda. Algunas, las más pequeñas, se verán en dificultades. El sector privado adelanta liquidez al sector público. No es, por tanto, una subida fiscal, pero se le parece bastante, sobre todo si tenemos en cuenta que será inevitable recurrir al mismo “truco” en años sucesivos para salvar el listón. “España necesita una gestión más responsable, señor Montoro, y también un impuesto sobre sociedades que recaude una cuantía mínima aceptable, para lo cual es imprescindible obligar a las grandes a pagar lo que deben”, cerró De la Torre. “Y necesita, en fin, seguridad jurídica, lo que implica no hacer los cambios en el último minuto”. Más razón que un santo.

Ninguna organización empresarial, desde luego no la CEOE, ha emitido protesta o simple opinión sobre esta utilización oportunista cuando menos de las empresas, usadas por el Ejecutivo como muletilla para tapar los resultados de su mala gestión. Tampoco han dicho ni “mu” de otro curioso episodio ocurrido este martes en el Congreso: la aprobación en Pleno y por abrumadora mayoría, con la abstención del PP y Foro Asturias, de una iniciativa promovida por Unidos Podemos para igualar en 16 semanas los permisos de maternidad y paternidad en caso de nacimiento, adopción o acogida. Baja intransferible y 100% remunerada. En espera de que la tropa podemita presente pronto una ampliación de la Ley reclamando un embarazo también compartido, a razón de cuatro meses y medio por progenitor, con la operación de transferencia fetal 100% a cargo de la sanidad pública, cosa que seguramente está al caer, parece evidente que nuestra clase política vive de espaldas a la empresa y sus necesidades, situación hasta cierto punto normal en una sociedad como la española entregada a la adoración del Estado Benefactor y enemiga declarada de la iniciativa privada. ¿Quién da trabajo en España? Como antaño decían nuestras abuelas, es posible que también sea la cigüeña la que trae el empleo en el pico. Son las consecuencias de contar con una derecha ideológicamente desarmada, que hace tiempo renunció a defender cualquier idea que suene a liberal, atrapada como está en una crisis de identidad similar a la del PSOE.

Son las consecuencias de contar con una derecha ideológicamente desarmada que hace tiempo renunció a defender cualquier idea que suene a liberal

No dejan de causar asombro, por eso, las declaraciones realizadas esta semana a varios diarios europeos por Alain Juppé, muy probablemente el próximo presidente de la República Francesa. “Mis medidas son radicalmente opuestas a las de Hollande. Él empezó machacando a impuestos a empresas y particulares. Cuando se percató del fracaso, hizo lo contrario de lo que había dicho en campaña. ¿Dijo que haría una reforma laboral? No. De ahí que la opinión pública y los suyos propios digan: nos ha traicionado”

P. ¿Quiere usted una reforma laboral más dura?

R. Habrá que hacerlo. Lo explicaré bien en campaña: propongo un contrato indefinido, asegurado, en el que figurará desde el comienzo las condiciones en caso de ruptura. Si los franceses me eligen, habrán apoyado eso. Ningún sindicato tendrá legitimidad para bloquearlo.

P. ¿Cuáles serían sus primeras medidas como presidente?

R. Bajaré los impuestos en 28.500 millones: 60% para las empresas y 40% para los particulares. El impuesto de sociedades es del 38% y, en Irlanda, del 16% [en España, del 25%]. Propongo bajarlo de inmediato al 30% y, para las pequeñas y medianas empresas, al 24%.

Nadie quiere hablar de recortar el gasto

Más o menos lo que Rajoy hizo con su mayoría absoluta… Asumiendo que una cosa es pregonar en la oposición y otra dar trigo cuando se llega al Gobierno, escuchar a un líder de la derecha europea hablar sin complejos de lo que quiere y está dispuesto a hacer, no puede por menos de sonar a música celestial en el horizonte empobrecido de esta España plagada de políticos cobardes y a menudo también mendaces. Son muchas las incógnitas a las que nos enfrentamos en el inmediato futuro. Que con el PIB creciendo al 3,2% y con el precio del petróleo y los tipos de interés por los suelos, el Gobierno Rajoy no haya sido capaz de reducir el déficit público por debajo del 4,6% actual es dato revelador de que la economía española se enfrenta a un problema estructural de enormes proporciones, al que nadie quiere enfrentarse. Acometer el ajuste pertinente significa recortar gasto o subir impuestos. Juzguen ustedes lo que va a ocurrir. No hay político que se atreva siquiera a hablar de tocar el gasto público. Vivimos en una sociedad muy castigada por el eslogan populista, que es a la vez anticapitalista y antisistema. El viernes y en Bruselas, el gallego imperturbable sacó a relucir lo mejor de su pensamiento teórico y dijo que bueno, que tal vez, que habrá que ver, que quizás… “Gobernar en minoría es una situación que, por difícil, se puede convertir en una gran oportunidad para dejar resueltos algunos de los grandes retos que España debe afrontar en el futuro”. ¡Ahí le tienes, báilale! Y, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en un milagro? ¿Por qué no imaginar que, como ocurriera con la primera legislatura de José María Aznar, esta puede ser la legislatura buena de Mariano Rajoy? Rodeados de desgracias, seamos optimistas por una vez. ¡Soñar cuesta tan poco!

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