El tablero de ajedrez del independentismo en que se había convertido la eventual formación de un gobierno, nuevamente de vocación separatista, dejaba margen a finales de la semana pasada para hasta tres escenarios. La toma de carrerilla hacia el nuevo choque con la forzada investidura de Puigdemont apoyada por la CUP, la renuncia al acta de los diputados electos fugados para posibilitar un candidato sin el beneplácito de los antisistema, o la suma de los comunes al denominado frente común para eternizar en el ejecutivo catalán las denuncias a la represión del Estado.
Así, ayer de nuevo las miradas estaban puestas sobre el juez Pablo Llarena, a la espera de si suspendía de su cargo a Comín y a Puigdemont, dejando así su acta desprovista de sentido -puesto que no podrán votar ni participar en las sesiones plenarias-. Y aunque finalmente el magistrado aceptó la personación del expresidente, no han faltado los apresurados en sacar el dedo acusador para volver a gritar, por enésima vez: ¡judicialización de la política! La consigna es ampliamente compartida por muchos actores más allá del independentismo, con especial ahínco de Podemos, empeñado en alinearse con los separatistas cada vez que hace falta desprestigiar la democracia española. Ayer su portavoz Irene Montero insistía en las maldades derivadas del trabajo de los jueces y fiscales.
El asunto catalán ha conseguido lo que no han conseguido ni los casos de corrupción de los principales partidos políticos de nuestro país, ni el Caso Nóos: que el control judicial sobre sus presuntos delitos sea utilizado como un argumento para justificar las motivaciones que les llevaron a cometerlos. ¿Se imaginan a algún dirigente siendo detenido por corrupción al grito de ‘no llevemos el conflicto a los tribunales, busquemos una solución política’? ¿O que, a continuación, arguyera que, en lugar de la sentencia del juez, mejor sería una mediación entre las arcas públicas y su engordado bolsillo, estableciendo una simetría dispuesta a repartir culpas entre el corrupto y el erario público?
La judicialización de la política es una cómoda excusa partidista para seguir eximiendo de responsabilidad a los dirigentes catalanes procesados a costa de la legitimidad de los jueces"
La judicialización de la política se convierte en una cómoda excusa partidista para seguir eximiendo de responsabilidad a los dirigentes catalanes procesados a costa de la legitimidad de los jueces y, en consecuencia, el Estado de Derecho. Sólo desde la convicción de que la democracia española tiene serias carencias –por ejemplo, respecto a otros países de nuestro entorno- se puede asumir la fiscalización de los poderes públicos como una indeseada intromisión en la Política, que, tan denostada, se convierte en la más noble de las actividades cuando se contrapone a la perversa y malvada Justicia, que a este paso será con prontitud sinónimo de venganza, revancha, o el próximo calificativo que inventen para atribuir malas intenciones a toda acción judicial.
Es difícil que alguien no prefiera combatir a los adversarios políticos con argumentos, en la tribuna de un parlamento o con el intercambio de pareceres, por encendido que pueda volverse en ocasiones. Aceptar que ello supone la resignación a no señalar con claridad quiénes son los culpables de habernos dejado esta herencia en la vida pública es una enorme irresponsabilidad, comparable a las incendiarias declaraciones de Roger Torrent cargando contra la separación de poderes. Porque conlleva aceptar que el conjunto de los ciudadanos no somos dignos de exigir responsabilidades a los representantes que, en caso del golpe en Cataluña, jugaron con nuestros derechos y libertades e incluso llegaron a utilizarlos como moneda de cambio los últimos días antes de la DUI.
Aquellas fatídicas semanas, por cierto, quebraron toda la normalidad posible que ahora exigen quienes precipitaron su quiebra orgullosamente. Con la anormalidad actual, claro, sucede como con la judicialización, de la que son culpables todos menos quienes deciden saltarse las leyes a sabiendas. Ellos arguyen que la normalidad no es posible con personas procesadas, pero olvidan que tampoco es posible tras haberse situado por encima de la ley y, a pesar de todo, tenemos que seguir rebatiendo sus argumentos y hablando de ellos. Si no, miren el primer párrafo.
