Empieza a ser un misterio qué hará antes el presidente del Gobierno: dar una rueda de prensa permitiendo preguntas a los periodistas o convocar elecciones generales. Lo cierto es que el Ejecutivo aupado tras la moción de censura a Mariano Rajoy venía con el anuncio bajo el brazo de devolver el color a una España en blanco y negro, y ahora sabemos que quizá se refería a cambiar el demonizado plasma por la modernidad, y por qué no, la dignidad de los 280 caracteres y los vídeos -cromáticos, eso sí-. Menos mal que las sesiones de control al Gobierno en los parlamentos están regladas en España y, con la salvedad de la excepción catalana, ni siquiera Pedro Sánchez puede esquivarlas a través de modificaciones tramposas en leyes orgánicas o con cualquiera de sus atajos predilectos. Luego pedimos que la Cámara legislativa no se convierta en un plató, como si tuviésemos muchas otras oportunidades de escuchar a Sánchez hablar de algo que le incomoda.
En su afán de liderar un gobierno bonito a toda costa, la comunicación del presidente del Gobierno parece limitarse a destacar aquellos asuntos de la agenda que tiene a bien blandir ante la opinión pública. Es legítimo que el Gobierno tenga sus prioridades, pero abstenerse de dar explicaciones a los medios de comunicación no va a hacer que estos cambien las suyas ni que desaparezcan del debate público de un plumazo las urgencias que desdeña Sánchez. El presidente del Gobierno estuvo el lunes en Barcelona con motivo del funeral de Montserrat Caballé. Esa misma ciudad acogía hace un año la mayor manifestación en defensa de la Constitución, y lo hacía cuando el gobierno autonómico, ya al margen de la ley, amenazaba con declarar la independencia de Cataluña. Sánchez desaprovechó la oportunidad de hacer alusión alguna a esa importante hazaña desde la misma capital catalana.
Tocaba hablar más que nunca de pérdida de miedo, del fin de la resignación, de que se acabó eso de que siempre sean los catalanes no nacionalistas los dispuestos a ceder
Y es que los silencios en política son tan importantes como lo que se dice, si no más, habida cuenta de lo poco que verbaliza este Gobierno sobre los asuntos que le estorban. Tampoco en su Twitter, donde se deja ver de vez en cuando, tuvo a bien tener un recuerdo para todos esos catalanes que quisieron alzar la voz tras el golpe de Estado de los líderes autonómicos, y reivindicar algo tan sencillo como su existencia y su legitimidad para arrebatarle al nacionalismo el monopolio del pueblo catalán. Aquel día se vio con más claridad que para encontrar cualquier solución al conflicto -real, no las cesiones cortoplacistas que plantea Sánchez- hay que comprender y tener en cuenta a esos millones de catalanes ajenos al procés. También aquel día muchos ciudadanos hicieron lo que echaron de menos en el Gobierno de entonces: reivindicar la legitimidad del Estado en Cataluña sin adversativas ni disculpas. No fue sólo una manifestación contra la independencia, sino contra la uniformidad y todos los falsos consensos del nacionalismo catalán, que tras cuarenta años operando, no había logrado expulsar de Cataluña los símbolos constitucionales.
Tocaba entonces hablar de cambio más que nunca, de pérdida de miedo, del fin de la resignación a que siempre fueran los catalanes no nacionalistas los dispuestos a ceder. Fue tan compartida aquella sensación que incluso el dubitativo PSOE en Cataluña, que había enviado una representación discreta el 8-O, se sumó a las siguientes concentraciones de signo parecido. Vale la pena recordarlo porque el aniversario de esa fecha ha transcurrido con numerosas lecturas en el debate público que reprochan al bloque constitucional en pleno las marcadas fisuras que presenta respecto a hace un año.
Es cierto que existió una complicidad entre los partidos constitucionalistas hasta entonces inusual. Ese mérito se debe también en parte a la movilización histórica de todos esos catalanes. Si hoy está minada esa unidad, no es por culpa de quienes siguen creyendo en la legitimidad de las demandas del ? sino de quienes las has convertido en un estorbo. Mañana hará un año que Puigdemont interrumpía una declaración de independencia, dejándola en suspenso mientras exigía como contrapartida una suerte de mediación internacional que nunca llegó a concretar. Entonces, muchos mostramos nuestra indignación: los derechos y libertades de millones de catalanes no eran mercancía con la que los líderes separatistas pudieran jugar a su antojo. Ni lo eran entonces, ni lo son ahora. ¿Por qué habría que aceptar hoy lo que hace un año era un chantaje?
Esa pregunta sólo cabe hacérsela al presidente del Gobierno. Quizás hoy en día hay situaciones aceptables o “asumibles” que hace un año no lo eran y quizás tienen que ver con el pecado original de la moción de censura. O puede que, sencillamente, Sánchez tenga una interpretación alternativa de los hechos del pasado otoño, incluido el 8-O. Lo que ahora parece es que esos catalanes se han convertido en una molestia para sus planes. Puede que no sea así, pero lo malo de negarse a contestar preguntas es que otros lo hacen por ti.
