A tres semanas de que este país se desenchufe, en esos días de agosto que son una mezcla de olvido y recarga de energía, las ministras del Gobierno de Pedro Sánchez constataron en el Congreso, a lo largo de los últimos días, algo que es un secreto a voces. Que detrás de las intenciones y los anuncios hay pocos detalles. Grandes titulares, eso sí, de un programa electoral. Pero nada de un programa de Gobierno, que ni está, ni se le espera. La ministra de Economía anunció un incremento del déficit público hasta el 2,7% para este año. 5 décimas más, casi 6.000 millones, para poder cumplir con el ambicioso programa social prometido por los socialistas desde la oposición. Necesidades reales, en algunos casos, pero en otros auténtico ‘pan y circo’ para el caladero de votos donde se pelea cada sufragio con Podemos. Uno de los caminos para resistir en La Moncloa. El triunfo electoral se juega hasta final de año, porque la dificultad de sumar apoyos para el presupuesto de 2019 y la inconsistencia en escaños del Gobierno augura una legislatura corta. Bruselas ha concedido el árnica, pese a que los cálculos de varios expertos sitúan ya en mayo el agujero de todas las Administraciones en el entorno del 2,9% del PIB. A esas previsiones habría que sumar la subida de sueldo de los funcionarios y la mejora de las pensiones que se abonarán a finales de mes. El ajuste necesario para cuadrar números se acerca a los 6.000 millones, la cifra gusta en el Gobierno, pero en el camino inverso. El del gasto. Casi 6.000 millones que ya se devolverán, si acaso, en 2019 con todo ese paquete de subidas de impuestos que es humo en estas fechas de calorina. Mucho ruido y pocas nueces.
El impuesto a la banca todavía hay que diseñarlo. “Intentará reconocer las transacciones que se hacen en la banca y que contribuyan en la medida de sus posibilidades”, explicaba el pasado viernes María Jesús Montero, titular de Hacienda. El incremento de la tributación de sociedades presenta obstáculos técnicos difíciles de resolver. No parece sencillo que las empresas paguen un mínimo efectivo del 15%. La tasa Google hay que hilvanarla jurídicamente para evitar que los tribunales la anulen. Y el castigo fiscal al diésel. Un ‘impuestazo’ directo, porque no nos engañemos, los anteriores nos llegarán a todos los ciudadanos de forma indirecta, a los bolsillos de muchos de los votantes del PSOE. Para suavizarlo, el Gobierno, después del anuncio inicial, ya ha puntualizado que quedarán excluidos transportistas (se evita un colapso en las carreteras), autónomos y esa indefinición que se agrupa bajo el epígrafe de sectores vulnerables. Ese mismo grupo social que conduce esos coches diésel “que tienen los días contados” –Teresa Ribera, dixit- por sus altas emisiones contaminantes. ¿Entonces quiénes van a pagar ese ‘subidón’ proyectado para el diésel? ¿Y de qué manera? ¿Mediante algún tipo de medida fiscal para devolver lo pagado de más en el punto de venta? ¿Por qué ese castigo tan directo a una industria del automóvil, la del diésel, que genera sólo en exportaciones más de 20.000 millones al año?
La necesidad de transponer normas comunitarias no implica matar moscas a cañonazos"
Cierto es que la normativa europea sobre emisiones contaminantes obliga a poner horizontes sobre el fin de los motores que más castigan al medioambiente. Una ‘muerte’ que debería estar planificada y ordenada con incentivos a la compra de vehículos ‘verdes’ para la sustitución del parque automovilístico más antiguo. Una muerte que debería estar escalonada y diseñada también en función de las nuevas políticas de movilidad que diseñan los ayuntamientos de las grandes ciudades españolas. Nuevos tiempos en los que se plantea el cierre al tráfico salvo para los vehículos con pegatina ECO, aunque algunos expertos aseguran que el fin último es que sólo puedan circular por el centro de los ciudades los vehículos puramente eléctricos. Pero esa necesidad de transponer normas comunitarias no implica matar moscas a cañonazos. Iniciar una caza frontal contra el diésel, contra aquellos ciudadanos que acaban de ver como uno de los principales activos de su renta familiar se ha depreciado por la famosa frase de la ministra Ribera y contra el sector del automóvil, que tendrá serias dificultades para sacar al mercado su ‘stock’ de diésel pese a que los nuevos motores sean infinitamente más verdes que los de generaciones precedentes.
La ‘crisis del diésel’ es un mero síntoma de esa pegatina ‘ECO’ a la que quiere adherirse este Gobierno en su indefinida política energética. Hay que ser más ‘verdes’, sin duda. Hay que contaminar menos, sin duda. Hay que potenciar las renovables para ese fin, sin duda. Pero el Gobierno debe también atreverse a explicar que el intercambio de energía solar o eólica por el carbón o las nucleares implicará un importante coste en el recibo de la luz. Ese gran mantra con el que no se atreve ningún Gobierno. Y el de Sánchez, tampoco. Los anuncios de Ribera ante el fin de la aportación del carbón o las nucleares al mix energético fueron tan poco concretos y vacuos que denotan la falta de una senda explícita sobre el futuro energético de este país. Ribera se parapetó en una futura ley de transición energética que no estará redactada antes de final de año. Una patada hacia delante con los que ganar tiempo en estos próximos seis meses. ¿De verdad hay que redactar una nueva ley cuando ya existe un proyecto de ley en el Congreso, moldeado con el famoso informe de los expertos, que se puede adecuar con decenas de enmiendas hasta tunearlo al estilo PSOE?
El Gobierno debe atreverse a explicar que el intercambio de energía solar o eólica por el carbón o las nucleares implicará un importante coste en el recibo de la luz"
Si ha habido un ministro con una gran obsesión ése ha sido Álvaro Nadal. Liberal de discurso, pero proteccionista en los hechos, constituyó un grupo de expertos -14 en concreto- con un firme objetivo: elaborar un informe sobre los distintos escenarios de transformación energética y las alternativas que ofrecen las distintas fuentes de energía para cumplir con el objetivo de la cumbre de París de emisiones cero de carbono en 2050. Pero detrás del informe, Nadal escondía un mandato: una recomendación de los expertos que restara cualquier tipo de vestigio de intervencionismo político, que resaltara cuál de todas las propuestas posibles que recogía el informe debía guiar las decisiones políticas. De todos esos caminos, Nadal esperaba de los expertos que tomasen su propuesta. La que más abarataba el recibo. La de los precios más bajos. El mix de energía nuclear, con apoyo del carbón. Nadal no esperaba verso suelto alguno del informe. Su Ministerio, él mismo, nombró a cinco de los expertos, que si se suma al del PP, sumaron seis de los 14 que constituyeron esta comisión de transición energética. Un grupo de trabajo con cierto sesgo eléctrico. Cero expertos del gas ni del petróleo. Con Ignacio Granjel, exjefe de gabinete de la secretaría de Energía en la época de su hermano Alberto, como gran lobista del interés del ministro sobre los renglones del informe. Pero esa unanimidad, ese consenso que tanto pretendía Nadal con el informe terminó por volatilizarse. En la práctica, esa ruptura supuso la herida de muerte a la gran reforma energética que defendía Nadal por tierra, mar y aire. El anterior ministerio de Energía se vio obligado a tramitar entonces un anteproyecto de ley sin futuro alguno ante la falta de apoyos parlamentarios.
Por los mismos derroteros caminará el nuevo texto que emanará del despacho de Ribera. Será en 2019, también en 2019, cuando sepamos la hoja de ruta concreta de este Gobierno frente al tema energético. Descubriremos entonces si Ribera coincide con Nadal con aquello de que todas las leyes de energía han sido parches, que la regulación energética es un traje lleno de parches y que él era el sastre elegido para presentar un traje nuevo. Si no sale adelante su ley, la única manera de imponer su modelo de mix energético sería bajo el parche de otro real decreto. Una solución de urgencia para calmar el ego pero que no cumple con ese objetivo de transformar el modelo. Ahí tendrá que decidir Ribera. Si la legislatura le da tiempo, claro está.
