En los cursos básicos de Economía, cuando tenemos que explicar la macroeconomía y sus principales agregados o magnitudes, solemos señalar que el Producto Interior Bruto, esa variable clave para el análisis de la evolución económica, puede obtenerse a través de tres vías diferentes: la vía de la demanda, la vía de la oferta y la vía de la renta.
La vía de la demanda es aquella que establece que el PIB es fruto de sumar el consumo privado, la inversión privada, el gasto público y las exportaciones netas. Suele ser la base para analizar el ciclo económico y para establecer gran parte de las recetas de política económica.
La vía de la oferta, por su parte, define el PIB como la suma de los valores añadidos de los diferentes sectores de actividad en los que organiza una economía. Tras la evolución del valor añadido se encuentran las funciones de producción, que han sido utilizadas frecuentemente para explicar el crecimiento económico; esto es, las tendencias subyacentes a la evolución de la economía, dirigidas principalmente por el comportamiento de la productividad.
Finalmente, la vía de la renta descompone el PIB en rentas del trabajo, excedente bruto de explotación e impuestos y transferencias. Su análisis minucioso nos permite identificar cómo se reparte el valor generado en una economía entre los diferentes medios que intervienen en el proceso de producción.
Las recetas cortoplacistas, comercializadas como éxitos de política económica amparándose en la evolución del empleo, han acentuado los problemas estructurales
En el debate público y en el político, la vía de la demanda es la que absorbe la inmensa mayoría del tiempo de análisis. La intervención sobre los movimientos coyunturales se ha constituido en una prioridad y acapara la atención de los medios y de las recetas de política económica. Gran parte del debate en España se ha enfocado hacia las cuestiones que influyen sobre estos movimientos coyunturales, poniendo el foco en el corto plazo y en soluciones ágiles y rápidas para sacar al país de la crisis.
Bajadas de tipos de interés para estimular el consumo y la inversión privadas, un control de las finanzas públicas para evitar un deterioro de la confianza de los mercados en el país y provocar una subida en la prima de riesgo y los tipos de interés, reducir la protección de las instituciones del mercado laboral a los trabajadores para facilitar el despido y las nuevas contrataciones y poder negociar salarios más “ajustados” a las necesidades de la producción han sido recetas de la derecha en su etapa de Gobierno reciente en España. Recetas basadas en análisis cortoplacistas, que han sido comercializadas como éxitos de política económica, amparándose en la evolución del empleo, pero que han ido generando o acentuando graves problemas económicos más estructurales.
Estas políticas obviaron la relevancia de las tendencias de largo plazo en la evolución de la producción y, por tanto, de todos aquellos factores determinantes en la mejora de la productividad y del PIB en el medio y largo plazo. Se obvió deliberadamente la importancia que, en estas tendencias de medio y largo plazo, adquieren las inversiones en capital humano (educación, becas y ayudas al estudio, políticas activas de empleo…) y las actividades de I+D+i (apuesta por proyectos públicos estratégicos e impulso y fomento de proyectos privados).
Se omitió interesadamente que el buen gobierno, la lucha contra la corrupción y un buen diseño institucional son elementos clave en cualquier estrategia de crecimiento estable a largo plazo. La corrupción es un elemento disuasorio de primer nivel del buen desempeño de la productividad. Estimaciones recientes como las destacadas por Francisco Alcalá y Fernando Jiménez en su estudio “Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España” (2018) indican que en nuestro país la reducción de la corrupción y, por tanto, la elevación de la calidad institucional a niveles correlativos a nuestra productividad, podría permitir incrementar nuestro PIB en algo más del 20%.
Recientes estudios indican que la reducción de la corrupción y, por tanto, la elevación de la calidad institucional, podría incrementar nuestro PIB en algo más del 20%
Finalmente, hubo una omisión deliberada en todos estos análisis de las consecuencias que la desigualdad creciente genera sobre el buen desempeño económico. España no sólo partía de cifras preocupantes al inicio de la crisis, sino que incluso las medidas cortoplacistas adoptadas durante la gestión de la misma generaron mayores problemas de inequidad en la sociedad española.
Los problemas asociados a la desigualdad no sólo tienen consecuencias sobre la actividad económica, sino que también, y quizás de forma más alarmante, impactan sobre la atmósfera política de la sociedad. La desigualdad genera desencanto y falta de confianza en las instituciones de una parte importante de la sociedad, que percibe que las circunstancias económicas no son justas con sus vidas. Que sienten que la recuperación no les alcanza y que la sociedad en la que viven y los partidos políticos en los que hasta entonces confiaban, no tienen capacidad para resolver sus problemas.
Como ha analizado recientemente Piketty (2018) en su estudio Bahmin Left Vs Mercahant Right: Rising inequality and the changing structure of political conflict, grupos importantes o crecientes de la población en los países avanzados se sienten parte perdedora en las tendencias económicas recientes y buscan soluciones políticas en alternativas que ofrecen soluciones sencillas y persuasivas a sus problemas (populismo).
Los problemas económicos más graves que afronta España en la actualidad no están vinculados a la mayor o menor debilidad de su coyuntura económica, sino que tienen que ver con la falta de apuesta que ha existido en estos últimos años por las políticas de apoyo al capital humano y la I+D+i en las políticas públicas, la extensión y proliferación de la corrupción que ha infectado a una parte importante de las principales instituciones de este país y a la creciente desigualdad, generadora de descontento y de falta de confianza entre la población y la política, que está impulsando el apoyo a los partidos políticos populistas.
La política económica debería enfocarse a solucionar estos problemas y olvidar esos planteamientos cortoplacistas que han predominado en estos últimos años. Por este motivo, el Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2019 lo percibimos como aire fresco, como un cambio de enfoque que orienta las prioridades hacia los que son los principales problemas económicos de España. Confiamos en que la clase política española les dé una oportunidad.
