El escenario económico nacional dista mucho del edulcorado trampantojo con el que bombardean los medios propagandísticos del Ejecutivo. En nuestra primera entrega referíamos la realidad de algunos sectores como Transportes, turismo, empleo... He aquí el complemento de un escenario muy alejado del 'cohete' de Sánchez.
Vivienda: escasez, okupas y demagogia
La vertiente económica es clara: un alquiler caro reduce la capacidad de consumo y una compra cara aumenta el endeudamiento; además, si se reduce el número de operaciones inmobiliarias, los (excesivos) impuestos que cobran las administraciones se reducen. Por otro está la parte social que además tiene otra consecuencia al ayudar al envejecimiento poblacional. Y es que la escasez de vivienda a precios asequibles, tanto para alquiler como para propiedad, retrasa la independencia de los jóvenes y la formación de familias con hijos.
El continuo aumento del volumen de la deuda pública viene propiciado por el desajuste continuado entre ingresos y gastos en los Presupuestos
La solución no es fácil pero los últimos gobiernos han tomado medidas contraproducentes y además el Parlamento no ha legislado del modo adecuado para proteger a los propietarios y a los caseros del problema de la okupación y la inquiokupación que, más allá de lo humillante que resulta en un estado de derecho, reduce la oferta de habitabilidad. La connivencia legislativa con los que no pagan sus deudas perjudica también el alquiler social de los ayuntamientos, algo común en otros lugares de Europa; y es que en muchos municipios no desalojan ni obligan a pagar a los numerosos inquilinos morosos de viviendas públicas. Mientras esto no cambie, lo de construir para alquilar con dinero público acabará siendo una utopía. Quien sabe que puede no pagar, no pagará, por muy barato que sea el alquiler. Esto provoca que seamos todos los que sí pagamos nuestras deudas, los que acabemos financiando a los que no. La Administración lo que debe hacer es favorecer la construcción y legislar para que los morosos paguen, aumentando con ello el número de caseros, incluidos ayuntamientos. Ideas como la de favorecer convertir locales comerciales u oficinas en vivienda de un modo más ágil y barato parecen mejores que limitar los precios, algo que nunca jamás en la Historia ha funcionado y ya hemos visto su fracaso en Barcelona, por ejemplo, puesto que reduce la oferta.
Sobredosis de pymes
La estructura empresarial de España tiene un defecto y es el pequeño tamaño de la inmensa mayoría de las empresas. Esto implica muchos inconvenientes, tanto para realizar inversiones (dificultades para captar financiación por ejemplo), innovar (es muy complicado con una estructura mínima aplicar novedades como por ejemplo la IA), exportar, crear numerosos empleos fijos y bien pagados, acceder (e incluso estar informados) a subvenciones, rebajas fiscales, ayudas de la UE… Las causas de esto no se pueden cambiar a corto plazo pero lo que no se debe hacer es entorpecer a la que quiere crecer, y hay que reducir el alto coste burocrático que supone pasar de 49 a 50 empleados, así como aplicar medidas que ayuden como elevar el umbral de facturación para los pagos fraccionados del impuesto de sociedades y la liquidación de IVA o el necesario para constituir un comité de empresa de 50 a 100 empleados o ampliar las deducciones por reinversión de beneficios… medidas todas que ayudarían a dar un salto de tamaño.
La asfixiante deuda pública
El continuo aumento del volumen de la deuda pública viene propiciado por el desajuste continuado entre ingresos y gastos en los Presupuestos Generales del Estado. Y eso sucede a pesar de que la recaudación fiscal está en máximos históricos. Aunque es positivo que el crecimiento de la deuda sea menor al del PIB (y por eso llevamos varios trimestres que la ratio deuda/PIB baja), lo cierto es que son muy malas noticias. A corto plazo, porque a más volumen de deuda, mayor pago de intereses, a medio y largo plazo porque al ser un problema global, a la primera crisis financiera (ya lo vimos en 2012) que haya, los costes se dispararán ante la enorme competencia para colocar deuda que existe entre todos los países y empresas del mundo. Por otra parte, llevamos años creciendo porque venimos de un fuerte desplome en 2020 y nos está ayudando un turismo que difícilmente puede crecer más y unos fondos europeos que no durarán siempre. Lo normal es que la deuda vuelva a crecer más que el PIB dada la vocación de gran gasto público de nuestros gestores políticos por lo que la ratio deuda/PIB dejará de bajar; y dado que este siglo ya llevamos tres crisis económicas globales (2001, 2008 y 2020, aunque la primera no existió en España gracias a los efectos de la entrada en el Euro) estaremos muy mal preparados para la siguiente. No olvidemos que a la de 2008 llegamos con un 40% de ratio deuda/PIB y ahora superamos el 100%.
La pesadilla de las pensiones
Este es de los mayores problemas económicos del país y que con más irresponsabilidad está siendo abordada por nuestros gobernantes (y por el principal partido de la oposición, que dudo mucho vaya a cambiar algo jugándose tantos votos como se juega) ya que es evidente el problema y no sólo no se hace nada para resolverlo, además se empeora al empeñarse en elevar el coste de las pensiones públicas por efecto del IPC (algo que no se le garantiza ni siquiera a los empleados activos de la Administración), que sumar al propio de una sociedad envejecida con cada vez más población pasiva y menor activa.
Con menos cotizantes por cada pensionista, asegurar que el segundo cada vez gane más a costa de que se aminore el sueldo del trabajador actual (no sólo por el factor de solidaridad que empieza en enero, también porque es más gasto que se cubre con más impuestos y más deuda) carece de sentido. Todo el mundo debe entender es que las cuentas deben estar equilibradas y dado que la recaudación (ingreso) está en máximos por la presión fiscal y por el crecimiento económico, queda recortar gastos. Y el de las pensiones es el mayor. Claro que es injusto que alguien cotice toda su vida y luego pierda poder adquisitivo pero el sistema es así, y desde luego es también injusto que el trabajador en activo también lo pierda (porque nadie le garantiza que su salario suba lo mismo o más que el IPC y además paga más impuestos, tanto en su nómina como en su vida cotidiana).
Al fin y al cabo, una persona mayor con décadas de ingresos suele tener un patrimonio del que carece un trabajador de, por ejemplo, 30 años, por lo que es injusto socialmente beneficiar al pensionista en detrimento de la población activa. Del mismo modo, los descuentos por edad en transporte, por ejemplo, también lo son, ya que todas las ayudas deben ser por renta.
En resumen, los problemas no se arreglan sólo con un cambio de gobierno, también es necesario un cambio de enfoque.
