El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común vigente desde el año 2009 implicó un profundo cambio en el diseño de los mecanismos de nivelación interterritorial de recursos.
En el sistema anterior, la nivelación se articulaba a través de un mecanismo denominado Fondo de Suficiencia, que suponía una transferencia de recursos del Estado hacía las Comunidades Autónomas, para cubrir la diferencia existente entre sus necesidades de gasto y su capacidad tributaria.
El modelo aprobado en 2009 incluye dos fondos de nivelación vertical, el Fondo de Suficiencia Global y los llamados Fondos de Convergencia Autonómica, y un fondo de nivelación horizontal, el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), que redistribuye recursos entre las Comunidades de régimen común.
El objetivo del FGSPF es que todas las Comunidades, con independencia de su capacidad fiscal, dispongan de los recursos necesarios para poder ofrecer a sus ciudadanos un nivel similar de prestación de los servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y servicios sociales, sin tener que exigirles la realización de un mayor esfuerzo fiscal para financiarlos.
Las 15 Comunidades Autónomas de régimen común aportan a este Fondo el 75% de su recaudación tributaria normativa, es decir, sin tener en cuenta los cambios recaudatorios provocados por el efecto de sus modificaciones legislativas, procedente de los tributos cedidos y compartidos. A esta cantidad se suma una aportación adicional del Estado, que en el primer año de aplicación del modelo se fijó en el 5% de su dotación global, y desde entonces ha evolucionado en función del crecimiento de la recaudación tributaria.
La aportación neta de Cataluña al FGSPF fue de algo más de 1.522 millones de euros, prácticamente la tercera parte de la realizada por la Comunidad de Madrid
Posteriormente, el Fondo se distribuye entre las Comunidades en función de un indicador sintético de necesidades de gasto, denominado "población ajustada". Con datos del ejercicio 2021 que es el último liquidado, las tres Comunidades con mayor capacidad fiscal, Madrid, Cataluña e Islas Baleares, son aportantes netas de recursos a este mecanismo, mientas las otras 12 Comunidades de régimen común son beneficiarias netas del mismo, ya que sus necesidades de gasto exceden de su capacidad fiscal.
El País Vasco y Navarra no participan en este mecanismo de nivelación, ya que el régimen foral no incluye una contribución a la solidaridad interterritorial a la hora de calcular su aportación de recursos al Estado. Por tanto, una de las consecuencias más inmediatas de la extensión del sistema foral a Cataluña que se contempla en la negociación política actual sería que esta Comunidad dejaría de participar en el FGSPF.
Aportación de Cataluña
Con los datos del ejercicio 2021, hemos realizado una simulación de los efectos que hubiera tenido esta situación en este año. La aportación neta de Cataluña al FGSPF fue de algo más de 1.522 millones de euros, prácticamente la tercera parte de la realizada por la Comunidad de Madrid.
La no participación de Cataluña en el FGSPF habría supuesto una disminución del 16,14% de los recursos destinados a la solidaridad interterritorial. En términos absolutos, las Comunidades más perjudicadas habrían sido Andalucía, con una pérdida de 343 millones de euros, la Comunidad de Madrid, que habría tenido que aportar otros 270 millones de euros adicionales, y la Comunidad Valenciana, que habría dejado de ingresar 203 millones de euros.
En términos relativos, la Comunidad más perjudicada habría sido Cantabria, con una pérdida del 36% de los recursos que recibe del Fondo, seguida de Aragón, que perdería el 26,2%. Por desgracia este sería solamente un primer efecto, inmediato y directo, de la aprobación de un sistema en la que la solidaridad interterritorial quedaría desterrada, o al menos se vería fuertemente limitada, y con ella el derecho de los españoles a recibir los mismos servicios básicos con el mismo esfuerzo fiscal con independencia del territorio en que residen.
