Mariano Rajoy se vistió de luces dispuesto a ofrecer a la afición una de esas faenas que de cuando en cuando destilan los maestros para que aprendan los novilleros que con él comparten cártel en el coso de la Carrera de San Jerónimo. La competencia está tan verde; el nivel de los aspirantes a tomar la alternativa es tan pobre, que el diestro de Pontevedra suele cortar orejas a poco que se lo proponga. Un capotazo por aquí, otro por allá, y el bicho desfila arrastrado por las mulillas camino del desolladero sin necesidad de estoque. Mariano sabía que el festejo de ayer era de los importantes, que ni el partido ni su Gobierno están para tirar cohetes. La izquierda radical –las mujeres, los jubilados, los estudiantes- se ha lanzado a movilizar a los pensionistas con la esperanza de hacerle a Moncloa un roto de tal dimensión que lo del 15-M y su Puerta del Sol quede en un agradable picnic veraniego, y a esa procesión, sea por vocación o seguidismo, se ha unido fervoroso el PSOE de Pedro Sánchez. Todo el mundo corteja a los jubilados. Todos quieren pescar en el caladero de esos 10,6 millones de españoles que cobran pensión y votan.
A diferencia de los novilleros que le rodean, Mariano se presentó ayer en el Congreso con la lección aprendida, algo que debería ser una obligación en gente que dice aspirar a resolver los problemas de los españoles. El señor notario se sabía la asignatura, se la había estudiado, y eso se pudo percibir con claridad en la tribuna de oradores con un discurso que, podado de aditamentos y ceñido al tema que nos ocupa, diseccionó con claridad la enorme envergadura de un problema, el del futuro de las pensiones que cobran los jubilados españoles, que no se puede abordar desde la demagogia de quienes proponen subirlas sin más, como si fuera cuestión de abrir la caja de caudales del Tesoro público y empezar a repartir -guarden cola, señores, que hay para todos- hasta que se agote el filón.
La nómina de pensiones mensual era de 8.100 millones en 2011 y hoy es de 10.100 millones
Algunos datos. España gastó en pensiones 139.637 millones en 2017, cifra equivalente al 40% del Presupuestos gestionado por el Gobierno y al 29% del gasto público de todas las Administraciones. No hay partida que se le pueda equiparar. En 2007, ese porcentaje del gasto público total era del 21,6%, lo que quiere decir que en apenas 10 años ha subido 7,4 puntos o su equivalente en dinero contante y sonante: 48.000 millones. La nómina mensual en pensiones, que en 2011 era de 8.100 millones, ha pasado a ser de 10.100 en febrero de este mismo año, según relató ayer el propio presidente. Y un dato más: solo la entrada de nuevos perceptores en el sistema supondrá engordar la nómina del gasto en pensiones en 3.800 millones en este 2018.
Más interesante quizá resulta comparar nuestro tan vituperado por el populismo rampante sistema con el de los 35 países más desarrollados de la OCDE, según un estudio de la propia Organización referido a 2017. Ese informe dice que la pensión media española representa el 72,3% del salario previo a la jubilación, porcentaje que es de apenas el 52% en la OCDE. Dice también que en España la renta de los mayores de 65 años representa el 98,8% de la renta media total de la población, porcentaje que es del 87,6% en los países de la OCDE. De acuerdo con datos de Eurostat, España es el quinto país de la UE-28 en mejor situación en lo que a índices de pobreza de los mayores de 65 se refiere, solo por detrás de Holanda, Luxemburgo, Francia y Dinamarca, por este orden. Pero dice algo todavía más revelador, y es que la renta media de los jubilados españoles es hoy superior a la renta media de aquellos que trabajan (“Eurostat media in relative income of elderly people”).
Frente a Mariano no hay nada
Esta es, muy grosso modo, la radiografía de un sistema de pensiones sobre el que gravita como un fantasma la pirámide de edad de la población española y naturalmente las crisis económicas, aspectos ambos que lo hacen difícilmente financiable si no es en condiciones de crecimiento sano y pleno empleo. Y bien, ¿eso es todo? Pues no, porque hay que decir sin ambages que hoy es imposible llevar una vida mínimamente digna viviendo en una gran ciudad y cobrando una pensión de 650 euros, la mínima, aun en el caso de contar con casa en propiedad, sanidad gratuita, etc. Con ese dinero no se vive, se malvive, de modo que es urgente atender la situación de quienes se hallan en tal situación. Rajoy prometió ayer “una mejora en las pensiones mínimas y las de viudedad” en el marco de la aprobación de los PGE de 2018, una trampa saducea que el señor registrador tendió a la oposición de pardillos que le rodea bajo el siguiente argumento: si ustedes quieren una mejora de esas pensiones, tendrán que aprobarme los Presupuestos (y, de paso, ponerme en franquía la Legislatura).
El problema es que frente a Mariano no hay nada. Es la triste confirmación del espectáculo de ayer en el Congreso. Un desierto de ideas surcado por el torbellino de una implacable demagogia. No deja de tener su gracia que el líder de una formación empeñada en hacer añicos el sistema para edificar sobre él sus ensoñaciones bolivarianas, exija a Rajoy la subida de las pensiones para “no romper la paz social”. El líder de Podemos quedo ayer en evidencia, demostrando que detrás de su florida hojarasca verbal no hay nada, porque ni siquiera se sabe la asignatura, ni siquiera se ha estudiado las technicalities de un problema cuya solución nunca podrá abordarse desde el enunciado mitinero de cuatro eslóganes al uso. Claro que mucho peor, mucho más preocupantes, es el desempeño del PSOE en cuestión tan importante, un partido que ha gobernado muchos años y que al parecer pretende volver a hacerlo si el tiempo acompaña.
Ningún partido que aspire a gobernar debería jugar con la idea de volver a las andadas con el gasto público
Plantear a estas alturas como solución al problema, Margarita está linda la mar, la indexación de las pensiones al IPC es un argumento que hoy no defiende ningún partido de Gobierno en ningún país de la UE, porque ese es un cáncer que se traslada, vía contagio, al resto de la economía, sueldo de los funcionarios incluido, y termina por afectar también a la negociación colectiva del sector privado, con su correlato de tensiones inflacionistas y pérdida de competitividad, un camino que inexorablemente termina en empobrecimiento colectivo. Tras la brutalidad de la crisis económica recién superada, ningún partido que aspire a gobernar debería siquiera permitirse jugar con la idea de volver a las andadas con una estructura de gasto público que resulte imposible de sostener en caso de un debilitamiento de la tasa de crecimiento, subida de tipos de interés, etc.
Se lo dijo ayer Albert Rivera muy clarito, y no a una Margarita Robles que bastante tiene con defender la posición dentro del partido, sino a ese Pedro Sánchez convertido en un peligro público para el bienestar de los españoles: “Ustedes eran un partido de Gobierno, han gobernado durante años y no pueden venir con el mismo discurso de Podemos. Parece que ustedes no han gobernado nunca, nunca han rescatado bancos y no han tenido que votar propuestas de revalorización (…) Le pediría al PSOE que sea un partido de Estado y no se podemice”. Ganó Mariano Rajoy, Rivera presentó sus credenciales como aspirante a gobernar España, y la izquierda demostró las razones de la crisis que la mantiene sin pulso. Demagogia de vendedor de crecepelo. Toreó Mariano por la mañana, y por la tarde se fue a jugar una partida de mus al casino de Pontevedra. Y así hasta la próxima que tenga que vestirse de luces. Es lo que hay.
