Opinión

Salario mínimo: Estados Unidos versus España

El pasado mes de enero, se presentó al Senado de Estados Unidos una ley (Raise The Wage Act) para elevar el salario mínimo federal este y los próximos cuatro años

  • Yolanda Díaz. -

El pasado mes de enero, se presentó al Senado de Estados Unidos una ley (Raise The Wage Act) para elevar el salario mínimo federal este y los próximos cuatro años hasta alcanzar los 15 dólares por hora en 2025, desde los 7,25 dólares de la actualidad. La Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO por sus siglas en inglés) ha elaborado un exhaustivo informe sobre las consecuencias económicas que tendría dicha ley si se aprobara definitivamente en la votación prevista a finales de marzo (véase cbo.gov).

Es un informe que interesa conocer porque arroja luces sobre el impacto global que han podido tener las subidas del salario mínimo acumuladas en nuestro país desde 2017 hasta 2020. Antes de examinar las conclusiones del informe es importante tener en cuenta que la mayoría de Estados y muchas ciudades de Estados Unidos tienen salarios mínimos notablemente superiores al mínimo federal, de manera que el salario mínimo efectivo en dicho país se situaría en torno a los 11,5 dólares la hora en la actualidad. La aprobación de la ley, por tanto, supondría una subida del orden del 30% distribuida en cinco años (subida de 2,25 dólares en junio de este año, de 1,5 dólares en junio de 2022, 2023 y 2024 y de un dólar en junio de 2025).

Incremento del déficit estructural

Según la CBO, la subida del salario mínimo aumenta el gasto público porque reduce el empleo e incrementa el paro. También lo aumenta porque eleva el gasto en personal público y el precio de muchas ayudas y servicios públicos, sobre todo en el ámbito de la sanidad y la dependencia. Por otro lado, la subida del salario mínimo aumenta los ingresos públicos, esencialmente porque el incremento de ingresos impositivos derivado de los mayores salarios de los que retienen el empleo sería superior a la caída de recaudación provocada por quienes lo pierden. La CBO estima que el aumento del gasto será sustancialmente mayor que el de los ingresos públicos por lo que se registrará un incremento del déficit estructural. Considera también que la subida del salario mínimo erosionará la competitividad, lo que unido al ensanchamiento del déficit público acarreará un deterioro del déficit exterior.

En las fases de creación de empleo se crearía menos del que se conseguiría en ausencia de dicha medida y en fases de caída del empleo se destruiría más del que se perdería si no se hubiera subido el salario mínimo

Dejando de lado estos efectos, conviene detenerse en los cálculos del impacto de la subida acumulada del salario mínimo sobre la población asalariada que lleva a cabo la CBO. En el escenario central, se descartan por menos probables otros mejores y otros mucho peores, el empleo se reduciría un 0,9% (aproximadamente 1,4 millones de trabajadores irían al paro). Esta pérdida de empleo sería independiente de la coyuntura. Esto es, en las fases de creación de empleo se crearía menos del que se conseguiría en ausencia de dicha medida y en fases de caída del empleo se destruiría más del que se perdería si no se hubiera subido el salario mínimo. Las pérdidas de empleo se concentrarían con especial intensidad en los jóvenes y en los trabajadores menos cualificados. Por contra, unos 17 millones de trabajadores se beneficiarían directa o indirectamente de una subida salarial, que sería marginal para diez millones de ellos.

Así lo piensan sin duda los sindicatos, cuyos afiliados tienen una probabilidad de perder el empleo muy inferior a la media del conjunto de trabajadores por cuenta ajena

¿Podemos extrapolar estos órdenes de magnitud al caso de España? Las tres variables principales que regulan el impacto de una subida del salario mínimo sobre el empleo son el monto proporcional de dicha subida, la cobertura del salario mínimo (porcentaje de la población asalariada con salarios cercanos al nuevo mínimo) y la razón entre el nuevo salario mínimo y la media o la mediana salarial (el denominado índice de Kaitz). En principio, y orillando otros rasgos estructurales del mercado de trabajo, cuanto mayores sean los valores de estas variables mayor será la destrucción de empleo. Pues bien, el valor de dos de estas tres variables en España es notablemente superior al que alcanzan en Estados Unidos y en otra los valores son similares. Así, la subida acumulada del SMI en nuestro país en el periodo 2017-2020 ha sido del 45% frente al 30% de subida acumulada efectiva que tendría lugar en Estados Unidos. La cobertura del SMI en España se sitúa en torno al 10%, igual que en Estados Unidos, y el índice de Kaitz en España sobrepasa el 60% frente al 45% que alcanzaría en aquel país. De todo ello se colige que la caída del empleo en España habría sido sensiblemente superior al 0,9% calculado por la CBA para Estados Unidos (y por ende el porcentaje de población asalariada beneficiada por la subida habría sido inferior). Sería razonable afirmar que se habrían perdido al menos unos 150.000 empleos, la inmensa mayoría de ellos de jóvenes y trabajadores poco cualificados, mientras que los beneficiarios de dicha subida difícilmente llegarían al millón de asalariados. Estas estimaciones son congruentes con los cálculos realizados por el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional sobre el impacto de la subida del salario mínimo de 2017.

No serán pocos los que consideren razonable esta relación coste-beneficio. Así lo piensan sin duda los sindicatos, cuyos afiliados tienen una probabilidad de perder el empleo muy inferior a la media del conjunto de trabajadores por cuenta ajena, y buena parte del Gobierno que obviamente se embriaga con el aumento de votos que les puedan reportar estas subidas. Pero el beneficio es abismalmente inferior al coste social de dicha medida. Lo es, sobre todo, porque la pérdida de empleo y de la renta correspondiente recae brutalmente sobre los más vulnerables, los jóvenes y los menos cualificados. El paro juvenil supera ya el 40%, y el de los menores de 20 años, el 60%, las peores cifras de la UE. Lo es también porque el paro no sólo entraña la pérdida de renta sino que tiene enormes costes psicológicos y, en el caso de los jóvenes, la dilatada permanencia en el mismo deteriora de forma decisiva toda su futura trayectoria laboral.

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