Aunque la ausencia de alusiones a la situación en Cataluña valía para constatarla, la obsesión de Pedro Sánchez por evitar cualquier mínimo roce de su discurso con el debate territorial, apenas un año después del golpe, la ha terminado de evidenciar el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. Todo parecía transcurrir con calma para la campaña del Gobierno: José Luis Ábalos jactándose del uso de las instituciones públicas para alimentar el granero de votos procedentes de Podemos; la juventudes gallegas del partido -por sumarnos con prontitud, en sintonía con la esfera mediática, a la hegemonía socialista- sacaban un colchón a pasear. Y de pronto, el PSC tuvo que hacer acto de presencia para recordar que existe y, con él, su sempiterna legitimación del nacionalismo.
Atendiendo a las fotografías buscadas de Sánchez, rodeado de banderas españolas y europeas, su partido hermano en Cataluña debería dedicarse con ahínco a combatir las tesis nacionalistas, pero la realidad es que no hacen sino apuntalarlas desde hace años, en un ejercicio de excesiva empatía unidireccional que está terminando por arrastrar al que es hoy, todavía, el partido del Gobierno. Porque, más allá de la complicada relación que mantiene el socialismo catalán con el derecho a la autodeterminación, por el que abogaba hace pocos años, lo que revelan las palabras de Iceta, lo más preocupante, es la adaptación a la doctrina oficial del separatismo, empeñada desde hace años en una tarea para la que han fracasado: la de ensanchar su base social, esto es, sus apoyos en lo que sigue siendo la Cataluña reticente a sus consignas. Algo al PSC le sigue pareciendo inconcebible por parte de una sociedad que la que tienen menos cosas en común de las que les gustaría.
Con Torra investigado por la Justicia, al PSOE se le va a hacer muy cuesta arriba lo que queda de campaña si, como pretende, busca obviar el choque con el nacionalismo
Las palabras de Iceta no solo denotan una concepción nacionalista de Cataluña, sino que además describen muy bien esa suerte de tercera vía que consiste en preguntarse constantemente por una solución para una mayoría separatista ficticia, y nunca, ni por asomo, plantearse qué se puede hacer para atender las demandas de una mayoría real de catalanes que ven sus derechos amenazados. La ‘amenaza’ es una palabra seguramente demasiado gruesa para el oído socialista, que tan fina tiene la piel para otras cosas. En todo caso, la realidad es tozuda y desde anteayer Joaquim Torra está siendo investigado por presunta desobediencia tras admitir a trámite el TSJC la querella de la Fiscalía. Con un presidente de la Generalitat de nuevo con problemas con la Justicia, al PSOE se le va a hacer muy cuesta arriba lo que queda de campaña si, como pretende, busca obviar el choque con el nacionalismo.
Sánchez envió el pasado mes de septiembre al ministro Grande-Marlaska para que convenciera al consejero de Interior catalán de la importancia de mantener unas instituciones neutrales, y va a recoger los frutos de esa confianza haciendo frente a una campaña marcada por una desobediencia que no fue capaz de evitar con su desinflamación. Pero la estrategia del apaciguamiento no sólo está siendo equivocada porque no surte efecto en los planes ilegales del separatismo, sino porque además pretende olvidar y borrar el otoño catalán. Algo que, de nuevo, no conecta ni con la sociedad española ni con la realidad: el Constitucional ha concluido que el 6 y 7 de septiembre se vulneraron los derechos de la oposición en el Parlamento catalán.
Porque no quiere o porque no puede, ya da igual, el PSOE ha decidido no librar la batalla contra el nacionalismo. Pero a diferencia de lo que crean sus dirigentes, eso no la hace menos necesaria. Los catalanes no afrontan solo a un presidente investigado por desobediencia, sino también unas instituciones al servicio de los políticos nacionalistas desde hace años, en muchos casos con la ayuda del PSC. La prueba de ello la da otro protagonista de estos días, el Síndic de Greuges catalán, que a falta de derechos por defender, recurrió a la Junta Electoral para que TV3 pueda seguir diciendo ‘presos políticos’. Un Síndic, por cierto, que pretendía dejar sin competencias en Cataluña a la figura del Defensor del Pueblo en aquel Estatut que el PSC abanderó. Esa barbaridad fue frenada por el TC y, en base ello, dice Sánchez que los catalanes tenemos un Estatut que no hemos votado. No es de extrañar que quiera el presidente una campaña menos catalana. Y menos larga.
