En una de las semanas más trepidantes de los últimos años, con el juicio al procés y el debate presupuestario pugnando por encabezar la apertura de los medios, han ocurrido cosas de enorme importancia que, sin embargo, han pasado casi desapercibidas en la turbamulta de un momento político marcado por la caída de Pedro Sánchez en el infierno de la insignificancia de sus 84 diputados. Una de esas cosas ha sido la sentencia de la Audiencia de Barcelona absolviendo a Narcís Serra, ex vicepresidente del Gobierno con González y después ex presidente de CatalunyaCaixa, en el escándalo de los sobresueldos cobrados en 2010 por la cúpula de una entidad que se hallaba al borde de la quiebra y que, entre 2010 y 2012, necesitó la inyección de 12.052 millones de dinero público para su saneamiento. La Fiscalía había presentado denuncia contra Serra, el ex director general Adolf Todó y otros 39 miembros del Consejo de Administración por haberse adjudicado incrementos salariales desmesurados pese a la “situación crítica” que atravesaba la entidad.
La noticia de la absolución, anunciada, ya es casualidad, en semana tan trepidante, ha causado perplejidad y asombro en el universo económico-financiero patrio y, naturalmente, entre la clase política, especialmente la de la Transición, de la que Serra fue una de sus más notorias estrellas. Dice el fallo que “Los hechos declarados probados no son constitutivos del delito de administración desleal ni del de apropiación indebida", tal y como defendían las acusaciones. Fuentes cercanas a la sección octava de la Audiencia barcelonesa, una de las serias de la institución, aseguran que, a pesar de su interés por hacer pasar a los encausados por el trago del banquillo, sabían de las dificultades que se iban a encontrar para llegar a una sentencia condenatoria, puesto que “no se daban los requisitos que exige el tipo de la administración desleal, y no quedó acreditado que hubiesen actuado en perjuicio de la entidad”. Como de costumbre, como ocurriera con el hundimiento de las Cajas, por las cocinas de este escándalo también anduvo correteando el Banco de España, que avaló mantener en su puesto a la cúpula denunciada con el criterio de ayudar a la entidad a superar la crisis y, además, dio el v/b a la subida de sueldos. ¡Lo habían hecho tan bien que había que pagarles mejor!
Serra se ha librado de la condena en el caso de los sobresueldos y es posible, si bien más difícil, que también lo consiga en el del agujero inmobiliario. Son las sentinas de un régimen que protege a sus hijos dilectos. El hilo invisible que une sus destinos y les protege
Sentencias como esta sobre episodios tan escandalosos, tan moralmente reprobables, contribuyen a desacreditar a la Justicia y aumentar la mala imagen ante la ciudadanía de las entidades financieras y de sus gestores. El contraste con sentencias recientes en materia de delitos económicos no puede ser más llamativo. “Es mejor triplicarte el sueldo mientras tu banco pierde miles de millones de euros, que atender con una tarjeta de empresa pagos varios, algunos ciertamente pintorescos, porque en este caso vas de cabeza a la cárcel y recibes como propina una especie de cadena perpetua en forma de condena social”, asegura un abogado que defendió a uno de los acusados, hoy en prisión, del famoso caso de las tarjetas black. “Lo dicho: es mejor quebrar un banco que utilizar una black, siempre, claro está, que tengas la suerte de que te juzguen en Cataluña”.
Materia para una sentencia condenatoria había. En su informe, el fiscal Fernando Maldonado reprochaba una “irresponsable política de retribuciones” a los “principales beneficiarios” de la trama, Serra y Todó, a quienes acusó de hacer un “reprochable y espurio manejo de los fondos” de la entidad, obligados como estaban a destinar sus beneficios a obra social y evitar “su despilfarro en beneficio de los altos directivos”. El fiscal parecía tenerlo muy claro: “la entidad era un gigante con pies de barro y los administradores no fueron ni ordenados empresarios ni representantes leales”. Se aumentaban el sueldo y, además, entraban en ruinosas inversiones inmobiliarias en un tiempo en que la burbuja amenazaba explotar sin remedio, inversiones que causaron un agujero a la entidad de 720 millones, por el que Serra, el exdirector general José María Loza y otros tres altos cargos están imputados en un segundo caso que se sigue en la Audiencia Nacional, en juicio aún pendiente. La denuncia argumenta que la caja avaló “la mayoría” de las operaciones analizadas “confiando en la palabra” de los socios en la inversión, “sin informes previos externos independientes”, sin “análisis exhaustivos de la solvencia y capacidad de los asociados” y sin “informes jurídicos sobre los contratos de las operaciones”.
Las agarraderas del señorito Narcís
El primer día del juicio, octubre pasado, Serra aseguró no estar arrepentido de nada: “lo que hice fue lo que debía hacer”. Valiente el muchacho. Como era previsible, no han faltado quienes han sacado a relucir sus agarraderas para explicar esta sentencia. Estamos ante un personaje prototípico de la Transición y de su clase política, de las virtudes (escasas) y los vicios (múltiples) de una elite que nunca supo, porque nunca quiso, separar lo público de lo privado. Ejemplo de niño bien de mejor familia burguesa, buen currículo académico, Narcís eligió el PSC, ese peculiar partido donde el mando lo tenían los señoritos de Barcelona mientras los votos los ponía la emigración andaluza, para hacer carrera política. Tras la victoria de Felipe en 1982, se convirtió en modelo de lo que iba a ser una clase política siempre dispuesta a utilizar el aparato del Estado en beneficio propio. Caído en desgracia, el señorito de izquierdas se consideró con avales suficientes para reclamar su oportunidad –porque sí, por derecho de cuna, porque el país me lo debe- para hacer dinero, para lisa y llanamente forrarse, ocupando la presidencia de una gran Caja de Ahorros, ello como contraprestación a los servicios prestados. Lo mismo que años después haría Rato en Caja Madrid. Exactamente igual.
Serra se ha librado de la condena en el caso de los sobresueldos y es posible, si bien más difícil, que también lo consiga en el del agujero inmobiliario. Son las sentinas de un régimen que protege a sus hijos dilectos. El hilo invisible que une sus destinos y les protege, sean progres o carcas, de la asunción de responsabilidades. El finiquito político de Serra se produjo en julio de 1995, dentro de un paquete que incluyó también a su sucesor en Defensa, Julián García Vargas, y al jefe del CESID, el teniente general Alonso Manglano. Oficialmente, los tres dimitieron como consecuencia del escándalo de las escuchas ilegales realizadas por nuestro espionaje. A su casa de Sant Cugat del Vallès, el pianista diletante se llevó un buen montón de cintas con conversaciones grabadas por el CESID (ahora CNI) de sus enemigos, públicos y privados, a los que hizo saber que disponía de material sobrado para vivir tranquilo el resto de sus días. Así es más fácil sentarse en el banquillo.
Ese mismo régimen, al que sorprendentemente se le ha ido la mano con uno de sus hijos más ilustres, Rodrigo Rato Figaredo, parece haber acudido por fin en auxilio del señorito asturiano. Como el jueves contaba aquí Tono Calleja, los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid acaban de confirmar la decisión del juez Antonio Serrano-Arnal, titular del Juzgado de Instrucción nº 31 de la capital, de no rastrear el dinero detectado a Rato en trece cuentas bancarias situadas en el extranjero. El auto, de fecha 12 de febrero, dice que la decisión trata de “evitar dilaciones en la investigación” iniciada hace cuatro años. La Justicia renuncia, pues, a perseguir el dinero en el extranjero del que fuera todopoderoso ex vicepresidente y ex ministro de Economía del Gobierno Aznar. Bello recordatorio que sin duda animará al montón de españoles obligados a levantarse diariamente a las siete de la mañana para ir al trabajo.
Relatos de la vieja colusión entre lo público y lo privado, en una España víctima de una corrupción que paraliza su potencial de crecimiento e impide definitivamente su despegue
Nadie sabe cómo el hilo invisible que une a Rato con la derecha patria se comportará en el caso de otro de sus hijos dilectos, Francisco González (FG), ahora presidente de honor del BBVA, cogido in fraganti, o tal parece, en uno de esos escándalos que unen la política y el dinero y que son dignos de terminar en una serie de Netflix de eco mundial. Las relaciones entre FG y Rato se rompieron abruptamente cuando el político, en plena cuesta abajo tras su dimisión, junio 2007, como director gerente del FMI, acudió a pedir árnica al presidente del BBVA al que, años atrás, había colocado en la presidencia de Argentaria: “Todo lo que te debía te lo he pagado y con creces”. Lo ha contado el afectado por activa y pasiva. “Prácticamente me echó de su despacho”. Acudieron a socorrerlo, menos da una piedra, gente de tanto fuste como Botín (Santander), Fainé (La Caixa) y Alierta (Telefónica). La Sociedad de Socorros Mutuos del régimen del 78 acudiendo en ayuda de sus menesterosos hijos.
FG y el coloso en llamas
FG ha sido protagonista de otro de los bombazos informativos de la semana: las revelaciones que apuntan con un alto grado de verosimilitud a que el incendio del edificio Windsor, noche del 12 de febrero de 2005, habría sido provocado con la intención de hacer desaparecer entre las llamas documentos de la auditoria de Deloitte, cuya sede se hallaba en las plantas superiores del bloque, a la firma FG Valores, propiedad de FG y vendida a Merrill Lynch en 1996. Se da la circunstancia de que Anticorrupción, que investigaba la operación por posible delito fiscal, había requerido esos documentos a la auditora un día antes del siniestro, lo que situaba a FG en una posición delicada, sometido como estaba entonces al ataque combinado de la constructora Sacyr (Del Rivero y Juan Abelló), con el aliento en el cogote de la aristocracia de Neguri expulsada en su día del banco por FG, y la ayuda descarada del Gobierno Zapatero (Miguel Sebastián). Una operación de insoportable tufo político y de difícil homologación en cualquier democracia con efectiva separación de poderes.
El entero episodio habría quedado en la nebulosa de las conspiraciones universales de no ser porque, de acuerdo con lo publicado esta semana, detrás del incendio habría estado la mano que mece la cuna de casi todos los escándalos patrios recientes, la del infumable ex comisario Villarejo, supuestamente encargado por FG de hacer desaparecer (“eliminación física”) esos documentos de auditoria. Lo que hemos conocido sitúa al “presidente de honor” del BBVA en una posición muy delicada, de modo que muy fino tendrá que hilar Manolo Pizarro la hebra que recorre las entrañas del PP, con nuevo líder en Génova que difícilmente querrá chamuscarse en ese enchufe, para que Carlos Torres no ponga en peligro su recién estrenada presidencia e incluso el futuro del segundo banco privado español. El juez García Castellón, juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, trabaja afanoso en la “operación Trampa”, pieza separada del denominado “caso Tándem”. Agazapado, de momento, pero presto a saltar sobre su presa. Relatos de la vieja colusión entre lo público y lo privado, en una España víctima de una corrupción que paraliza su potencial de crecimiento e impide definitivamente su despegue. Lacerante recordatorio de la tarea esencial que este gran país tiene por delante tras las generales del próximo 28 de abril: la regeneración integral de sus instituciones.
