Del mismo modo que las democracias liberales tienen en sus cimientos la separación entre Iglesia y Estado, un medio de comunicación creíble y sólido tiene como punto de partida la separación entre editorial y comercial.
La idea es muy simple: la redacción de un periódico debe estar completamente separada del departamento que vende publicidad. Los anunciantes no deben tener acceso a los reporteros ni influir en la cobertura informativa. Los periodistas deben poder hacer su trabajo sin interferencias; la línea editorial debe ser completamente independiente.
Esto, por supuesto, es la teoría. En la práctica, todos sabemos que sí, la redacción está separada, etcétera, etcétera, pero guiño, guiño, codazo, codazo, hay empresas que invierten mucho en publicidad y que los medios, extrañamente, nunca dicen nada malo sobre ellas. Los medios, en España y en todos lados, tienen unos márgenes de negocio minúsculos, y todo el mundo sabe, aunque nadie lo haya dicho en voz alta, que a ciertos anunciantes se les trata bien.
En años recientes, los ingresos por publicidad han caído en picado, especialmente en la prensa tradicional. Los anunciantes tienen muchas más opciones, incluyendo redes sociales. La publicidad en internet, mientras tanto, está saturada de intermediarios monopolísticos que imponen tarifas exiguas y sufre además la maldición de tener métricas sobre efectividad muy precisas que demuestran que los anuncios no suelen funcionar demasiado bien. Esto ha dejado a muchos medios buscando desesperadamente ingresos en otras fuentes como suscripciones, y adulando aún más profusamente a los pocos anunciantes que siguen gastando dinero con ellos.
El resultado es, casi inevitablemente, medios de comunicación extraordinariamente partidistas y a menudo dispuestos hasta extremos vergonzosos a hacerle el juego a sus amiguetes en el poder
En España, los anunciantes que más han perseverado en hacer campañas publicitarias en medios de comunicación dedicados a la información y noticias son las administraciones públicas. Y la separación entre Iglesia y Estado, o editorial y comercial, parece ser especialmente vulnerable cuando son los políticos los que están llamando a tu puerta con una carretada de dinero. El resultado es, casi inevitablemente, medios de comunicación extraordinariamente partidistas y a menudo dispuestos hasta extremos vergonzosos a hacerle el juego a sus amiguetes en el poder.
Esta no es una conducta típica de un partido específico, o algo exclusivo de una región. Es una estrategia racional por parte de todos los actores implicados; los políticos tienen dinero que no es suyo para cortejar a medios con problemas financieros atroces, y los medios están sólo vendiendo su dignidad a políticos que iban a alabar igualmente incluso sin cobrar. Todo es legal y público; sabemos qué administraciones gastan y dónde. Es también espectacularmente deshonesto y corrosivo para la buena salud del sistema democrático.
Los políticos no deberían poder utilizar dinero público para comprar cobertura favorable. No deberían poder utilizar subvenciones encubiertas para mantener un ecosistema de medios afines aplaudiendo rabiosamente todo lo que hacen y dicen. Ya he comentado otras veces que los medios de comunicación públicos, con muy contadas excepciones, me parecen una mala idea. Los medios privados que viven del dinero público son todavía peores; es propaganda sin transparencia alguna, lucrando además a los cuatro amiguetes de turno.
Medios politizados, sí. Medios controlados por políticos, no. Ya basta de subvencionar con nuestro dinero a gente para que te aplauda
La reforma propuesta por Pedro Sánchez para implementar el Reglamento Europeo de Libertades de Medios de Comunicación es, siendo muy benévolo, bastante cínica. El Presidente del Gobierno tiene una batería de medios que considera molestos, y su propuesta, a corto plazo, haría que más de uno se fuera a la bancarrota. Muchas de las medidas esbozadas hasta ahora son cuestionables y difíciles de implementar, y la idea de que alguien desde un gobierno pueda “garantizar la información veraz” carece de todo sentido.
¿La idea de regular y limitar la publicidad institucional para que su reparto no esté en manos de los políticos y pueda ser utilizada para comprar favores? Esta sí es una idea sensata y que merece ser implementada. Una ley que establezca controles estrictos sobre campañas publicitarias de la administración y decisiones de gasto es urgente, y haría mucho para reducir la ínfima calidad de la cobertura informativa en este país y la polarización.
Nunca he sido un gran amante de la “prensa imparcial”, o de la pretensión de que la democracia funciona mejor cuando los periodistas son “neutrales” y equidistantes. Soy de la opinión de que los medios deben tener un punto de vista claro y explícito, y que el debate público es más rico y saludable cuando toman partido. Tener una opinión clara, sin embargo, no es lo mismo que estar al servicio del político que te paga las facturas.
Medios politizados, sí. Medios controlados por políticos, no. Ya basta de subvencionar con nuestro dinero a gente para que te aplauda.
Wesly
Hoy estoy de acuerdo con el Sr. Senserrich casí al 100 %. No estoy de acuerdo con su afirmación de que el reparto arbitrario de subvenciones publicas que el gobierno (o gobiernos) hace a los medios de comunicación que le ríen las gracias sea "legal y público". El artículo 9 de la Constitución española prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos. En consecuencia, el gobierno no puede legalmente, constitucionalmente, repartir arbitrariamente dinero procedente de todos los contribuyentes sólo o en mayor medida a los medios de comunicación que actúan como medios de agitación y propaganda a su servicio. Seguramente el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, que actúa como agente al servicio de Pedro Sánchez, se puede inventar cualquier excusa "legal" para aceptar tal arbitrariedad manifiesta y escandalosa, pero, objetiva y racionalmente, no es aceptable el reparto arbitrario y discrecional de dinero público a quienes se pliegan a los dictados partidistas del gobierno de turno. Esta forma de proceder no cabe en una democracia que pretenda definirse como tal. Es una forma de proceder típica de las dictaduras.
vallecas
No diga "no deberían", Diga, no deben. El gasto de publicidad institucional debe ser CERO, Las campañas de Renta o de "ponte el cinturón" deberían emitirse sin coste para el Estado en las cadenas publicas estatales autonómicas. El Gobierno (si fuera decente) debería pedir también la emisión de esta publicidad a las cadenas privadas a coste CERO. Los 100 millones de Sánchez son una desvergüenza y un atraco. OTRO MÁS.