Érase una vez un país en el que la política buscaba el bien común, los médicos de familia disponían en los ambulatorios de un mínimo de cuarto de hora por paciente, los profesores eran además maestros de los niños, los ingenieros medían bien los túneles y los jefes de calidad de las empresas y los funcionarios públicos revisaban mejor… Tranquilo, estimado lector, ese país no existe y, si existiera, no es el nuestro.

Esta semana hemos conocido que hace dos años -¡callado se lo tenían!- alguien en algún recóndito despacho central de RENFE en Madrid dio el visto bueno final al pliego de licitación de un concurso público para construir 31 trenes de los llamados de vía estrecha destinados a sustituir las unidades que operan en Cantabria y Asturias desde hace más de 30 años. Y lo hizo tomando en consideración la denominada Declaración sobre la Red Ferroviaria 2019 remitida por la empresa responsable de toda la infraestructura ferroviaria, Adif, donde incluyó las medidas que tendrán los túneles nuevos que algún día sustituirán a los actuales, algunos de más de cien años.

Este dato es clave porque Renfe, al amparo del clásico ”¡a mí que me registren!” sostiene que se limitó a calcar en el pliego de licitación del concurso ese gálibo notificado, esa altura que tendrán los túneles del futuro -vayan ustedes a saber cuando-, no la notoriamente menor de esos viejos y estrechos pasadizos casi decimonónicos del Norte de España, construidos a golpe de pico y pala en una orografía imposible, que van a tener que seguir atravesando los trenes nuevos durante varios años más.

Renfe y Adif se intentan justificar con “la pandemia” (sic) y las dificultades de movilidad que provocó a sus operarios… vamos, como si los oncólogos se hubieran puesto a diagnosticar casos de cáncer sin ver a los pacientes; por Zoom y a ojo de buen cubero.

Es su forma de justificar un error de bulto que quedará en los anales de la empresa y que, a lo que se ve, ningún ingeniero sobre el terreno, jefe de servicio o delegado provincial de la empresa supo ver y corregir antes de llevar la licitación al boletín oficial del Estado (BOE) de unas máquinas y vagones a todas luces más grandes que los túneles todavía en servicio.

La chapuza, por fortuna, tiene enmienda. Los trenes nunca fueron construidos porque, afortunadamente, la firma adjudicataria, CAF, se dio cuenta en la fase de diseño, allá por 2021, aunque ahora los rediseñará a un precio bastante superior a los 196 millones originales; lo que no tiene es disculpa, por mas que Renfe y Adif coincidan en culpar a “la pandemia” (sic) y a las dificultades de movilidad que provocó a sus operarios… vamos, como si los oncólogos se hubieran puesto a diagnosticar casos de cáncer sin ver a los pacientes; por Zoom y a ojo de buen cubero.

Por presiones de los indignados presidentes de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y Asturias, el socialista Adrián Barbón, el Gobierno se ha apresurado a forzar el cese salomónico de un alto responsable de cada una de las dos empresas tanto monta, el gerente de Inspección y Tecnología de Adif y el gerente de Gestión de Material en la Dirección Técnica y de Operaciones de Renfe.

Alguien debe explicar por qué si en 2021 había informes de que los trenes nuevos no cabían en los túneles viejos el asunto se ha callado hasta ahora; por qué ese retraso, que condena a cientos de miles de usuarios a subirse a unos vagones con 40 años de servicio.

Pero, además de los obligados ceses, alguien tendrá que explicar por qué si Renfe tiene en su poder desde septiembre 2021 un informe acreditativo de que los trenes nuevos no cabían en los túneles viejos, el asunto se ha callado hasta ahora; por qué ese retraso en el rediseño que denunciaba Revilla la semana pasada y que va a condenar a muchos cientos de miles de usuarios del norte de España a seguir usando unos vagones con casi cuatro décadas de servicio en sus engranajes.

El asunto ha dado pábulo para muchos minutos de informativos y tertulias, memes y bromas de todo tipo en esta Celtiberia Show, que escribiera en su día Luis Carandell, pero es muy serio porque, aunque no lo creamos, causa daño reputacional al país, no solo al Gobierno de turno, en este caso de Pedro Sánchez.

Pensemos en cualquier empresario extranjero cualquiera que tenga que decidir en estos días si invierte finalmente en España equis cientos o miles de millones en un proyecto… Después de leer un episodio tan chusco, que nos define, que si algo revela es indolencia en grado sumo y falta de compromiso con una cultura del trabajo bien hecho, amén de una idiosincrasia española muy, pero que muy particular… usted, estimado lector, ¿Invertiría en España o daría marcha atrás pensando que vamos a hacer con su dinero otros túneles de la risa (floja)?

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