Ha transcurrido tiempo desde que Jordi Pujol se preguntase visiblemente irritado y ofendido en su impunidad aquello de “¿La UDEF?, ¿qué coño es la UDEF?”. Hoy esa unidad policial contra la delincuencia económica y financiera, esos policías a las órdenes de los jueces contra los delitos de cuello blanco, sigue haciendo su trabajo pero más alejada del foco mediático. Sí está en boga la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, convertida en el órgano central del servicio de policía judicial contra los casos más graves de delincuencia, crimen organizado y corrupción. Nadie se pregunta qué coño es la UCO. Se sabe y punto.

No es arriesgado, por exagerado que pueda parecer, sostener que en buena medida de la UCO depende hoy el devenir de nuestra democracia. De sus investigaciones dependen sin más las pruebas, los indicios y las sospechas que terminan en manos de un juez. La UCO interviene ordenadores, teléfonos, mensajes… La UCO vuelca ese material, lee, analiza, interpreta, desencripta, criba, selecciona. La UCO elige, discrimina todo aquello que intercepta. Y aporta o desecha, no sé, una de mil conversaciones a través de WhatsApp, por ejemplo. Esta sí, esta no. Y después, un juez decide al respecto. Pero es inviable para el juez acceder a absolutamente todo lo que la UCO pone en limpio. Por eso su criterio en cualquier investigación criminalística es esencial. Porque en cierto modo también la UCO señala el camino a un juez, lo ‘dirige’ por la senda abierta, lo protege.

España, y La Moncloa desde luego, viven en vilo por lo que pueda descubrir la UCO. Ayer, con Tito Berni. Hoy, con la trama de Koldo Aguirre o con la investigación penal a Begoña Gómez

España, y La Moncloa desde luego, viven en vilo por lo que pueda descubrir la UCO. Ayer, con Tito Berni. Hoy, con la trama de Koldo Aguirre o con la investigación penal a Begoña Gómez. Vivimos en vilo por tanto mensaje opaco, por cualquier descuido con el teclado de un móvil, por cualquier ingenuidad. Por aquello de que ninguno de nosotros superaría con éxito la corrección ética o estética de una conversación privada. Porque en realidad somos ingenuos en la creencia de que también somos impunes, de que cualquier imprudencia no puede convertirse con el tiempo en una prueba que nos señale, nos retrate o, en el peor de los casos, nos incrimine. En definitiva, andamos en vilo por tanto mensaje probatorio, no sé, de un tráfico de influencias, de un favoritismo, de una información privilegiada. Sean o no delito, acaben o no en manos de un juez, necesariamente la UCO ha dispuesto, dispone y dispondrá de mensajes escandalosos que harían sonrojar a cualquier político por su carencia de ejemplaridad. O porque son puro enchufismo, pura recomendación.

Haría bien la UCO en blindarse de sospechas. Analiza, es un decir, tres mil mensajes que nadie más ve. Y llegan al juez, es otro decir, mil. Lo llamativo, lo sospechoso, lo indiciario, lo delictivo, lo que concibe como relevante y lo que no. Pero ¿y el resto? Ya, ya se sabe. Protección de datos, derechos fundamentales, presunción de inocencia, Estado de garantías... Naturalmente. Solo faltaría. Por eso el trabajo de la UCO es sustancial y delicado, como el de la Fiscalía Europea en busca de fraudes que la Fiscalía General en España –“de quién depende?, pues ya está”- tiene la tentación, o la instrucción, de obstaculizar. De lo que la UCO descubra o no, de cómo filtre de impurezas una investigación, y de cómo se muestre todo el material útil a un juez, depende ahora mismo la limpieza de la democracia contra la corrupción. Más aún que la propia separación de poderes, que la igualdad de los españoles ante la ley, que la independencia judicial o que todos los grandilocuentes principios que deberían ser inalterables. La separación de poderes es etérea. La UCO, sus mandos, sus agentes, incluso su convicción patriótica y de vocación de servicio público en su trabajo diario, no.

La UCO tiene en su mano aprobar ‘amnistías’ encubiertas o dictar sentencias condenatorias. Así de simple. Son profesionales a prueba de marlaskas ‘metomentodo’, de secretarios de Estado intervencionistas, o de generalatos erigidos a base de sumisión

Simplifiquemos. De facto, la UCO tiene en su mano aprobar ‘amnistías’ encubiertas o dictar sentencias condenatorias. Así de simple. Son profesionales a prueba de marlaskas ‘metomentodo’, de secretarios de Estado intervencionistas, o de generalatos erigidos a base de sumisión. Y por eso, de su decencia e integridad depende que no llegue a aplicarse nunca esa otra amnistía, la encubierta, la de los ‘whatsapps” que pudieran extraviarse en el limbo de algún despacho ministerial o en ese ‘deep state’ que nadie demuestra que existe…, pero que sí trajina, vaya si trajina. Trajina a la medida de La Moncloa contra jueces con hijas del PP, filtrando datos confidenciales del novio de quien sea, o señalando con el estigma del ‘lawfare’ sin medir las consecuencias reales de coaccionar a la justicia hasta adocenarla de forma dócil y obediente. O sea, injusta.

La UCO tiene en su mano que esto no sea un pudridero y por eso es imprescindible reforzar su trabajo y su profesionalidad con blindajes de libertad, independencia y rigor como policía judicial al servicio de la justicia. No del ministro de turno que tenga a mano ascensos o ceses por aquello tan socorrido de la pérdida de confianza, la arbitrariedad y, en definitiva, la injusticia construida sobre un chantaje. La UCO, como los fiscales adscritos a la Fiscalía europea, es lo que va quedando de tanta dignidad institucional derruida en los últimos seis años. Es hora de los valientes. Y quien quiera entender, que entienda.

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