Veinte preguntas incómodas sobre la amnistía. ¿Es una chatarra inaplicable?

¿Y si se está enfriando la presentación de cualquier cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo porque bastaría con aplicar la ley de amnistía una vez publicada en el BOE, pero convertida en chatarra jurídica y en un bodrio legislativo, y que sea ejecutada de manera selectiva, sin merma de derechos para los beneficiados, y solo en virtud de la estricta textualidad de la ley en contraste con el Derecho europeo?

¿Y si la aplicación de la ley no depende de su textualidad, sino de sus grietas y lagunas, y por tanto de su legítima interpretación restrictiva?

¿Y si la de la amnistía es una secuela similar a la de la 'ley del solo sí es sí', cuyo objetivo era reformar la legislación sobre los abusos y las agresiones sexuales para ampliar los supuestos y las penas, y realmente permitió la rebaja de condenas a más de 1.200 abusadores y la excarcelación de varias decenas de violadores? ¿Y si la amnistía realmente no amnistía casi nada?

¿Y si es un error de cálculo que las autonomías o Gobiernos regionales del PP recurran ante el Tribunal Constitucional, sin supuestas cuestiones prejudiciales ante Luxemburgo de por medio, porque se le pondría en bandeja a Cándido Conde-Pumpido y a la mayoría afín al PSOE en el TC un pronunciamiento favorable, e interpretativo sobre su aplicación, que anulase cualquier decisión del Supremo?

¿Y si en el TC, aparte de la esperable y lógica abstención del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, contaminado por su férreo rechazo a la legalidad de la amnistía, surge algún Manuel Aragón alternativo con dignidad insumisa? Es altamente improbable, sí. Pero los milagros a veces suceden, más a menudo incluso que los alardes de decencia política, desde luego.

¿Y si, como sostienen los fiscales del Tribunal Supremo con lógica, la ley de amnistía choca frontalmente con la legislación europea sobre la malversación de dinero público, más aún si cuestionan el uso real de los fondos europeos para fines identitarios, independientemente de que no hayan servido para un enriquecimiento ilícito?

¿Y si los fiscales se plantan ante el superior jerárquico, Álvaro García Ortiz, abren un cisma irreconciliable en el Ministerio Público y fuerzan a un bronco debate en la Junta de Fiscales de Sala mientras a la vez el Tribunal Superior de Justicia decidiese imputar a García Ortiz "como último responsable" de una revelación de secretos y utilización ilegítima de datos confidenciales de la pareja de Díaz Ayuso?

¿Y si el Supremo se ve obligado a asumir la causa contra García Ortiz como aforado y este se resiste a dimitir, quedando a la espera de un hipotético proceso y de una inhabilitación deshonrosa por haber desnudado a un ciudadano español, exponer sus secretos públicamente, señalar a su propio servicio de prensa de manera oportunista con el objetivo de dañar a Díaz Ayuso, y comprometer a otros fiscales subordinados con órdenes políticas, incluso por escrito, y presumir de que sí, de que lo ha hecho legalmente?

¿Y si el juez de Barcelona Joaquín Aguirre concluyese su instrucción y elevase una exposición razonada al Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont por traición… ya no por desórdenes públicos agravados, por la extinta sedición, por rebelión, o por malversación…, sino por un delito expresamente excluido de la ley de amnistía?

¿Y si Puigdemont, aun asumiendo que, de un modo u otro, la amnistía quedará desactivada o paralizada durante meses, desconfía realmente de Pedro Sánchez y empieza a pensar que esto ya no es cuestión de jueces y fiscales 'fachas', sino de una ley viciada de origen, mal diseñada…, y además no logra ser presidente de la Generalitat y empieza a percibir que sectores de Junts lo quieren prejubilar cuanto antes?

¿Y si la magistrada del Supremo Susana Polo interroga a Puigdemont por un delito de terrorismo, mantiene activa la imputación y el proceso avanza sin ser archivado y con una amnistía, en vigor o no, inaplicable a su caso por una directiva europea sobre la definición del terrorismo y sus efectos sobre la sociedad?

¿Y si los abogados de unos 1.100 independentistas inmersos en casos que teóricamente amnistiaría la ley empiezan a recusar en masa a jueces de instrucción, magistrados de Audiencias provinciales, Audiencia Nacional o media Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, generando un caos inasumible en la justicia a costa de la amnistía, y una persecución insólita de jueces, incluso con querellas maliciosas por prevaricación?

¿Y si Europa se calla, como viene haciendo constantemente, argumentando aquello de que no se entromete en 'cuestiones políticas internas' de cada país miembro de la UE? ¿Y si lo que ha pedido Sánchez a Puigdemont es paciencia porque en cuestión de meses habrá un nuevo presidente de la Sala Penal del Supremo, y además en la Audiencia Nacional se jubila García Castellón, y para entonces el Parlamento ya habrá reformado la Ley Orgánica del Poder Judicial como coartada para colocar jueces a dedo allá donde sea preciso para sus fines políticos?

¿Y si la clave real ya ni siquiera fuese la aplicación de la amnistía, sino el vuelco definitivo al poder judicial para quebrar los principios de seguridad jurídica y de separación de poderes, y que el legislativo se imponga al judicial sin interpretación libre de leyes?

¿Y si cuando llegue el turno de renovar el Tribunal Constitucional, y por tanto, la salida de Conde-Pumpido, el PSOE bloquea eternamente la institución alegando que el PP hizo lo mismo con el CGPJ, de modo que cualquier norma emanada del Parlamento es legal por decisión de la 'soberanía popular', que no 'nacional'?

¿Y si Puigdemont renunciase al escaño en el Parlamento de Cataluña por no ser presidente de la Generalitat, y pierde lógicamente la condición de eurodiputado, porque no se ha presentado a las europeas…, a qué nuevo tribunal le correspondería la competencia final sobre él? ¿A uno de Cataluña?

¿Y si Puigdemont percibe que la amnistía es una chapuza jurídica, una añagaza, y pide a Sánchez la cabeza de Félix Bolaños como primer aviso serio y no teatral a la legislatura?

¿Alguien recuerda a Marino Barbero o a Carlos Dívar? ¿Alguien recuerda los efectos de las campañas de destrucción contra la buena fama de las personas y su reputación?

¿Y si lo que persigue el Gobierno con su gota a gota es que jueces con vocación de servicio público, criterio de independencia y dignidad profesional se vean acosados, y en tal soledad, que termine por quebrarse su paciencia y decidan aceptar sustanciosos contratos en despachos profesionales, y den por perdida la causa pública por pura resignación y desesperación? ¿Y si hay jueces que se pregunten aquello de si merece la pena… y se respondan a media noche, y sobre la almohada, que no?

La buena noticia es que aún hay fiscales y jueces que aguantan firmes. La mala, que Sánchez no perdona.