La sentencia del caso De Miguel evidencia que hubo corrupción en el PNV. Tres exdirigentes del partido en Álava montaron una red destinada a obtener irregularmente contratos de administraciones gobernadas por la formación y a cobrar comisiones. Es cierto que el PNV no fue juzgado ni condenado. Pero también es cierto que los condenados por la Audiencia Provincial de Álava se valieron de sus "influencias políticas" y de las relaciones personales que tenían por su militancia en dicho partido. Y casi todos los condenados en la causa eran militantes peneuvistas.
La trama corrupta estaba liderada por tres dirigentes del Araba Buru Batzar (PNV alavés). El principal responsable es el exnúmero dos del PNV en Álava y exdiputado foral, Alfredo de Miguel, que da nombre al caso y que hoy es más conocido como Padrino. Y sus dos lugartenientes son los también exdirigentes peneuvistas Aitor Telleria y Koldo Ochandiano. Ellos montaron una red en la que participaron en mayor o menor medida otros siete socios que, en la mayoría de los casos, tenían carné del PNV. Todos ellos han sido condenados por "asociación ilícita" por la Audiencia Provincial de Álava en una sentencia histórica.
Este grupo se dedicó, según los jueces, a "obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas". Para ello, utilizaron sus "influencias políticas" y las relaciones personales que tenían gracias al partido. Cuando se produjeron los hechos, entre 2005 y 2009, los cabecillas del entramado mantenían una "posición de poder" en Álava y también "en el mismo partido político que gobernaba la Comunidad Autónoma, el PNV".
El epicentro de la trama estaba en Kataia Consulting, la empresa que utilizaron para percibir comisiones camufladas con facturas falsas y que estaba a nombre de las esposas de De Miguel, Ochandiano y Telleria. El fallo judicial, que consta de 1.200 folios, explica al detalle el modus operandi de este grupo. Estas son las principales tropelías que recoge la sentencia.
Intento de cobrar una comisión
Este escándalo se destapó hace diez años por el intento de cobro de una comisión ilícita. A finales de 2009, la abogada Ainhoa Alberdi denunció ante la Fiscalía que el entonces diputado foral Alfredo de Miguel le pedía una comisión de 100.000 euros por su intervención en una adjudicación a la empresa Urbanorma, de la que ella era administradora.
El cabecilla de la red convocó a la letrada en su despacho oficial de la Diputación para pedirle esa comisión y después se la reclamó por correo electrónico. Todo esto aparece en los hechos probados de la resolución judicial gracias a que la denunciante, Alberdi, grabó sus conversaciones con los miembros de la red. La defensa del célebre De Miguel intentó anular esta prueba en el juicio, pero no lo consiguió.
Adjudicación de los terrenos
Ese intento de cobrar una comisión de 100.000 euros se produjo en el marco de la operación para ampliar el Parque Tecnológico de Álava mediante la venta de terrenos en la zona de Miñano de Vitoria. Este dato no es baladí porque antes del intento de cobro de la comisión ya estaba claro que algo olía a podrido. El tribunal establece que fue una "adjudicación directa" por la que se "infringieron los principios de publicidad y
concurrencia".
En realidad, la adjudicación de dichos terrenos fue una decisión del citado De Miguel en connivencia con el gerente del Parque Tecnológico, Alfonso Arriola, y el presidente de la red de parques de Euskadi, Julián Sánchez Alegría. Estos dos últimos, también condenados por el tribunal, tenían como "único lazo verificado" con De Miguel su "confianza" que nacía de su misma "militancia política". Todos ellos eran del PNV. El líder de la red corrupta pedía los 100.000 euros a la empresa adjudicataria por haber conseguido con sus contactos dicha adjudicación.
El pelotazo de Zambrana
La operación más grande en la que se involucró esta trama fue el intento de pelotazo urbanístico en la pequeña localidad alavesa de Zambrana. Allí, el Ayuntamiento, gobernado por el PNV, recalificó unos terrenos por valor de 65 millones de euros para la construcción de un polígono industrial. El Consistorio encargó de forma irregular la definición del proyecto a Sidepur, una empresa de Josu Arruti Letamendi, miembro de la trama y amigo del Padrino, además de suspender adjudicaciones a otras compañías.
El pelotazo de Zambrana no se materializó porque las obras del polígono no se llegaron a hacer, pero dos empresarios catalanes ahora absueltos reconocieron haber pagado unos 320.000 euros en comisiones -en dos pagos de 160.000, uno para la citada Kataia y otra para Sidepur-. Comisiones que acabaron en los bolsillos de los miembros de la trama.
Comisiones del 4% en otros pueblos
La red corrupta cobró comisiones en otros dos pueblos de Álava: Zigoitia y Lapuebla de Labarca. En ambas ocasiones, los corruptos percibieron una tajada del 4% de los contratos. Pagó unos 17.000 euros en total el constructor Jon Iñaki Echaburu, al que la sentencia identifica en sus hechos probados como "militante del Partido Nacionalista Vasco" y "amigo" de los cabecillas de la trama.
Este último constructor, también condenado, no es el único empresario que pasó por la caja de la red liderada por De Miguel. Otro de los condenados es Sergio Fermández Oleaga, cuya empresa, Stoa, pagó una pequeña comisión de 3.500 euros a la red.
Los contratos a dedo de Cultura
De todas las actuaciones que describe en su sentencia la Audiencia Provincial de Álava, hay una que evidencia mejor que ninguna otra la relación entre la red corrupta y el Gobierno vasco del PNV. Se trata de las contrataciones ilícitas y pagos indebidos por servicios inexistentes por parte de la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco a empresas del entramado.
La sentencia señala como responsable al entonces director de Juventud, Javier Sánchez Robles, quien "prevaleciéndose de sus funciones" benefició a las compañías de la trama. Este último convenció a su superior, el viceconsejero de Cultura y Juventud, Gurutz Larrañaga, ahora absuelto, para que se adjudicasen contratos menores a estas empresas sin realizar "comprobación alguna sobre la capacidad y solvencia" de las mismas.
El alto cargo del Gobierno vasco del PNV permitió y propició que se abonaran las prestaciones económicas fijadas en los contratos sin que las empresas "hubieran desarrollado el objeto de la contratación, ocasionando así un quebranto a las arcas públicas". Un quebranto de 146.000 euros de dinero público. Sánchez Robles ha sido condenado a 7 años de cárcel. Larrañaga ha sido absuelto porque el tribunal no halló pruebas de que tuviera conocimiento de las ilegalidades en la adjudicación.
Las cuadrillas alavesas...y las juventudes peneuvistas
Otra prueba del vínculo entre la red y el PNV está en la parte de la sentencia que se refiere a las conocidas como "cuadrillas alavesas" (gobiernos comarcales de Álava). Parece enrevesado, pero es un vínculo claro. Por un lado, el área de Juventud del Gobierno vasco, liderada por el antes citado Sánchez Robles, concedió una subvención de 90.000 euros a estas administraciones para que llevasen a cabo un "Plan Joven".
Y, por otro lado, dichas administraciones contrataron con la empresa Errexal, administrada por Iñaki San Juan. Este último fue concejal peneuvista en Leioa. ¿Por qué las "cuadrillas alavesas" eligieron a esta empresa? Gracias a la "recomendación" de los tres cabecillas de la trama. ¿Qué une a unos con otros?
Todos ellos están unidos porque, tal y como contaron durante el juicio, se conocieron en los años noventa en el seno de EGI, las juventudes del PNV. Allí compartieron militancia y amistaron el propio De Miguel, Ochandiano, Iratxe Gaztelu-Urrutia (esposa de Ochandiano y también condenada), el citado San Juan, el constructor Echaburu y Josu Azkarraga Montes, otro empresario condenado en esta causa por percibir contratos irregulares del Departamento de Cultura del Gobierno vasco.
Contratos con la Diputación, las obras sin IVA...
Las tropelías que aparecen en la sentencia son muchas. Una de las más llamativas es que el empresario Prudencio Hierro pagó los 44.000 euros de la reforma de la vivienda que De Miguel tiene en Gorliz, municipio de la costa vizcaína. El tribunal concluye que De Miguel devolvió al empresario esa cantidad, por lo que se ahorró más de 6.000 euros en IVA. Ambas partes coincidieron en relatar así los hechos, pero los recibos de todo esto no existen.
La trama corrupta sirvió para que las empresas de los citados Iñaki San Juan y Josu Azkarraga empezasen a contratar con la Diputación de Álava justo cuando De Miguel se convirtió en diputado foral, pero en este caso se trata de "contratos menores", según los magistrados.
En suma, la trama liderad por De Miguel se dedicaba a amañar contratos públicos, cobrar comisiones y buscar pelotazos urbanísticos. Comportamientos que solo fueron posibles gracias a sus influencias y sus relaciones derivadas de su poder en el PNV. Y todo fue obra de un grupo de dirigentes y militantes peneuvistas. Por todo ello, los esfuerzos del lehendakari, Íñigo Urkullu, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, por desvincular al partido de la trama son sencillamente imposibles.
