Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, fue la primera en abordar la cuestión de la crisis sanitaria por el coronavirus. Pero recibió una dura desautorización por parte de La Moncloa, hace tan solo siete días. Algo que hoy, con miles de afectados por el coronavirus y decenas de muertos, resuena a otro error de Pedro Sánchez en la que puede considerarse una de las principales crisis del Estado en democracia.
Todavía quedan elementos para conocer a fondo qué pasó en los últimos 15 días del Gobierno de Sánchez. Se sabe que el Ejecutivo minimizó durante dos semanas el impacto del virus en Italia (ya había centenares de muertos), limitándose a promover un largo y tenso debate sobre la Ley de Libertad Sexual, que fue barrido por la emergencia sanitaria.
En aquel guion escrito para que todos se lucieran antes de la marcha del 8-M, una sola ministra dio a entender que algo podía modificar la vida de los españoles pocos días después. Era la tarde del 4 de marzo, y Díaz hizo pública en las redes una guía de su ministerio para abordar la pandemia a nivel de empresas.
En ese documento se recogían conceptos como “el coronavirus es un virus desconocido anteriormente en la patología humana” y que “las medidas de aislamiento, en los casos investigados, constituyen la primera barrera de protección tanto la persona trabajadora afectada como de las restantes susceptibles de contacto con la paciente”.
El anunció estuvo durante todo un día circulando sin que nadie dijera nada. El ministerio de Sanidad, liderado por el socialista Salvador Illa, respaldó incluso el mensaje en su cuenta oficial. El día después, sin embargo, todo cambió.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha elaborado una guía para empresas y centros de trabajo con medidas ya existentes en nuestro ordenamiento laboral, de carácter preventivo y de seguridad, relativas al coronavirus y a su posible incidencia. Aquí ?https://t.co/RD5rfxcAzj
— Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) March 4, 2020
"Alerta y confusión"
Primero llegó el reproche de la UGT, central sindical cada vez más alineada al partido de Pablo Iglesias y al presidente del Gobierno. Luego, la crítica de los empresarios, y finalmente el tirón de orejas de La Moncloa. Trabajo difunde “alerta y confusión”, criticaron. Era el 5 de marzo, había tres muertos y 261 casos confirmados (sin duda el laboratorio de Majadahonda tenía otros centenares de pruebas por rematar después del primer positivo de las comunidades autónomas), y el reloj del contagio empezó a correr.
El equipo de Sánchez, liderado por Iván Redondo, difundió un comunicado –práctica poco habitual para situaciones semejantes- en el que desautorizaba a la ministra y entregaba toda la comunicación sobre el coronavirus al socialista Illa. El Gobierno pidió a sus ministros atenerse a la “evidencia científica”. Díaz recordó que esa guía era simplemente la recopilación de leyes ya existentes, pero tuvo que agachar la cabeza.
En cada historia hay que tener atención a los detalles. Y en ese caso salta a la vista que el Gobierno de Sánchez se encontraba en plena crisis interna por la noticia, adelantada por Vozpópuli, de que el ministerio de Justicia había tumbado el borrador de la Ley de Libertad Sexual de Irene Montero. Entre sus pegas, los técnicos señalaban fallos de constitucionalidad y errores técnicos, jurídicos y hasta gramaticales.
Montero, que estaba buscando visibilidad y cuyas relaciones con Yolanda Díaz son mejorables (según afirman muchas fuentes del Ejecutivo), se irritó. Sánchez y Redondo, de acuerdo con Iglesias, pactaron aislar a todos los perfiles problemáticos para dar una muestra de unidad. “Yo paro a Carmen [Calvo], pero parad también vosotros”, le pidió Sánchez a un Iglesias colaborativo.
Mirada puesta en el 8-M
Ambos tenían las miradas puestas en la manifestación del 8-M, guinda final de la Ley Montero, y no en Italia, donde el virus ya mataba a centenares de personas y el país llevaba cuarentenas aisladas desde el pasado 23 de febrero. Francia también vetaba las reuniones de más de 5.000 personas, y Alemania ponía otras cuarentenas aisladas en las zonas más afectadas.
En los días previos a esa marcha, fuentes de Podemos aseguran que la propia ministra de Igualdad tuvo un papel activo en insistir para que se celebrara. “Pidió que no se lanzaran recomendaciones en su contra [por el virus]”, aseguran esas fuentes, que recuerdan el temor a que la marcha fuera un pinchazo.
La última decisión la tenía el presidente del Gobierno. Por ejemplo ante sectores feministas organizadores del evento, que se abrieron a una suspensión de la marcha por razones de seguridad nacional, como desveló este diario. Sánchez, sin embargo, decidió seguir adelante.
El pasado domingo en Madrid, Yolanda Díaz decidió viajar a Galicia y no acudir a la manifestación. “Lo hace cada año”, afirman personas de su equipo. Irene Montero, en cambio, sí estuvo, acompañada por otras diputadas de Podemos y personas de su equipo. Pablo Iglesias también les acompañó, mientras que Alberto Garzón, otro ministro de Unidas Podemos, se ausentó porque su hija no se encontraba bien.
Ya el lunes, el Gobierno dio un importante giro de guion. Admitió la “emergencia”. El número de afectados crece sin parar desde la semana pasada, y empiezan a contagiarse los primeros políticos. Javier Ortega Smith, Ana Pastor, y la propia ministra de Igualdad Montero, que dio positivo por coronavirus después de detectar los primeros síntomas el miércoles. Algunos en Podemos reprochan que el partido no avisó a los trabajadores de su equipo, que se enteraron por la nota de prensa oficial del Ejecutivo. Iglesias, por su parte, está en cuarentena en su casa por razones de seguridad.
Con la indisposición de Montero e Iglesias, Yolanda Díaz fue la única ministra morada que acudió al consejo de Gobiern extraordinario que se celebró en La Moncloa. Muchos entre sus compañeros creen que está buscando un “perfil propio”. Algunos lo dicen de manera despectiva, otros para alabar sus cualidades. En el caso del virus, queda reconocer que fue la primera ministra que destapó las alarmas. Y la mandaron a callar.
