La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), un departamento dependiente del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, ha entregado un informe al juez que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Pujol', José de la Mata, en el que concluye que el primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, y su exmujer Mercé Gironés defraudaron casi un millón de euros con facturas falsas a constructores, según consta en el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Para elaborar estas facturas el matrimonio utilizó las empresas Iniciatives Marketing i Inversions y Project Marketing CAT SL, en las que Jordi Pujol Ferrusola y su excónyuge Mercé Gironés Riera tienen una participación del 100% en su capital social.
Los funcionarios de Hacienda consideran que varias de las facturas emitidas por las entidades Iniciatives Marketing I Inversions SA (Imisa) y por Project Marketing CAT SL "responden a prestaciones de servicios ficticias de dichas entidades, por lo que corresponde su imputación a Jordi Pujol Ferrusola".
Dar información
Para llegar a esta conclusión, la Onif recuerda que los dueños de la constructora Copisa declararon que la aportación de valor a las diversas operaciones económicas por parte de Jordi Pujol Ferrusola se circunscribía únicamente a dar información sobre posibles negocios, limitándose el hijo de Pujol a ejecutar una gestión "personalista, limitada a simples llamadas telefónicas en las que informaba sobre posibilidades concretas, no necesitando por ello trabajador alguno ni sede social".
Es decir, las sociedades del Grupo Copisa pagaban únicamente por la información proporcionada por el primogénito de los Pujol, que nunca documentaba con carácter previo la cantidad que iba a recibir o la forma de pago, al mismo tiempo que los imputados no han aportado ningún documento que de forma fehaciente deje constancia "de trabajo alguno real", prosigue el documento remitido por Hacienda al juez José de la Mata.
Sin documentación
Además, los funcionarios de la Onif aluden al origen desconocido de estas importantes sumas de dinero: "De la información que ha facilitado el Reino Unido, de la negativa del director de la entidad Brantridge Holding, así como del hecho de que Imisa no haya aportado documentación que acredite el intento de cobro ni la prestación de servicios que se indica en las facturas, resulta la ausencia de acreditación del origen de los fondos que se han intentado justificar bajo el paraguas de las facturas emitidas", destaca el informe.
En cuanto a la firma GBI Servéis, Hacienda destaca que tampoco aquí se ha aportado documento alguno que acredite esta prestación de servicios, ni actas de reuniones mantenidas, informes, valoraciones y estudios.
Por todo ello, la Onif propone que los Pujol paguen casi un millón de euros por el dinero presuntamente defraudado a la Hacienda española.
En concreto, 760.955 euros por el año 2009 y 209.800 euros en el 2010, según consta en el informe del departamento de Cristóbal Montoro, que especifica que es la cantidad "que responde a una prestación de servicios ficticia que corresponde imputar a Jordi Pujol Ferrusola".
