Carles Puigdemont mantiene un hermético silencio sobre sus planes. El miércoles declaró a los medios que lo ideal sería que pudiera protagonizar una investidura presencial, pero no descarta otras alternativas. Juega al suspense con sus propósitos y, al tiempo, está convencido de que quien tiene montado 'un buen pollo' es la Moncloa. "Si salgo investido, tendrá que caer Rajoy", ha comentado informalmente a alguno de sus visitantes en Bruselas.
La Mesa del Parlament le allana el camino a su estrategia. En reunión celebrada en la mañana de este jueves, ha decidido que hará pública su decisión sobre el voto delegado de los prófugos en Bélgica el propio martes, la fecha inicialmente propuesta para la sesión de Investidura. De este modo, el Gobierno apenas tendría tiempo para presentar su recurso ante el TC y para que el Constitucional suspenda o bien el pleno del Parlament o simplemente sus resoluciones. Es quizás éste el motivo por el que el Ejecutivo ha encargado un informe al Consejo de Estado para que impugne ante el TC la resolución del presidente del Parlament, Roger Torrent, de designar a Puigdemont candidato a presidente de la Generalitat. Un paso que abre nuevas incógnitas a lo que vaya a ocurrir en las próximas horas.
Presiones de Torrent
Torrent, presidente de la Cámara, tras su encuentro con el expresidente en Bruselas, reclamó la formación de un Gobierno que pueda actuar "desde el minuto uno", lo que se ha interpretado como una forma de presión de este político de ERC hacia el líder de JxCat. Puigdemont no se da por aludido. Cree que el Ejecutivo central no tendrá capacidad de respuesta antes de su investidura. "Lo que ocurra luego, ya se verá, es más difícil meter en prisión a un presidente de la Generalitat que a un diputado", señalan en su entorno.
En el Gobierno se asume poco a poco que no podrá impugnar la sesión parlamentaria hasta el día mismo de su celebración. No se puede actuar contra declaraciones, sino tan sólo contra hechos administrativos concretos, repiten desde Moncloa. Es decir, hasta que no se apruebe, o bien ella delegación del voto de los fugados, algo que ya ha rechazado el juez Llarena, o bien hasta que se intente investir a un candidato no presencial.
La opción más adecuada a los planes del Gobierno es que no se produzca el retorno del fugado. Así resultaría más simple impugnar la celebración de la investidura con un aspirante ausente. Nadie descarta una última pirueta de Puigdemont, en su línea tradicional de actuación, y pretenda colarse en el Hemciclo en el momento mismo en el que arranque la decisiva sesión. La respuesta, en ese caso, resultaría muy complicada, ya que los cuerpos de Seguridad no pueden ingresar en el recinto parlamentario sin una autorización expresa del presidente del Parlament.
