Pedro Sánchez explora una vía política en Cataluña similar a la que intentó su predecesor socialista en el cargo, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, para encauzar el final de ETA. El PSOE está dispuesto a conceder una mesa de negociación a la Generalitat, gobernada por dos partidos independentistas, en los márgenes de la Constitución. Y cuyo encaje legal todavía es una incógnita.
La fórmula es muy similar a la que intentó el PSOE en los años 2005 y 2006. En aquel momento, mientras el Gobierno negociaba con ETA, Partido Socialista de Euskadi (PSE), PNV y Batasuna -entonces ilegalizada- formaron una mesa de partidos en la que se llegaron a acordar soluciones políticas al "conflicto" en el País Vasco. Algunas propuestas, como la de una posible anexión de Navarra, se vieron frustradas porque ETA dinamitó aquella negociación con su regreso a la violencia.
Conflicto político. Solución política. Y mesa de partidos o de Gobierno. Es la primera cesión clara de Sánchez para lograr su investidura. El Gobierno ha asumido ahora como entonces la retórica independentista. Una retórica que lleva 15 años repitiendo el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, hacedor de la teoría de las dos mesas -la "mesa de partidos" y la "mesa militar- que había que articular para alumbrar el final de ETA y quien parece haber trasladado su lenguaje a sus socios preferentes de ERC.
Lo que ERC quiere llevar a la mesa de negociación Gobierno-Generalitat no es una u otra transferencia, sino el derecho de autodeterminación de Cataluña. Se habla de una reforma del Estatuto como puente y de otras opciones, pero lo que se debate es el referéndum. Y todo ello en una mesa de partidos extraparlamentaria, de manera que la negociación irá, en el formato y en el fondo, más allá de las instituciones.
En los márgenes de la Constitución
El problema es cómo encajar ese diálogo en la legalidad. Y la respuesta es que es muy difícil si se deja al margen al resto de formaciones políticas. Las comisiones bilaterales Estado-Generalitat no son una opción para el independentismo, que quiere subrayar la excepcionalidad de la situación en este diálogo de "igual a igual" con el Gobierno central.
Sánchez ha tratado de disipar las dudas que está generando su negociación a marchas forzadas para desbloquear la investidura. El presidente del Gobierno decía este miércoles en Londres que el acuerdo con ERC, de alcanzarse, se hará "público" y será "dentro del marco de la Constitución".
"Las negociaciones con ERC están encaminadas a conseguir el desbloqueo, toda vez que ha habido otras fuerzas políticas que se han desentendido", ha dicho. "Todavía no hemos llegado a ningún acuerdo [con ERC], pero puedo garantizar dos cosas: que el acuerdo va a estar dentro del marco de la legalidad y que será público".
Es casi un calco de la declaración institucional que hizo Zapatero para anunciar el inicio de las conversaciones con ETA el 29 de junio del 2006. El expresidente subrayó entonces su compromiso "con los valores, principios y reglas de la Constitución de 1978".
Txillarre y Loyola
Antes de esa declaración, el Congreso aprobó por una amplia mayoría una iniciativa a favor del diálogo con ETA si la banda dejaba las armas. Zapatero utilizó ese mandato, aunque ETA había anunciado una tregua indefinida pero no su renuncia al terrorismo.
A partir de ahí, el PSOE utilizó dos vías políticas. Primero, encargó a su ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, mantener informado al resto de fuerzas políticas. Esas reuniones nunca fueron demasiado fluidas. La más importante fue la creación de una mesa de partidos integrada por el PSE, PNV y Batasuna. El PNV estaba al frente del Gobierno vasco y el PSOE del nacional.
Esos encuentros se celebraron, primero, en el caserío de Txillarre. Y posteriormente, en el santuario de San Ignacio de Loyola (Azpeitia, Guipúzcoa), lugar sagrado de los jesuitas. Se levantaron actas de muchas reuniones. Y tiempo después se supo, por ejemplo, que los tres partidos acordaron convocar un referéndum sobre la anexión de Navarra al País Vasco, tal y como contempla la Constitución en su disposición transitoria cuarta.
¿Qué habría pasado si ETA no hubiera dinamitado el diálogo? ¿Cómo se hubieran trasladado esos acuerdos al Congreso? ¿Solo por la vía de los hechos consumados? ¿Y sin contar con la opinión del Gobierno navarro, UPN o PP? Es el debate que hay ahora mismo encima de la mesa en esa futura mesa de "resolución del conflicto político en Cataluña".
