Un funcionario discreto y de escaso perfil político ha sido designado al frente de la denominada 'Comisión del 155', un invento de Quim Torra, dicen que inspirado por Carles Puigdemont, para revertir los efectos de la intervención de la Generalitat por parte del Estado. Pau Villoria se llama el responsable de este negociado cuyo objetivo teórico es "desplegar el autogobierno" tras los seis meses de suspensión.
Un negociado claramente político, entre cuyos objetivos prioritarios, enumerados por el propio Torra en su discurso de investidura, figura el de "inventariar las consecuencias del 155 tanto en el terreno económico como en el social". Hace unas semanas el 'president' le ha dado un claro impulso en busca de resultados efectivos.
Villoria era secretario general de la consejería de Economía hasta la intervención por parte del Estado. Es un elemento que había sido de enorme utilidad a su partido, Convergencia. A él le tocó firmar la polémica privatización de Aguas del Ter, un turbio episodio que tumbó el Supremo. También participó en determinados movimientos discretos en torno al 'caso Palau'.
Persona de confianza de la anterior dirección política catalana, en especial de Artur Mas y Francesc Homs, se había quedado sin despacho en el 'Govern' tras la entrada del nuevo equipo. Finalmente, dicen que recomendado por el propio Mas, regresó al Govern de la mano de Elsa Artadi, de cuya consejería de Presidencia depende este nuevo artilugio administrativo. Un salario por encima de los 110.000 euros y un cometido de enorme importancia para los planes futuros de Puigdemont.
En silencio y con sigilo, Villoria desarrolla eficazmente su labor. No es gestión sencilla. Hay que recomponer piezas dañadas por el 155 y, en especial, efectuar un mapa de la situación actual. Quiénes actuaron conforme a las exigencias del 'procés' de la república, quiénes fueron tibios en sus cometidos y, en especial, quién se comportó de forma 'sospechosa' o, abiertamente, como 'colaboracionistas' con el equipo desplegado por Soraya Sáenz de Santamaría.
Los primeros en caer
Villoria no decide los ceses o despidos. Recopila la información y la transfiere a la superioridad, Artadi, quien lo comparte con el expresidente prófugo. La 'limpia' de elementos incómodos empezó muy pronto. El primero en caer fue Ferran López, el jefe de los Mossos tras la defenestración y procesamiento de su predecesor, Josep Lluís Trapero. Un mes largo tardó el consejero de Interior, Miquel Buch, en dar con la persona adecuada para sustituir al sospechoso López. Al final se optó por un veterano del cuerpo, Miquel Esquius, a quien reclutaron de la sección de Carreteras. La limpia en el departamento de Interior ha sido amplia. Los Mossos siguen bajo sospecha judicial.
El goteo de desplazados en la Generalitat es lento pero incesante. Cayó Joaquín Nin, secretario general de Presidencia. Cayó Rosa Anna Castilla, directora general en Justicia. Funcionarios o cargos que no simpatizaron con la DUI y con la ruptura con el Estado y que van siendo 'limpiados' de sus despachos y sustituídos por fieles a la causa.
Funcionarios bajo sospecha
Pau Villoria, a quien algunos disidentes le han bautizado como 'el inquisidor de la República', actúa en amplios estamentos de la Administración y aún fuera de ella. Recoge material, informes y datos tanto en la Generalitat y en otros estamentos públicos de Cataluña. "Buscan delatores", señala un funcionario constitucionalista, quien no disimula los enormes recelos que despierta entre los profesionales la actuación del comisionado.
Uno de sus primeros pasos fue reunirse con ServidorsCat, una plataforma de empleados públicos que se formó tras la aplicación del 155 y que, de alguna manera, actuaban como foco de resistencia, siquiera ideológica y anímica, de los funcionarios adictos a la independencia o contrarios a la intervención. Estos funcionarios se manifestaban en la calle en reclamo de la puesta en libertad de sus respectivos consejeros, acudían a manifestaciones, movilizaban a sus compañeros más remisos a este tipo de protestas. "Es un núcleo muy activo, de enorme utilidad a la hora de informar sobre determinados elementos sospechosos", comenta la mencionada fuente.
Elsa Artadi, la colaboradora fiel
Roberto Bermúdez de Castro, el hombre designado por Soraya Sáenz de Santamaría para dirigir sobre el terreno la aplicación del 155, siempre elogió la actuación del cuerpo funcionarial catalán. No hubo problemas serios, todo se desarrolló sin contratiempos graves, aseguraba. "Incluso la colaboración de Elsa Artadi fue impecable, y muy útil para nostros", señalaba.
Tras la llegada a la Generalitat de Torra, ese ambiente idílico se ha ensombrecido. Torra quiere actuar sobre los elementos poco implicados en la república. Para eso creó la comisión. "Recibe a gente en forma discreta y hasta secreta. A saber qué información está reuniendo y qué actuaciones iremos viendo en el futuro", señala un veterano funcionario. La "comisión de la verdad" ha arrancado quedamente. Deberá presentar un informe en torno al 1-O. Mientras tanto, algunos funcionarios son desplazados, otros arrinconados y algún cargo seguirá cayendo.
