El sindicato UGT ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que le facilite la lista de puestos de asistencia técnica que se han creado en los últimos 15 años, ante la sospecha de que están siendo utilizados por altos cargos de dicho departamento para colocar a familiares directos.
Vozpópuli ha tenido acceso al acta de la última reunión de la sección sindical de UGT en Asuntos Exteriores, en la que se alertó "de un presunto uso de las asistencias técnicas para conseguir trabajo para familiares directos" dentro del departamento de Arancha González Laya, aunque no se cita ningún nombre.
UGT advierte de "posibles graves irregularidades" en este tipo de contrataciones, que se producen al margen del funcionariado público y por cuestiones de fuerza mayor, "tanto en el procedimiento de elección y adjudicación como en la ejecución y cumplimiento de los encargos".
Los puestos de asistencia técnica se utilizan en la Administración para contratar a alguien ajeno a la función pública. Por tanto, son una excepción y se tiene que justificar el motivo de dicha contratación, incluyendo un certificado de que no hay ningún funcionario que pueda desarrollar esa tarea. Esta figura de la asistencia técnica produce, además, lo que los sindicatos denuncian como “falsos autónomos".
Si se tratase de un contrato menor no podría realizarse con la misma persona o empresa, pero suelen repetirse cambiando el CIF de la empresa y el objeto del contrato que, por lo general, versa sobre actuaciones genéricas difíciles de controlar. Esta actividad se justifica por "transferencia de conocimiento" y se ha extendido en los últimos años en la Administración, según fuentes sindicales.
Un caso en Cooperación Internacional
El citado sindicato va aún más allá en el escrito ya que apunta a la existencia de "una persona sin vinculación laboral actual alguna con el Ministerio y familiar directo de un alto cargo", que en la actualidad participa en videoconferencias "dando órdenes e indicaciones al personal" de su departamento.
En este punto, el acta subraya que este caso puede vulnerar "las instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión, a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores", que el entonces Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó en diciembre de 2012 durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy.
Por todo ello, este sindicato ha solicitado a la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno, que tome las medidas necesarias para resolver esta situación pues "es en su Secretaría en la que se produce este hecho".
AECID y FIIAPP
Las citadas fuentes sindicales consultadas por este periódico indican que hay contrataciones en el punto de mira tanto en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Incluso, que este tipo de fichajes laborales son frecuentes en otros cuerpos de la Administración.
Además, UGT ha pedido a Exteriores todas las asistencias técnicas realizadas desde 2006, con el fin de comprobar si se trata de una práctica irregular que se ha extendido a lo largo de los últimos años. "Se advierte del uso pernicioso que muchos de estos familiares hacen al utilizar tal instrumento para ingresar como fijos en la Administración, con salarios desmesurados mediante demandas ante los tribunales", se subraya en el acta interna.
En este sentido, dicho sindicato decidió en su citada reunión de la pasada semana recurrir a la Fiscalía si de la información recibida "se dedujera algún ilícito penal para denunciar tales actuaciones", así como al Tribunal de Cuentas "para que investigue y en su caso solicite la devolución de las cantidades percibidas si hubieran sido indebidamente cobradas y se exija las responsabilidades que corresponda a las/los partícipes de estas prácticas".
