La prioridad de los Mossos d’Esquadra no era evitar el 1-O, sino vigilar a los agentes de la Policía y la Guardia Civil que ese día trataban de cumplir la orden judicial de evitar el referéndum. Así lo ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo el comandante del Instituto Armado que analizó los mensajes de las emisoras del cuerpo catalán de aquel día. Su relato ha puesto en duda la versión ofrecida la semana pasada por el exmajor de los Mossos José Luis Trapero, quien defendió que el objetivo de sus subordinados fue evitar la consulta.
"Nos hubiese encantado que hubiese más resultados, pero son los que pudimos hacer entre todos", se disculpó Trapero a la hora de defender las intenciones del Cuerpo que él dirigía. Pero lo que se escuchaba aquel día en sus emisoras era una versión menos solícita: se pidió a los binomios de Mossos que estaban en cada colegio que se alejasen de los policías y guardias civiles para que no hubiese imágenes de los tres cuerpos juntos, siguieron a los convoyes de las fuerzas de seguridad y fotografiaron matrículas a los vehículos camuflados.
Según el comandante de la Guardia Civil, se siguió a las fuerzas de seguridad desde el aeropuerto de Girona para ver qué dirección tomaban a la hora de acudir a los colegios electorales a incautar el material electoral. “La orden de vigilar a los operativos tenía prioridad sobre cualquier otra”, ha apuntalado este testigo, quien incluso ha confirmado que, en “casos concretos”, los Mossos estaban al tanto de la “estrategia” de colocar a niños y personas mayores en la primera línea de los centros de votación. Esto encaja con la descripción de las "murallas humanas" que esgrime la Fiscalía para defender su acusación de rebelión.
Unidad de acción de Trapero y la Generalitat
En otros casos, los propios agentes autonómicos hablaban con la gente en los colegios y les transmitían que el plan era dejar pasar a los operativos haciendo un pasillo, pero cuando llegasen a la urna se la encontrarían atornillada al suelo. A juicio de este comandante, existía una unidad de acción entre Trapero -procesado por rebelión en la Audiencia Nacional- y los responsables políticos de la Generalitat, una tesis que también sostienen los responsables del Ministerio del Interior.
Entre otros indicios, ha citado un correo remitido por el propio mando a su superior político, el exconseller Joaquim Forn, en el que daba cuenta de que la Constitución les exime de usar la fuerza si hay riesgo de generar un mal superior al que se quiere solucionar. Luego ese argumento fue utilizado por la Generalitat tanto en público como en sus reuniones con los responsables de Interior.
También ha declarado que, desde dos días antes del referéndum, Forn ya sabía que los centros escolares iban a ser ocupados para entorpecer la labor de la policía porque se lo comunicó la Comisaría General de Información (CGI) de los Mossos. También ha citado un aviso de la CUP sobre “murallas humanas” y “acciones combativas” en el caso de que actuase la policía. El coordinador único del 1-O, el guardia civil Diego Pérez de los Cobos, también culpó de ello a la policía autonómica por anunciar a “bombo y platillo” las medidas que iban a adoptar los días previos cuando acudieron a los colegios.
La sesión de este miércoles ha servido también para que los testigos de la Guardia Civil confirmasen la información adelantada por Vozpópuli de que el actual presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, participó en la logística del 1-O. Sin embargo los miembros del Instituto Armado chocaron demasiadas veces con las preguntas de los abogados de las defensas a la hora de defender los informes sobre los correos electrónicos incautados a los procesados.
Los correos de los acusados
La Fiscalía y el abogado de Jordi Sànchez libraron una cuenta pendiente arrastrada desde los primeros días del juicio en torno a un correo recibido por el exlíder de la ANC en el que se le indicaba cómo entorpecer la acción de la Policía y la Guardia Civil el 1-O. Ese e-mail, enviado por una persona llamada Xabier Strubel, llamaba a colocar vehículos ante los colegios, pero Sànchez dijo no recordarlo. Se escudaba en que nunca llegó a abrirlo. Este miércoles, el guardia civil que lo analizó ha afirmado que a él le marcaba como leído, pero admitió que no había hecho un estudio forense al respecto.
El letrado de Sànchez, Jordi Pina, ha restado valor a estas comunicaciones alegando que a la cuenta de su cliente llegaban mensajes de todo tipo de personas a las que ni siquiera conocía. De los 3.800 correos intervenidos, 22 fueron considerados relevantes para la investigación.
Pina ha llegado a acusar al testigo de no ser “riguroso en su trabajo” al acusarle de incluir como un presunto mensaje enviado a Sànchez un e-mail que fue destinado a otra persona, pero reenviado al mismo tiempo a otras cien, entre ellas su cliente. Otro testigo de la guardia civil dio cuenta de reuniones convocadas por el expresidente Carles Puigdemont -la última el 14 de septiembre- a la que asistían Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y los exconsejeros Forn y Romeva, entre otros.
Pero minutos después el abogado de Forn, Javier Melero preguntó de nuevo sobre la presencia de su cliente en esos encuentros y el agente aceptó la posibilidad de haberse confundido: “Me he podido equivocar”. Si los procesados son finalmente condenados, seguramente no sea a consecuencia de los informes de los correos electrónicos. La sesión acabó como la del día anterior, es decir, con preguntas sobre los hechos acaecidos en el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre, días antes del referéndum. “En 18 años en la Guardia Civil no vi nada igual”, confirmó otro testigo de aquellos hechos.
