Es sólo una votación, pero tiene su importancia. El separatismo ha perdido varias resoluciones en el Parlament tras la ruptura de ERC y JxCat a cuenta del voto delegado de los políticos huidos y encarcelados. La renovada operación diálogo del presidente Pedro Sánchez ha dado sus primeros frutos. No sólo por la derrota, sino también porque esa derrota ha sido posible gracias a que ERC y el PSC han votado juntos en la Mesa contra la formación de Carles Puigdemont.
Fuentes cercanas al líder del PSC, Miquel Iceta, aseguran que el voto con ERC no es el "inicio de nada". "Torrent (el presidente del Parlament) tenía un problema de legalidad", dicen. En Moncloa, fuentes próximas a Sánchez consideran "positivo" lo que ha ocurrido y entienden que el diálogo y la distensión con la Generalitat, las promesas de más autogobierno y los mensajes a favor de los indultos han contribuido a esquivar la vía de la desobediencia.
¿Un nuevo tripartito?
Otras formaciones constitucionalistas, sin embargo, ven en esta maniobra el primer paso hacia un nuevo tripartito entre ERC, PSC y Catalunya En Comú-Podem. Iceta es partidario del acercamiento a ERC como socio preferente. Ese entendimiento requiere que la formación republicana renuncie, por un lado, a la vía unilateral y, por otro, se aparte de Puigdemont. Este martes han ocurrido las dos cosas, y el PSC lo ha reconocido con un voto que supone un cambio con lo que venía defendiendo hasta ahora.
Torrent ha presentado a la Mesa -que tiene mayoría separatista- un acuerdo que impedía la votación de los presos huidos como Puigdemont y les instaba a presentar un documento solicitando la delegación de voto, como ha hecho por ejemplo el líder de ERC, Oriol Junqueras. Lo que ha ocurrido, aunque parece sólo una cuestión técnica, es bastante significativo políticamente.
Como JxCat se ha negado a rectificar o presentar el escrito, ERC ha votado a favor de la propuesta de Torrent: es decir prohibir el voto de Puigdemont e instarle a que lo delegue en algún compañero. Pero es que el PSC, teóricamente, está en contra de la delegación del voto. La tesis que ha mantenido, junto al resto de partidos constitucionalistas, es que el juez Pablo Llarena suspendió en julio a los diputados presos y encarcelados y que por lo tanto no tienen derecho a delegar el voto. Sin embargo, el partido de Iceta se ha saltado lo que venía defendiendo y ha votado con ERC.
La patata caliente ha quedado en manos de Ciudadanos. El partido naranja, primera fuerza política en el Parlament, ha pedido a Torrent partir la propuesta en dos para votar por separado. Ciudadanos no quería apoyar un texto que reconoce explícitamente el derecho de los diputados huidos a delegar el voto. Torrent se ha negado. Ciudadanos ha optado por abstenerse, porque no quería que su voto en contra permitiera a Puigdemont salirse con la suya y que su voto a favor se interpretase como un apoyo a la tesis de ERC y la delegación del voto.
Separatismo en minoría, ¿elecciones?
La pinza de ERC y PSC, buscada o no, ha dejado al separatismo en minoría -61 diputados-. La consecuencia es que JxCat y ERC han perdido la votación de las propuestas de resolución más importantes del debate de política general en Cataluña. No ha salido adelante ni la moción que reivindica la autodeterminación, ni por ejemplo una iniciativa contra el rey Felipe VI. El acuerdo de la Mesa supone además que el separatismo va a seguir en minoría si Puigdemont no da su brazo a torcer y pide delegar su voto.
Según ha sabido Vozpópuli, la tensión entre las dos fuerzas separatistas es máxima. La conjura para aguantar la coalición de Gobierno al menos hasta que se dicten las sentencias contra los líderes del golpe separatista puede saltar por los aires en cualquier momento. "Van a tener difícil aguantar si sigue esta minoría", dicen fuentes de Ciudadanos en Cataluña. "El calendario judicial es una incógnita y puede alargarse en el tiempo", añaden.
El botón electoral está en manos del president de la Generalitat, Quim Torra. La legislatura catalana puede finalizar en cualquier momento a partir del 27 de octubre. Torra puede convocar elecciones a partir de esa fecha -no podía hacerlo antes-, en la que se cumple un año tanto de la declaración unilateral de independencia como de la activación del 155.
