“Las negociaciones nunca son sencillas en un conflicto que dura desde una década”. Con esas palabras Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, abrió este martes la puerta a que el gobierno de Pedro Sánchez acepte la última exigencia del independentismo catalán. Es decir, que se forme una mesa de partidos con la presencia de un actor externo, cuyo encargo será velar sobre los encuentros y los acuerdos que se tomen en dicha sede. Este "relator" o mediador podría ser el PNV, tal y como adelantó Vozpópuli. Se trataría de una negociación al margen del normal curso institucional, en el que, además, no estarían presentes Ciudadanos ni PP, que representan a un tercio de los electores catalanes.
Después de un tira y afloja, el Ejecutivo mantiene la puerta abierta a aceptar la condición de una mesa de diálogo entre partidos en Cataluña. Una situación que evoca una relación de bilateralidad, ya que se desarrollaría al margen del diálogo parlamentario (sea nacional o regional), y sería el preludio a una negociación entre dos ejecutivos en posición de equilibrio, puesto que se superaría el principio constitucional por el que la legitimidad del poder regional emana del nacional.
La semana comenzó para Sánchez con mal pie. A primeras horas del pasado lunes, ERC anunció su intención de presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas de 2019 por la falta de compromiso del PSOE con las peticiones independentistas. Joan Tardá, portavoz de ERC, remarcó que la condición para dar marcha atrás consiste en avanzar hacia un referéndum sobre la separación de Cataluña de España. Uno de los objetivos de las mesas para el diálogo.
El PDeCAT, que también anunció su intención de tumbar los presupuestos de Sánchez, mantuvo una posición algo más frenada. Manifestó su “deseo” para resolver la situación, aunque calificó de "imprescindible" la creación de espacios de diálogo "entre gobiernos y partidos" para "abordar el conflicto de fondo", según el portavoz de la formación, Carles Campuzano. "Es evidente que si en las próximas horas o días hay acuerdo, esto ayudaría a facilitar el inicio de la tramitación presupuestaria", añadió.
Estupor en PP y Ciudadanos
En el PP y Ciudadanos observaron el desenlace de las últimas horas con estupor. Los populares advertían en los pasillos del Congreso que no se creían la amenaza independentista: “Van de farol, pero Sánchez se bajará los pantalones”, acusaba una diputada del partido de Pablo Casado. Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, comentaba ante la prensa que, de no desbloquearse la situación, el curso normal de la legislatura sería el adelanto electoral.
Por su parte, Podemos y sus confluencias apostaban por el entendimiento. “Ocho días son ocho siglos en política”, comentaban los diputados de Marea. También Compromís se mostraba favorable y esperanzado con el acuerdo. Mientras que Irene Montero, portavoz de Podemos, mantuvo que su “voluntad” era que los presupuestos del Gobierno de 2019 se aprobaran según lo establecido. Aun así, ante el anuncio de los partidos independentistas catalanes, la portavoz de Podemos recordó que, de votarse la enmienda a la totalidad, Sánchez tendría “muy difícil” seguir en la Moncloa más allá de otoño.
Reunión bilateral Sánchez-Torra
La situación empezó a desbloquearse después de la hora de comer. Fuentes del PDeCAT explicaron a este diario que los contactos eran ya directos y sin intermediaros entre los miembros del Ejecutivo y los representantes de los partidos independentistas. Y que la exigencia de estos últimos seguía siendo la de constituir una mesa de partidos con un relator externo y la inclusión de Podemos (o su marca catalana En Comú Podem). La única alternativa era la convocatoria de una reunión bilateral entre Sánchez y Torra.
Para el bloque independentista sus peticiones son “asumibles” por Sánchez y aseguraron que servirán para resolver el bloqueo. “Ya no vale con reuniones sectoriales”, explicaron las fuentes consultadas de ERC y PDeCAT, en referencia a los últimos encuentros entre miembros del Gobierno y los del equipo de Torra.
A lo largo de la tarde, los miembros del gobierno socialista se mostraron dispuestos a negociar. Carmen Calvo, vicepresidente del Gobierno, afirmó a las puertas del Senado que más que de un mediador, se podía hablar de un “coordinador”: una figura que pueda "coordinar" a las fuerzas políticas implicadas en las mesas, concretó.
El papel del PNV
A partir de ese momento empezó a entrar en juego el PNV como supuesto garante de la eficacia de las mesas de negociación. Aitor Esteban, portavoz del PNV, había mostrado horas antes su confianza hacia el diálogo. "Queremos que se tramiten los Presupuestos y que se discutan", había afirmado el diputado.
El Gobierno de Sánchez volvió así a ver la luz después del enésimo túnel en tan solo ocho meses de gobierno. Se aleja la convocatoria de elecciones anticipadas, aunque se prevé tormenta en los banquillos de la oposición. La ausencia de dos fuerzas políticas de la mesa de negociación es difícilmente justificable desde el punto de vista democrático.
Y queda pendiente de aclararse hacía donde irá el diálogo por el que está apostando Sánchez. Los dirigentes del bloque independentista consultados lo tienen claro: hacía un referéndum para la separación de Cataluña de España.
