La aprobación del Real Decreto Ley 29/2020 ha puesto en pie de guerra a los médicos españoles que arrancan este martes una huelga nacional indefinida que tendrá lugar el último martes de cada mes. Los facultativos exigen la retirada inmediata de una medida que, aseguran, pone en riesgo a los pacientes y a los profesionales, al permitir ejercer la medicina sin especialidad y sin homologación a los médicos formado en terceros países. Detrás, denuncian, el desmantelamiento de un sistema sanitario que suma años de precariedad.
La huelga se repetirá el último martes de cada mes en todos los centros sanitarios españoles, convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Un paro que coincide con el convocado por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), sindicato mayoritario entre los facultativos madrileños, en la atención hospitalaria de la Comunidad.
"Por responsabilidad por la pandemia que vivimos y tras la reciente adopción de distintas medidas restrictivas por parte de las comunidades autónomas, la visibilización de la huelga se hará con concentraciones en los centros sanitarios guardando todas las medidas de seguridad", apuntan desde la Confederación.
Una medida polémica
El Consejo de Ministros aprobaba el pasado 29 de septiembre el Real Decreto-ley 29/2020 sobre medidas urgentes en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud que faculta a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para "la contratación excepcional" de personal facultativo y no facultativo para hacer frente a la crisis sanitaria. La medida implica la contratación de 10.000 facultativos sin especialidad o extracomunitarios para hacer frente a la pandemia.
La medida establece también la prestación excepcional y transitoria de servicios del personal médico y de enfermería estatutario, laboral y funcionario. Significa que, por la presión de pacientes covid, las comunidades autónomas podrán trasladar al personal de área de cualquier especialidad, dentro de su centro hospitalario, a unidades asistenciales de otra especialidad distinta de la suya.
CESM habla de "parches"
La medida aprobada por el Gobierno es para CESM el "máximo exponente" de las "severas carencias estructurales en la planificación y dotación de recursos humanos" del Sistema Nacional de Salud. Carencias que, aseguran, el coronavirus no ha hecho más que poner de manifiesto. "En los más de siete meses que llevamos de pandemia no se ha aplicado ninguna medida para corregir este problema estructural, sino que se han ido adoptando parches momentáneos a costa de la asistencia sanitaria que no sea covid y de la salud y seguridad de los profesionales", sostienen desde el sindicato.
Denuncian que vienen "pidiendo diálogo con las autoridades para evitar estas huelgas" y "no ha habido respuesta". En el caso de Amyts, que ha recurrido los servicios mínimos "abusivos" en Madrid, se remiten a lo la huelga que, desde el 28 de septiembre, mantiene el SUMMA 112. Hoy mismo han pedido la "dimisión urgente" de su gerente, Pablo Busca, porque consideran que se está produciendo "un desmantelamiento encubierto del servicio".
Rechazo de sociedades y organizaciones
Desde el primer momento, sociedades médicas y sindicatos mostraron un rechazo frontal a lo que llaman 'decretazo sanitario'. "Sólo viene a intentar poner un parche a la nefasta política de gestión de recursos humanos que se ha hecho desde las distintas administraciones", indican desde la Confederación para quien la pandemia "no puede servir como coartada para desmantelar un sistema que tantas veces ha sido elogiado".
La huelga arranca en un escenario de segunda ola pandémica que vuelve a desbordar la asistencia sanitaria. Bajo el lema "Salvemos la sanidad" se exige la derogación del Real Decreto y la apertura de un diálogo con la Administración que permita buscar "soluciones consensuadas" a la situación que atraviesan los médicos.
Desde CESM señalan que "la única solución que ofrece el Estado es contratar enfermeras para hacer de médicos, contratar a no especialistas para hacer tareas de éstos, reconocimiento exprés de títulos de especialista obtenidos en países extracomunitarios y obligando a los especialistas a realizar funciones de especialidades que no les son propias". Unas críticas a las que se han sumado organizaciones civiles como la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Amnistía Internacional (AI), el Circulo de la Sanidad (CS) y Sociedad Civil para el Debate (SCD).
Desde Galicia piden "solvencia financiera"
Desde delegaciones como CESM Galicia reclaman, además, que la sanidad pública "cuente con una solvencia financiera, con un aumento progresivo de la financiación para adecuarla a la media de los países europeos de nuestro entorno". Piden, también, que las horas de guardia computen para la jubilación y se remuneren por encima de la jornada ordinaria, la jubilación flexible y voluntaria entre 60 y 70 años o la declaración de profesión de riesgo con reconocimiento del contagio de coronavirus en sanitarios como enfermedad profesional.
Inciden en la necesidad de "aplicar criterios consensuados y homogéneos en todas las comunidades autónomas, en línea con las recomendaciones de expertos de reconocido prestigio, para enfrentarnos a la pandemia provocada por la covid-19 de una manera más efectiva".
Al paro no se han sumado sindicatos médicos como Metges de Catalunya (MC) que, sin embargo, considera una "aberración" el Real Decreto ya que, subraya, implica medidas que conllevan, por un lado, un "abuso intolerable e inaceptable de la disponibilidad de los profesionales de la salud", y por otro, un "peligro evidente para la calidad y la seguridad asistencial de los pacientes". MC indica que comparte los motivos que justifican la huelga general de médicos y "deja a criterio de sus afiliados sumarse o no al paro "dada la situación actual de la pandemia en Cataluña".
