Los sanitarios de prisiones vuelven a alzar la voz para denunciar su situación. Tachan de "decepcionante, deprimente y descorazonador" el último encuentro con los responsables de Instituciones Penitenciarias para abordar el traspaso de competencias de la sanidad de las prisiones a las comunidades autónomas. Además, continúan denunciando la "precariedad" de sus condiciones laborales. La segunda ola del coronavirus no les resulta ajena: la situación va camino de desbordarse, aseguran, y se ha multiplicado por cinco el número de positivos con respecto a la primera.
Los últimos datos oficiales publicados el pasado miércoles por Instituciones Penitenciarias hablan de 151 casos positivos por covid-19 entre los trabajadores y 165 entre los internos. Los acumulados desde el pasado 22 de junio, son 356 y 377, respectivamente. Además, en observación médica o cuarentena, están 293 trabajadores y 764 internos.
Aumento de los contagios
"En la estadística del miércoles recogen 377 casos -acumulados positivos- pero desde esa fecha hasta hoy estamos casi en los 400", señala a Vozpópuli el representante de CESM Prisiones, Pedro Antonio Martínez Sánchez, médico del Centro Penitenciario de Ocaña II (Toledo). Añade que, en la estadística oficial hablan desde el 22 de junio, "pero hasta agosto no ha habido casi casos", mientras que la situación, ahora, asegura que "va camino de desbordarse; se ha multiplicado por cinco el número de positivos con respecto a la primera ola". Como ejemplo, señala que, desde marzo al 21 de junio, los acumulados positivos solo fueron 85.
Martínez Sánchez lo cuenta desde una prisión en la que, asegura, este mismo viernes se ha aislado a otros 80 internos por covid-19. "Con lo que a la estadística oficial habría que sumar, al menos, los de nuestro centro y pasarían de los 850 internos en cuarentena", precisa.
Medidas en Ocaña I por el avance del virus
Precisamente este viernes, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha dispuesto esta mañana nuevas medidas contra la Covid-19 en el Centro Penitenciario de Ocaña I. Las medidas adoptadas, con una vigencia inicial de tres semanas, son la suspensión de todas las comunicaciones, ordinarias y especiales; de todas las salidas de permiso, programadas y cualquier otra salida salvo por causas de fuerza mayor, situación de necesidad, por razones judiciales o sanitarias imprescindibles.
Además, sólo se permitirá el acceso al personal funcionario y laboral, y al personal extra penitenciario cuya labor sea indispensable. Estas disposiciones, indican, se toman tras apreciar una elevada incidencia acumulada en los últimos 14 días en la comunidad de Castilla-La Mancha y, en particular en la provincia de Toledo.
Una situación crítica para los sanitarios
Una situación crítica, asegura Martínez Sánchez, si se tiene en cuenta que, tras aprobarse una PNL el pasado 10 de septiembre en la que se urgía a la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema de las comunidades autónomas y a la equiparación salarial de los profesionales sanitarios penitenciarios, apenas si se han dado pasos adelante y sus condiciones laborales siguen siendo de absoluta "precariedad".
El pasado febrero, antes de que estallara la pandemia, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato de Enfermería SATSE daban un golpe sobre la mesa para denunciar los "graves problemas" de la sanidad penitenciaria en España. Una situación que viene de lejos por el retraso de 17 años en la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas.
En España, unos 220 médicos y 500 enfermeras atienden en las prisiones españolas (66 centros penitenciarios; 11 centros reinserción y dos psiquiátricos) a una población de entre 50.000 (la fija) y 70.000 reclusos (la que va rotando). El 90 % de los facultativos tiene más de 50 años y el 30 % podría jubilarse ya. Quedan por cubrir otras 220 plazas.
Esta misma semana el Consejo de Ministros aprobaba una nueva Oferta de Empleo Público (OEP) que destina 1.063 nuevas plazas para Instituciones Penitenciarias, de las cuales, subraya el médico, solo 91 son para el área sanitaria ante la pandemia de la covid-19.
Una sanidad aislada del resto
"Prefieren mantener la sanidad penitenciaria aislada del sistema sanitario público, como un gueto. Aislados los profesionales tanto formativa, como profesionalmente. Aislados informáticamente (no tenemos acceso a los historiales clínicos de los ingresos, no podemos conocer los resultados de analíticas o pruebas radiológicas hasta que llega el resultado, a veces semanas después en papel...)", se queja el médico.
Aislados, también, asegura, de la red de salud mental -es casi imposible derivar a enfermos mentales a dispositivos comunitarios al no formar parte de los servicios sanitarios sanitarios de las comunidades, precisa- y ese "aislamiento nos impide realizar nuestro trabajo y lo sufren las personas privadas de libertad".
Las críticas de Pedro Antonio Martínez Sánchez no cesan porque, considera, la sanidad penitenciaria suma años de descuido. Cita como ejemplo, que se está colocando a interinos "en lugar de sacar las plazas a concurso y manteniendo durante años a médicos en prácticas, en muchos casos sin nadie que les apoye y pendientes de concursos de traslados".
Una reunión sin resultados
Y, sobre todo, se queja de que, el Ministerio del Interior ha desoído, una vez más, "la voluntad popular, no haciendo caso al poder legislativo (al Parlamento), que por medio de una PNL, le apremia para que lleve a cabo la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas".
Así, Martínez Sánchez califica de "decepcionante, deprimente y descorazonador" el encuentro reciente que mantuvo junto al secretario general de CESM, Gabriel del Pozo, con Ángel Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias. Desde el Ministerio del Interior, continúa, admiten conocer el problema y comparten la solución, pero, dieciséis meses después de la última reunión, los representantes de CESM constataron "que no se ha avanzado nada".
Un escenario que les hace estar "tremendamente preocupados" por el futuro de la sanidad penitenciaria, pues "parece que piensan dejar que el sistema colapse y tal vez después externalizar la sanidad, es decir, privatizarla".
Desde Instituciones Penitenciarias, aseguran que la Secretaría General ha trabajado desde el primero momento a fondo para que, efectivamente, las comunidades autónomas asuman las competencias en materia sanitaria y que las conversaciones con varias regiones, como Navarra y Baleares, "estaban muy avanzadas", pero, indican, la llegada de la pandemia ha paralizado esas conversaciones.
