Los médicos de los 66 centros penitenciarios españoles están "muy, muy preocupados" por los rebrotes de coronavirus que salpican la geografía. "Los permisos salen a todos los sitios y es muy complicado", señala Pedro Antonio Martínez Sánchez, médico en el centro penitenciario Ocaña II (Toledo) y representante de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM)-Prisiones. Critica, además, que no existe un protocolo común en la 'nueva normalidad' de las prisiones -cada centros hace lo que puede y considera- y denuncia el "sentimiento de abandono y dejadez" que padecen.
El pasado mes de febrero, justo antes de que estallara la pandemia, CESM y el Sindicato de Enfermería SATSE denunciaban los "graves problemas" a los que se enfrente desde hace muchos años la sanidad penitenciaria. Entonces no descartaban, incluso, llegar a la huelga para revertir una situación que viene de lejos: 17 años de retraso en la transferencia de las competencias a las Comunidades Autónomas.
Con el coronavirus todavía como una amenaza en ciernes, los sanitarios ponían sobre la mesa un panorama sangrante: en España, unos 220 médicos y 500 enfermeras atienden a los 66 centros penitenciarios; 11 centros reinserción y dos psiquiátricos para una población de entre 50.000 (la fija) y 70.000 (la que va rotando) internos. El 90 % de los facultativos tiene más de 50 años y el 30 %, podría jubilarse ya. Quedan por cubrir otras 220 plazas.
Descoordinación en la 'nueva normalidad'
La situación provocada por la crisis sanitaria desatada por la covid-19 no les resulta ajena. Los rebrotes les inquietan muchísimo ahora que la 'nueva normalidad' ha llegado a los centros penitenciarios. "El resultado es que hay 66 modelos distintos de medidas adoptadas; si sale bien todo, perfecto y si sale mal, la responsabilidad es de los centros, nunca suya (de Instituciones Penitenciarias) por su incapacidad de establecer medidas uniformes. ¿Alguien se imagina que 60 centros de salud de una misma provincia actúen todos de modo distinto?", se pregunta Pedro Antonio Martínez en conversación con Vozpópuli.
Pedro Antonio Martínez alude a la última instrucción de medidas de 'Nueva normalidad' remitida a los centros penitenciarios por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias el pasado 25 de junio y a la que ha tenido acceso Vozpópuli. El documento se refiere a las medidas de contención en el ámbito penitenciario con motivo de la emergencia por la covid-19. En la instrucción se deja en manos de la dirección de cada centro la adopción de las medidas que procedan en función de "los recursos y peculiaridades" de cada establecimiento. "Se mueve una vez más en la ambigüedad; lo deja todo a criterio del médico de cada centro", critica el representante de CESM en prisiones.
"Hace unas indicaciones sanitarias generales. Todo pasa por el médico que lo vea. Al final es como siempre: el ejército de Pancho villa. Cada centro hace una cosa. Si un recluso no tiene fiebre y llega de permiso pasa al módulo porque según esa instrucción no tiene que guardar cuarentena. En otros, sí la hacen. En unos son 14 días; en otros 10; en el mío, hemos decidido que siete para los ingresos de libertad y los permisos. Pensamos no se podía pasar de todo a nada. Por tener alguna precaución, porque mirándole a los ojos (al interno) no sabemos y como no tenemos test...", añade.
Pruebas para los internos ante los rebrotes
Es precisamente una de las reclamaciones de los médicos de las prisiones. Disponer de pruebas serológicas fiables para los internos. Algunas prisiones, explica Martínez, compraron test para los reclusos (la mayoría, test rápidos). Otras no. Cada centro, insiste, adopta las medidas que considera convenientes sin directrices claras por parte de Instituciones Penitenciarias más allá de esa circular.
A mediados del pasado mes de junio, los centros penitenciarios comenzaron su particular proceso de 'desescalada'. Aquellos de las provincias que habían superado la fase 0 del plan diseñado por el Gobierno comenzaron a retomar las comunicaciones de los internos con sus familias (actualmente sólo se permitían llamadas y videollamadas) y los reclusos pudieron volver a disfrutar de los permisos ya concedidos. También se autorizaron de nuevo los traslados ordenados por las autoridades judiciales, por razones médicas y por cuestiones de seguridad.
En la circular remitida a los directores el 25 de junio, se indica, en el apartado de permisos de salida, que con el fin de detectar posibles riesgos de coronavirus "se procurará fijar el regreso de los permisos en día laborable y jornada ordinaria de trabajo con la finalidad de posibilitar que, en caso de detectarse o advertirse indicio o síntoma alguno relacionado con tal enfermedad, pueda la persona ser vista por el personal sanitario del centro".
La transmisión, más fácil en recintos cerrados
Se remite nuevamente a la instrucción de medidas de 'Nueva normalidad' de Instituciones Penitenciarias y al capítulo dedicado a las comunicaciones de los internos y critica lo "ridículo" del planteamiento en el caso de los 'vis a vis'. En la parte que habla de las comunicaciones íntimas, además de que la persona autorizada deberá firmar y entregar una 'declaración responsable', ambos comunicantes 'deberán portar mascarilla tanto para la entrada en la sala donde se celebre la comunicación como a la salida'. "¿Y qué si van a tener relaciones íntimas?. No sé qué ganamos con eso", inquiere el médico.
Es verdad, añade, que en el anexo que se firma tienen que decir que no están enfermos. "Nosotros por ahora, en las comunicaciones, no hemos establecido cuarentena en nuestro centros; pensamos que la persona que va a comunicar, si sabe que está enferma, no querrá transmitirlo a su pareja y si son comunicaciones familiares, tampoco. Luego hay casos muy particulares, si hay alguien que es capaz de meter droga, por desgracia, aunque es minoritario, existe y a lo mejor esa persona, bajo determinados efectos, no es muy consciente del peligro", apunta el facultativo.
"Los rebrotes nos salpican un montón porque las comunicaciones vienen lógicamente del exterior. Nos preocupan también los permisos", señala el médico de Ocaña II
En Ocaña II, como en todos los centros penitenciarios, subraya el médico de la cárcel y pese a no haber registrado casos positivos de la covid-19, están muy preocupados por los rebrotes. "Hay un montón por todas partes; antes, claro, era más fácil. Pero ahora es más complicado. Son centros cerrados y la transmisión es mucho más fácil. Puede afectar a mucha gente que tenemos delicada. Los rebrotes nos salpican un montón porque las comunicaciones vienen lógicamente del exterior. Nos preocupan también los permisos", incide el médico.
83 aislados en la prisión de Zuera
Pedro Antonio Martínez apunta a la prisión de Estremera (Madrid) como el centro penitenciario que ha tenido más casos de coronavirus. Ha llegado a tener ocho módulos cerrados. Ahora, explica Martínez, la situación ha mejorado y el centro que tiene más casos de aislamiento preventivo, 83, es la prisión de Zuera (Zaragoza). El aislamiento se produce tras el contacto con un interno, trasladado ya a la prisión de Ponet (Lérida), donde se concentra uno de los mayores rebrotes de toda España.
"Deberíamos tener la misma coordinación que otros centros, por ejemplo residencias de mayores, tienen con su comunidad autónoma", dicen desde CESM-Prisiones
Según informa el 'Heraldo de Aragón' funcionarios de este centro han exigido que les hagan los test para ver si han sufrido contagios. El sindicato Acaip-UGT ha pedido que se hagan las pruebas tras la recuperación de la actividad habitual o la normalización del trabajo en los talleres o salidas al exterior.
"Deberíamos tener la misma coordinación que otros centros, por ejemplo residencias de mayores, tienen con su comunidad autónoma. Con nosotros, no es así. Cada uno adquiere test o toma medidas por su cuenta. Lo suyo sería que este protocolarizado oficialmente, no en función de la relación que tengas con cada servicio sanitario de tu comunidad".
Precisamente en Cataluña, donde al igual que en el País Vasco sí están transferidas las competencias en materia sanitaria, el Departamento de Justicia de la Generalitat ha suspendido las visitas en el locutorio y las comunicaciones vis a vis en la cárcel de Ponent. Según ha informado el Gobierno, los familiares tampoco podrán llevar paquetes ni hacer transferencias de manera presencial.
SATSE acusa al Gobierno de seguir echando "balones fuera"
Por su parte, el Sindicato de Enfermería SATSE, recibió esta semana respuesta del Defensor del Pueblo a su reclamación sobre el traspaso de la sanidad penitenciaria y asegura que ha constatado que "tanto el Gobierno central como los de las comunidades autónomas, siguen echando 'balones fuera' para justificar su claro desinterés por mejorar la atención sanitaria que se presta en los centros penitenciarios y las condiciones laborales de sus profesionales sanitarios".
Tras la carta remitida el pasado mes de febrero al Defensor del Pueblo, junto a CESM, denunciando "el progresivo deterioro de la sanidad penitenciaria" y demandar su traspaso a las comunidades autónomas, SATSE ha sido informado de los contactos mantenidos entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y los gobiernos de distintas comunidades autónomas y "no ha visto ningún avance significativo" a pesar del supuesto interés demostrado públicamente por ambas partes para propiciar el traspaso competencial.
El sindicato cita a Navarra, Castilla y León, Murcia, Baleares, Canarias, Andalucía, Asturias y Aragón como las únicas comunidades que hasta el momento han facilitado información y concluye "que ninguna administración quiere responsabilizarse de la falta del acuerdo que permitiría el traspaso de la sanidad penitenciaria al conjunto de autonomías".
SATSE incide en que "siguen coexistiendo dos sistemas sanitarios públicos" que están desarrollando sus funciones de "forma paralela, duplicando, en ocasiones, recursos", y que no mantienen unos canales de "comunicación y coordinación adecuados".
