España es el país con mayor grado de desigualdad de los 27 estados de la Unión Europea. El problema se ha desbordado en los últimos años a la sombra de la crisis, pero sobre todo por las políticas implementadas para combatirla, que, según sostienen los expertos, están dando lugar a una sociedad con tendencia a la polarización y a la diferenciación entre los que más tienen y los que menos, o los que directamente ya no tienen nada. El preocupante aumento de la pobreza, pero sobre todo el repunte de las desigualdades, es lo que conduce a la fracturación social. Un camino de no retorno hacia un inevitable cambio de modelo.
La desigualdad se ha convertido en una preocupación de primer orden, por lo que diferentes instituciones se han encargado de su estudio, desde el Consejo Económico y Social (CES) de España o la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), hasta la propia OCDE. Las conclusiones de los últimos estudios en este terreno no son nada halagüeñas, y las tesis de los expertos, aún más alarmantes. Los informes coinciden en apuntar que estamos ante un proceso de graves consecuencias sociales. El último dossier elaborado por Economistas sin Fronteras –Desigualdad y ruptura de la cohesión social- presentado esta semana, recopila las investigaciones de reconocidos estudiosos del mundo de la economía y concluye que las políticas de austeridad no son neutrales en términos distributivos, ya que las rentas más altas han sufrido un impacto mucho menor que las medias y bajas.
De no redirigir el Gobierno su estrategia y apostar por otro tipo de mecanismos que incentiven el consumo y distribuyan el coste de la crisis de forma más equitativa –advierten-, el escenario que se vislumbra es tan negro que la mera recuperación económica no será suficiente para solventar lo que consideran un desastre. “La precarización salarial, la debilidad de la dignidad del individuo y, en definitiva, el modelo de exclusión social no cambiarán si no se toman decisiones distintas”. La crisis económica se ha transformado en una crisis de tipo social y el futuro dibuja una España más pobre.
La mera recuperación económica no será suficiente para solventar lo que consideran un desastre que cambiará la sociedad de forma radical
El Ejecutivo no tiene intención de modificar el rumbo de su política económica, pero, consciente de la situación, ha planteado un 'Plan integral de Acción Social contra la pobreza' para el que pide mayor colaboración de las administraciones públicas. El propio PP utiliza en su argumentario la encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja que uno de cada cinco ciudadanos residentes en España se encuentra por debajo del umbral de pobreza, es decir, vive con menos de 7.355 euros al año. España se sitúa, junto a Rumanía, Bulgaria y Grecia, entre los países de la UE con una mayor tasa de población en riesgo de pobreza, casi el 22% frente al 17% de la media europea, según los datos que manejaba Eurostat en 2011.
"Nunca he visto nada igual, tanto aumento en tan poco tiempo". Quien lanza esta afirmación es Luis Ayala, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos I y experto en el análisis de la desigualdad económica y social. Tras años de investigación, apunta que “la conclusión es que estamos en una situación de riesgo”, y lo que es peor: “no es pasajero”. Para Ayala, la red de protección social en España es más deficiente que en otros países y ahí radica el problema. Haciendo una retrospectiva, explica cómo en la década de los 80 se produjo una gran reducción del grado de desigualdad, mientras que en los años 90 la tendencia fue la contraria. Sin embargo, desde los últimos años de los 90 hasta el 2007, año de estallido de la crisis, las desigualdades y el nivel de pobreza se mantuvieron practicamente estables y no se redujeron a pesar del periodo de bonanza. "El modelo imperante conseguía crear empleo, pero no reducir la vulnerabilidad de los sectores con sueldos más bajos y afectados por la precariedad". Según el profesor, la capacidad distributiva de las prestaciones sociales cayó en este periodo y no se aprovechó el ciclo expansivo para reducir las desigualdades.
La renta media de los españoles en 2012 es inferior en términos de capacidad adquisitiva a la de 2001 y mientras los hogares más ricos han mejorado, los menos favorecidos han sufrido un drástico empeoramiento
Descenso de la renta media a niveles de 2001
El descenso de las rentas en la situación de crisis actual es lo que ha hecho estallar los indicadores de desigualdad. La renta no es suficiente para justificar la hipótesis del cambio de modelo social, pero sí constituye la primera señal de alarma. Según datos del INE, la renta media de los españoles en 2012 (18.500 euros) es inferior en términos de capacidad adquisitiva a la de 2001, es decir, tenemos que hacer frente a las subidas de precios actuales con prácticamente lo mismo en el bolsillo que hace más de diez años. Desde 2007 la renta ha sufrido una caída de cerca del 4%, mientras los precios se han elevado alrededor de un 10%. Todo ello ha provocado que desde ese año la renta disponible del hogar medio español haya caído más de un 10%. Sin embargo, no todas las familias han sufrido este descenso puesto que se ha producido una ampliación de las diferencias entre los extremos de la distribución de la renta. Así, la mejora relativa de los hogares más ricos contrasta con el drástico empeoramiento de los menos favorecidos.
Son muchos los economistas que coinciden al afirmar que el reparto de los costes de la crisis no han sido equitativos. Es la tesis que sotiene, entre otros, Rodolfo Rieznk, profesor de Economía Internacional de la Universidad Pontificia de Comillas y miembro de Economistas sin Fronteras, que denuncia la "perversidad del ajuste". Para que una sociedad sea más igualitaria -señala- es necesario aumentar el gasto social. Cuanta más cobertura social, menos desigualdad. Ésa es la fórmula de países como Suecia y sus vecinos escandinavos, sociedades basadas en la igualdad de oportunidades. Para Rieznk, en España aún hay márgenes que permitirían evitar recortar cada vez más en gasto social, como por ejemplo la puesta en marcha de mecanismos que incentiven el consumo (pese al endeudamiento) y la persecución del fraude fiscal. "El problema es que no hay ninguna voluntad de hacerlo".
