La construcción descontrolada en España durante las últimas dos décadas ha tenido resultados demoledores para las costas. Entre los años 1987 y 2005, la edificación masiva fue de la mano de la destrucción del litoral y durante ese periodo se destruyeron dos hectáreas al día en los primeros 500 metros de costa, o lo que es lo mismo una superficie similar a 8 campos de fútbol. En la actualidad, con la actividad urbanística congelada desde 2008, el riesgo que se percibe en las zonas costeras no es tanto la construcción desaforada, como la cantidad de suelo declarada como urbanizable, que amenazaría los municipios litorales en el momento en el que se vuelva a poner en marcha la maquinaria de la construcción.
El documento 'Destrucción a toda costa 2013', elaborado por Greenpeace, advierte de que el 23% del litoral está urbanizado, aumentando hasta el 43% en la vertiente mediterránea. En concreto, la Comunidad Valenciana, Baleares y las Islas Canarias son las comunidades que han destruido su costa más rápido durante ese periodo y destaca las provincias de Castellón o Valencia que, "durante los años de la burbuja inmobiliaria, ha urbanizado casi tres cuartas partes de su litoral".
La responsable de la campaña de costas de Greeenpeace, Pilar Marcos, ha señalado a Calp (Alicante), Calvià (Mallorca), Chiclana de la frontera (Cádiz), Cubelles (Barcelona), Oliva (Valencia), Orpesa (Castellón), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), Vera (Almería) y Zierbena (Vizcaya) como los municipios "top 10" que "mayor tasa de destrucción" han registrado en estos 18 años.
La demanda de construcción en la costa volverá
A pesar del parón en la construcción debido a la crisis, la responsable de la organización ha destacado que la "principal amenaza es todo el suelo que ya está rotulado como urbanizable y que está esperando a tiempos mejores para poder construir". Los ecologistas prevén que la demanda de viviendas en zonas costeras siga siendo fuerte, "reforzada por los impulsos turísticos europeos y nacionales", y denuncian la permisividad de normativas como la nueva Ley de Costas, que podría derivar en un colapso del litoral mediterráneo en un plazo de 124 años.
La organización ha recordado que en otoño presentarán una queja ante la UE para que evalúe si la ley incumple directivas comunitarias, y ha pedido a los ayuntamientos, "que tienen mucho que decir respecto a la ordenación de la costa española", que se declaren "insumisos" en la aplicación de la nueva norma.