Madrid amanece lluvioso. Es jueves y la Acampada Bankia lleva cuatro días montada en la sede de la entidad bancaria en la Plaza Celenque. Unas 50 familias decidieron el pasado lunes asentarse allí y no moverse hasta que el banco les diera una solución para evitar los desahucios a los que se ven abocados. Cada seis horas se turnan para que día y noche haya un grupo de personas junto a las puertas de cristal y metal del edificio, que sirven, además, para guarecerse de la lluvia. Una discreta presencia policial, de apenas 5 agentes, vigila desde el otro lado de la cera.
“Nos han dicho que podemos estar aquí”, asegura Dani, una de las personas que está acampando. Él explica que a pesar de varias reuniones con la entidad financiera no han logrado llegar a un acuerdo. “Nos han dicho que vayamos cada uno a la sucursal en la que tenemos la hipoteca y que tratemos el tema con el director de la misma. Ya nos hemos recorrido las sucursales antes de llegar aquí”, asegura. Desde Bankia sostienen que la entidad “siempre tiene una actitud negociadora independientemente de que haya manifestaciones o no” y que las respuestas a los afectados se darán a través de las oficinas en las que se firmaron las hipotecas.
Mientras Dani y sus compañeros estaban acampados a las puertas de Bankia, los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunían el miércoles para, entre otros asuntos, examinar un informe elaborado por una comisión de siete jueces en el que se criticaba “la mala praxis de las entidades bancarias” respecto a los desahucios. En el texto, los jueces proponían además que las ayudas del Estado que han recibido los bancos se extiendan a los clientes sobreendeudados siempre que sean de buena fe y que la dación en pago, es decir que la entrega de la vivienda sirva para cancelar la deuda, sea “una regulación imperativa en determinadas circunstancias”. Los componentes del CGPJ decidieron no debatir dicho informe ni asumirlo como propio.
Situación desesperada
Esta decisión, es según Dani, “un ejemplo más del despotismo que existe en las élites políticas, financieras y judiciales, que se protegen entre ellos”. Mientras pronuncia estas palabras se entera del suicidio en Granada de un hombre que iba a ser desahuciado esa mañana. “Esta situación te lleva a la desesperación”, asegura Dani que destaca la importancia de apoyarse en un grupo como el que componen los miembros de la acampada. “La gente que lucha es un apoyo y ayuda a mantener tu dignidad intacta. Te hacen sentir que no eres tú el culpable, que no es posible que estés en esta situación solo por un error tuyo”.
Otro de los miembros del grupo que está acampado en el centro de Madrid es Rosa, que el martes consiguió aplazar el alzamiento de su vivienda hasta el próximo 15 de noviembre. “He pedido la dación en pago y el alquiler social, pero en el banco me los han negado. No puedo hacer frente a los 1.200 euros de hipoteca de mi casa. La nómina de mi marido ahora es de 1.000 euros. Antes, cuando compramos la casa, ganaba más por las horas extras” explica. Rosa asegura que ha intentando buscar un piso de alquiler por la zona donde vive para que su hijo de 8 años no tenga que cambiar de colegio, pero no ha encontrado nada que pueda pagar. “Mi hijo me pregunta adónde iremos cuando nos desahucien y yo no lo sé”, relata.
A pocos metros de ella, Sandra narra su caso. "Un abogado del banco me ha dicho que si pago 14.000 o 16.000 euros se puede paralizar el proceso de desahucio, pero es que yo no tengo tengo de donde sacar ese dinero", explica. "Hace dos años que no tengo trabajo y desde hace 18 meses tuve que dejar de pagar la hipoteca", dice Sandra, que añade que con esta situación está sufriendo problemas de ansiedad. Tanto Rosa como Sandra son inmigrantes, un colectivo que, según Dani, está más involucrado en la lucha "quizá porque no tengan una red familiar que les ayude como los españoles y ya no tienen nada que perder".
