La organización FACUA-Cosumidores en Acción lleva meses denunciando los recortes que el Gobierno viene llevando a cabo y que afectan a los intereses de los consumidores y usuarios, especialmente en materia de educación y sanidad. Hace poco más de quince días recibía una carta del Ministerio de Sanidad, a través de Pilar Farjas, directora del Instituto Nacional de Consumo, en la que se les daba un plazo quincenal para retirar las campañas de protesta social bajo amenaza de, en caso contrario, sacar a la organización del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios por "extralimitarse en sus funciones".
Para FACUA, es una amenaza que nunca se ha dado en la historia de la democracia española, con la que el Gobierno "pretende impedir que la asociación defienda los derechos básicos de los consumidores, como son la protección de la salud y sus legítimos intereses económicos y sociales". "Si no protestamos ante los recortes estamos desobedeciendo nuestro mandato constitucional de proteger a los consumidores", explica Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.
Por su parte el Gobierno considera que las críticas a las medidas adoptadas en materia de educación, sanidad y sobre la subida del IVA son una "extralimitación de sus fines legítimos", ya que los estudiantes o pacientes del Sistema Nacional de Salud no son consumidores como tal, sino "receptores de una prestación de servicio público que les facilita la Administración Pública", de manera que las críticas de FACUA no se encuadran dentro de la defensa de los derechos legítimos de los consumidores.
"Es una amenaza que nunca se ha dado en la historia de la democracia española, pero no nos vamos a callar", explica Rubén Sánchez, portavoz de la organización
Según Sánchez, un mes antes de aprobar el llamado 'medicamentazo' el Ejecutivo les pidió su opinión al respecto diciendo que estaban obligados a consultarles porque es un asunto que afecta a los usuarios, y un mes después "nos amenaza y nos dice que no podemos hablar de sanidad pública, de manera que sus alegaciones se responden solas".
La decisión de 'ilegalizar' FACUA supondría sacarla de los órganos consultivos a nivel estatal, como el Consejo de Consumidores y Usuarios, perdiendo el derecho a opinar sobre las normas que afectan a este colectivo en trámite de audiencia, además de perder las subvenciones.
La respuesta de la organización ha sido clara: "no nos vamos a callar ni vamos a dejar de luchar contra los abusos, vengan de donde vengan", aseguraba la secretaria general, Olga Ruiz. De hecho, han presentado el manifiesto "Contra la ilegalización de FACUA, por la libertad de expresión", presentado el pasado miércoles en el Ateneo de Madrid en un multitudinario acto donde estuvieron aropados por representantes de partidos políticos, sindicatos y distintas organizaciones, suscrito por medio centenar de actores, periodistas y otros personajes públicos. También el portavoz anunciaba que no van a retirar ninguna de las campañas y que pondrán en marcha otras nuevas: "Lanzamos una llamada a la movilización ciudadana. Se puede empezar por FACUA y seguir por otros más débiles", declaraba Rubén Sánchez.
Poco interés de la Defensora del Pueblo
Un día después de que terminara el plazo otorgado por Sanidad, FACUA también hacía público que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, había rechazado la petición de amparo solicitada por la organización después del 'aviso' de Sanidad. En la carta de respuesta de Becerril se sugería una revisión de las campañas llevadas a cabo por la asociación, "por si, en algún caso, se hubiera o hubiese producido alguna actividad que no encaje en los fines que deben presidir las actuaciones de las asociaciones de consumidores y usuarios".
Becerril rechaza la petición de amparo y les sugiere que revisen sus campañas 'por si hubiera alguna actividad fuera de los fines de la asociación'
En el documento, Becerril no hace ninguna sugerencia al Ministerio de Sanidad ni a la presidenta del Instituto Nacional del Consumo, Pilar Farjas, argumentando que "no se ha dictado acto o resolución alguna por parte del mismo, no siendo posible pronunciamiento alguno al respecto".
La respuesta de la Defensora del Pueblo es para FACUA una negativa a asumir las competencias que posee sobre "protección y defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Es especialmente grave que si ha entendido que de momento no puede siquiera analizar la cuestión, se tome la licencia de sugerir a la parte que pide su amparo frente a un abuso de la Administración que revise las campañas que el Gobierno quiere censurarle".
De momento, y a la espera de una posible decisión del Ejecutivo, la organización de consumidores sigue recabando apoyos y su petición por la libertad de expresión sigue recogiendo firmas en la red.
