Los ecologistas anuncian desde el minuto 1 una batalla para tratar de evitar los efectos que, según ellos, tendrá la nueva ley de Costas aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados. Se trata del paso legislativo definitivo después de que el Consejo de Ministros del 5 de octubre de 2012 aprobara el proyecto de ley, que ha estado todo este tiempo en trámite hasta ser aprobado entre protestas de los ecologistas de Greenpeace encaramados al Parlamento.
Y es que son muchas las objeciones de la organización verde Greenpeace a la defensa que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, realiza de su texto. A continuación veremos los argumentos de la cartera dirigida por Miguel Arias Cañete y las objeciones que realizan los expertos de Greenpeace.
- No se va a poder construir donde antes estaba prohibido construir. Aunque el Ministerio anunciaba en letras bien grandes que lo que antes estaba prohibido seguiría estándolo, la responsable de la campaña de costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha indicado al menos dos casos en los que no será así: "Antes estaba prohibido construir en salinas en cualquier caso y ahora se consideran de titularidad privada, por lo que no se corresponden los preceptos del uso público y el titular privado puede hacer lo que quiera con esas marismas. Hablamos por ejemplo de la bahía de Cádiz, donde se podría construir". De igual modo, asegura, ocurrirá con algunos tipos de dunas, "que dejarán de ser de dominio público terrestre" y en las que por tanto se podría construir.
- No se va a enladrillar la costa en algún caso. La nueva ley reduce la Zona de Servidumbre de Protección (ZSP, el mínimo al que se puede construir desde donde rompen las olas) desde los 100 metros hasta los 20 en algunos casos. Según Marcos, "esta franja de 80 metros se podrá urbanizar y antes no se podía, aunque siempre teniendo en cuenta algunos condicionantes" como que tenga acceso a luz corriente.
- Se garantiza la concesión a todos los titulares de bienes inscritos en el Registro de la Propiedad, y se amplía el plazo de las misma en 75 años. Con la ley anterior, 2018 era el año en el que acababan las concesiones que quebrantaban la ley, y que estaban "abocadas a la desaparición". Con la ampliación por 75 años más, asegura el Ministerio, "se mejora la situación jurídica de los antiguos propietarios que se vieron despojados de sus bienes con la ley de 1988". Sin embargo, Greenpeace opina que el Gobierno "habla de viviendas para intentar justificar la norma pero esto también afecta a empresas como Ence, una industria papelera en la ría de Pontevedra, o como el hotel Oliva Beach en las dunas de Corralejo en Fuerteventura". Los propios empresarios, asegura, han sido de los primeros en celebrar esta medida.
- Chiringuitos. En vez de darse las licencias año a año se darán por 4 años. El Ejecutivo argumenta que los 3.000 chiringuitos que hay en todo el litoral "generan 50.000 empleos", y que facilitarles la situación genera una actividad económica sostenible. Desde la ONG se piensa sin embargo que "los chiringuitos nunca han sido ilegales sino alegales", y se pone el foco en que su situación de alegalidad ha hecho que muchos de ellos se ampliaran de forma no controlada por las autoridades.
Conflictos de competencias
Por último, no conviene olvidar que, en un país con una madeja normativa en ocasiones incomprensible, existen normativas autonómicas que ya regularon la distancia mínima de la playa para construir (por ejemplo en Murcia son 400 metros y en Galicia 500), por lo que hay futuros conflictos de competencias a la vista teniendo en cuenta que "Asturias y Andalucía ya se han quejado por la injerencia competencial". Marcos apunta que "podría haber un recurso de inconstitucionalidad a la ley".
La portavoz de la plataforma ecologista pone el ejemplo del gobierno murciano de Ramón Luis Valcárcel, "que tiene mucho interés en construir el mayor resort de Europa que sería Marina de Cope. Algún tramo que se pretende urbanizar está en dunas fósiles que podía justificar que se pudiera construir en ellas. Por otro lado, si los ayuntamientos a los que pertenece este proyecto urbanístico pueden justificar que en el año 88 ya tenían acceso rodado y acometida eléctrica podrían justificar que se quiere urbanizar esta zona. El ministerio de Medio Ambiente le tendrá que dar permiso, y por primera vez, en lo que supone algo muy novedoso en la legislación española, el silencio administrativo significa que sí".
