El Consejo de Ministros aprobaba el pasado 2 de agosto el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales que prevé crear una colegiación voluntaria para algunas profesiones y que se pueda crear a petición de los profesionales, una decisión que ha suscitado especial oposición entre diferentes colectivos, especialmente químicos, arquitectos, ingenieros o procuradores.
El nuevo texto ha puesto en pie de guerra a numerosos colegios profesionales, que se quejan de que el Gobierno pretende crear profesiones de primera y de segunda categoría, y que creen que se perderá la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.
Desde el Ejecutivo basan la necesidad de esta nueva regulación en las peticiones de organismos como la OCDE, el FMI o la Unión Europea. "Actualmente conviven colegios de actividades profesionales libres que no requieren ninguna cualificación, colegios que se refieren a actividades reservadas pero que no requieren de un título universitario y colegios que se refieren a actividades profesionales tituladas", definen.
Además, en su exposición de motivos el anteproyecto explica que un sector como el de los servicios profesionales que genera cerca del 9% del PIB y representa casi un 6% del empleo total y el 30% del empleo universitario debe contar con un marco regulatorio específico y no dejar el actual, que data de 1974.
El Gobierno basa su modificación en que la actual legislación es de 1974 y en que desde OCDE, FMI o UE se pide una nueva regulación para los servicios profesionales
Según la disposición adicional primera del texto, será obligatorio estar colegiado para poder ejercer para los profesionales de la salud -médicos, farmacéuticos, dentistas, veterinarios, enfermeros, fisioterapeutas, podólogos, ópticos-optometristas-, y para ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos, arquitéctos técnicos y otros posibles técnicos competentes, en un colegio competente por razón de la materia. También se menciona la colegiación obligatoria aunque con matices para abogados, procuradores, graduados sociales y notarios y registradores.
Voces en contra
La polémica viene por la diferencia que se va a hacer a partir de ahora entre unas profesiones y otras. Uno de los primeros colectivos en alzar la voz ha sido el de los químicos. "La variedad de actividades en las que interviene un químico hace que no sean percibidas como susceptibles de ser reservadas a aquellos que cumplan los requisitos que sí son exigidos para otros. La normativa comunitaria asegura que debe exigir un control deontológico que suponga seguridad y garantía de calidad para el ciudadano", ha defendido Antonio Zapardiel, decano de los químicos, quien señala que el Colegio tiene previsto presentar alegaciones al texto para "salvaguardar las competencias del profesional químico".
En la misma línea se ha manifestado el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, que ha asegurado que la nueva ley "afectaría a cuestiones fundamentales para la sociedad como son la calidad y el carácter público de la arquitectura y, en último término, hasta la seguridad para el uso de las edificaciones. Violenta de manera clara el actual sistema de garantías de los ciudadanos y mermará la calidad de los servicios profesionales que demanden. Además ignora las funciones de control y garantía pública que realizan los colegios de arquitectos y que, sin coste para el Estado, son posibles desde la colegiación de todos los arquitectos", explican.
Los procuradores afirman que el anteproyecto firmado va a empeorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, mientras que los arquitectos inciden en la calidad de los servicios y la seguridad
Por su parte el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos también ha rechazado el anteproyecto que prevé que se cree una colegiación voluntaria para ellos y que se pueda crear a petición de los profesionales. "La colegiación debe mantenerse en actividades vinculadas a la seguridad y el medio ambiente, como son los proyectos y actividades de construcción de obras civiles o públicas. Con esta decisión los colegios profesionales sin colegiación obligatoria quedan desnaturalizados y se convierten en simples asociaciones profesionales que no pueden controlar el ejercicio de la profesión. Además, el régimen de tutela por la Administración es ajeno a la naturaleza de los colegios profesionales y no tiene sentido", defienden.
También descontentos se muestran los procuradores, que afirman que el anteproyecto de ley firmado "va a empeorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, que retrocederá a situaciones de hace más de 30 años. Se atiene únicamente a criterios económicos, no han tenido en cuenta los verdaderos problemas de los profesionales y del sector", explica Juan Carlos Estévez, presidente de los procuradores.
Desde el Consejo General de Procuradores consideran que las supuestas exigencias que demanda la UE para la aprobación del texto no han sido justificadas ni debatidas por el Ministerio de Economía con los profesionales del sector a pesar de las demandas para hacerlo. A raíz de este texto, hacen un llamamiento al Gobierno "para que comience de verdad a partir de ahora un diálogo con todos los colectivos afectados" por esta normativa.
