Semana movida la que ha vivido Castilla-La Mancha. La supresión del servicio nocturno de urgencias en 21 municipios de la comunidad ha indignado no solo a personal sanitario y vecinos, sino también a sus representantes. Protestas, encierros en hospitales, dimisiones de concejales... Nada ha hecho recular al Gobierno regional salvo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que, ante el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Tembleque, ha ‘tumbado’ la medida de forma cautelar. El cierre de las urgencias nocturnas se ha convertido esta semana en un asunto muy mediático, sin embargo, no es más que la última jugada de una partida que María Dolores de Cospedal inició nada más llegar al sillón presidencial en 2011 y que, con la eficiencia y el ahorro por bandera, está transformando el sistema sanitario castellano-manchego. Cierre de plantas en hospitales, proyectos de privatización, cambios en los protocolos clínicos o recorte de personal, son algunos de los hechos que diversas plataformas y asociaciones vienen denunciando por considerarlos una voladura controlada de la sanidad pública. Medidas que acentúan aún más los recortes impuestos desde Madrid.
El Hospital Virgen de la Luz (Cuenca), considerado de los más eficientes de la región, es uno de los centros que más está sufriendo las consecuencias del ‘tijeretazo’ de Cospedal. Fuentes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cuenca han confirmado a Vozpópuli el cierre del servicio de medicina nuclear, que en su día negó el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM); y el cierre de la planta segunda B, que acogía la Unidad de Corta Estancia y pacientes de Medicina Interna, Nefrología y Endocrinología.
Para evitar cerrar más plantas -y con ello incrementar el malestar de los usuarios- y limitar el número de camas al mismo tiempo, lo que se está intentando es bloquear habitaciones. Según fuentes consultadas por este diario, la Dirección del hospital no quiere tres enfermos por habitación. “Se ha dado la instrucción de que una persona dé la voz de alarma para acelerar las altas y que no surja la necesidad de más camas”, comenta una extrabajadora del Hospital Virgen de la Luz. Sin embargo, la tendencia anterior era reorganizar enfermos en terceras camas en habitaciones habilitadas para dos personas sin tener en cuenta sus patologías. Desde la Plataforma denuncian además prácticas como la realización de TAC con contraste sin la presencian de un facultativo o la externalización del servicio de Radiología a un centro de la localidad de Tarancón, limitando éste en horario y acceso.
El colectivo de enfermeros alerta de una deficiencia importante de profesionales. El número de sanitarios no cumple las recomendaciones europeas
La reestructuración de personal sanitario es otro de los puntos de conflicto. La batería de medidas “de contención de gasto de personal” anunciadas por la presidenta regional en diciembre de 2011 incluía un aumento de la jornada laboral, al tiempo que recortaba la retribución salarial de los trabajadores. La decisión, según se comunicó desde el SESCAM, se basaba en la crisis y atendía a razones económicas. Desde el Sindicato de Enfermería de Castilla-La Mancha, se quejan por sufrir recortes por partida doble. La normativa propia de la comunidad amplía las reducciones y endurece las restricciones impuestas desde el Gobierno central. Entre otras, la retribución por incapacidad temporal es ahora menor, se han reducido servicios sociales y prestaciones y se ha puesto coto a la contratación y el personal eventual, aseguran. Aunque la peor parte se la lleva el colectivo de personas dependientes tras la imposición de tasas por la tramitación y acceso a los servicios de la Ley de Dependencia.
“La calidad del sistema sanitario se está deteriorando de forma alarmante”, denuncia el colectivo de enfermeros, que alerta de una deficiencia importante de profesionales. Un estudio de plantilla realizado a finales de 2011 por el mismo sindicato revela, además del endurecimiento de las condiciones laborales, que los 7.300 profesionales de enfermería que existen sitúan a Castilla-La Mancha por debajo de la media nacional, y lo que es peor, por debajo de las recomendaciones a nivel estatal y europeo. “Ya no hay sustituciones en verano por no hacer gasto en personal”, señalan.
El presupuesto de la Junta de Castilla-La Mancha para 2013 ha sufrido un recorte de algo más del 10% y destinará a Sanidad y Servicios Sociales 140 millones menos, una reducción del 4,5% respecto al año anterior. Sin embargo, "para salvaguardar su continuidad", el gobierno castellano-manchego anunció la privatización de la gestión de cuatro hospitales: el de Almansa, Tomelloso, Villarrobledo y Manzanares. Además se recurrirá a fórmulas de participación "público-privadas" para la construcción de los hospitales de Toledo, Cuenca y Guadalajara. Proyectos faraónicos que permanecen paralizados.
Rebelión por el cierre de urgencias nocturnas
La decisión de prescindir de una veintena de centros de urgencias, los llamados Puntos de Atención Continuada (PAC), por razones de “rentabilidad” no ha evitado que los propios alcaldes del PP se rebelen. Cuatro ediles populares de la localidad conquense de Honrubia presentaron su dimisión como protesta, aunque lo único que ha parado los pies a Cospedal, y solo de forma cautelar, ha sido el TSJ. La presidenta no entiende la suspensión de la medida, ni que la Justicia diga cómo organizar los servicios públicos. La Ley limita en 30 minutos el tiempo de desplazamiento hasta el punto de urgencias y, aunque según ella cualquier castellano-manchego tiene un PAC a 15 minutos, la realidad muestra un panorama muy diferente.
Son muchas las localidades que se encuentran a más de 30 minutos del del PAC que resultaría más cercano con la nueva reorganización. Sirva de ejemplo el caso de Almonacid de Zorita (Guadalajara), cuyo alcalde Rafael Higuera (PP) anunció públicamente su intención de defender a sus ciudadanos por encima de intereses políticos. El de Almonacid uno de los 21 puntos elegidos para desaparecer y cubría a su vez las necesidades de los municipios aledaños. Si finalmente el TSJ se pronuncia a favor del Gobierno, las urgencias se sustituirán por una ambulancia y los vecinos del poblado de Bolarque, Albalate de Zorita, Zorita de los Canes, Sayatón y la urbanización Nueva Sierra, entre otros, estarían obligados ahora a desplazarse hasta Pastrana en caso de urgencia. La distancia entre éste último municipio y Almonacid es de 14 kilómetros aproximadamente, pero si se trata de cualquier otra de las poblaciones que quedarían desasistidas, hablaríamos de más de media hora de distancia, que variaría según el estado de la carretera (comarcal) y la climatología.
Por ejemplo, la urbanización Nueva Sierra de Altomira (una de las más grandes de Europa), tiene más de 90 kilómetros de viales, cerca de 2.000 parcelas, y una población que aumenta sensiblemente en periodos vacacionales hasta alcanzar los 8.000 habitantes. “¿Para qué queremos una ambulancia en Almonacid si tenemos un infartado en la urbanización? El incumplimiento de la Ley no es un capricho de los vecinos”, señala la alcaldesa de Albalate de Zorita a Vozpópuli.
