Las investigaciones sobre supuestos abusos sexuales cometidos por sacerdotes en Granada continúan, cuando está a punto de cumplirse una semana desde que se conociera la instrucción judicial. El secreto de sumario que se ha decretado sobre estas actuaciones no ha frenado el interés ni las especulaciones sobre un asunto que augura nuevos capítulos.
La gestión de estos supuestos abusos contra al menos un joven, entonces menor de edad, ha llegado a poner en entredicho desde algunos ámbitos eclesiásticos la labor al frente de la Archidiócesis de Granada de Francisco Javier Martínez, quien ha insistido en que actuó de inmediato tras dar verosimilitud a los hechos denunciados. Martínez, sobre el que vuelve a situarse una vez más el foco de la actualidad, suma estos días tanto seguidores como detractores, que han llegado a promover desde internet grupos de apoyo ante los actuales "problemas" de su Archidiócesis y otros que rechazan su gestión y piden su destitución.
El malestar también ha calado en el seno de la propia investigación judicial, caso de la Fiscalía de Granada, que en su único pronunciamiento oficial ha advertido sobre las negativas consecuencias del quebrantamiento del secreto de sumario decretado. El Ministerio Público ha llegado a apuntar en este sentido que la continuidad de la investigación se ha podido ver "gravemente comprometida" por ciertas filtraciones y, de hecho, ha avanzado que mientras que la instrucción siga declarada secreta no proporcionará "datos ni comentarios".
Otras fuentes cercanas a la investigación consultadas por Efe han expresado incluso su preocupación por el hecho de que la denuncia de los supuestos abusos se haya conocido de forma pública muy poco tiempo después de iniciarse la instrucción. Esta circunstancia, han apuntado las fuentes, podría traducirse en una hipotética eliminación u ocultación de pruebas por parte de posibles implicados en la trama, una vez que éstos se hayan podido "sentir investigados".
En cualquier caso, la instrucción judicial iniciada a raíz de la denuncia por supuestos abusos a un joven, que llegaron incluso a oídos del papa Francisco que telefoneó al denunciante, sigue su curso y pronto podrían conocerse más víctimas o incrementarse además el número de responsables.
Además de que puedan sumarse más víctimas, el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, tampoco ha descartado estos días que, del avance del trabajo policial, se sustancien detenciones, si bien no ha llegado a precisar cuándo o cuántas serían. De hecho, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han informado a lo largo de toda esta semana que no había ordenado "por ahora" arrestos por parte del Juzgado instructor.
También está por ver la vertiente económica de la supuesta trama, un aspecto relacionado con la gestión patrimonial de los implicados que, según palabras del propio subdelegado, tampoco "se desdeña" aunque no sea la "línea argumental básica" de la instrucción. La investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada se cierne de momento sobre algo más de una decena de personas, de las que diez serían sacerdotes y dos seglares, indicó por su parte el TSJA.
La causa tiene su origen en la denuncia que un joven de 24 años interpuso en octubre por supuestos abusos sexuales ante la Fiscalía, después de recibir en agosto una llamada telefónica del papa Francisco, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia tras leer el escrito en el que le relató los hechos, ocurridos cuando era menor.
