El Observatorio para la Dependencia publicaba este mes de junio su IX Dictamen semestral sobre la situación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAD), y los resultados volvían a ser desoladores. Según el informe, el sistema se encuentra paralizado desde hace un año, y en algunas Comunidades Autónomas ha entrado incluso en retroceso, lo que supone un empeoramiento en la implantación de la Ley de Dependencia pasando de una puntuación media de 5 puntos, (aprobado justito en diciembre de 2011) a 4,88 en junio de 2012.
El estudio sobre el territorio evidencia que hay comunidades que han comenzado a decrecer en lo que aplicación de la Ley se refiere. La situación de la Comunitat Valenciana, Canarias y Baleares es muy deficiente, con notas medias de 0,4, 2,1 y 2,5 respectivamente. La mencionada nota media se obtiene después de analizar una escala de valoración de la implantación y desarrollo, basada en 12 indicadores. Entre ellos, el número de personas beneficiarias sobre el total de la población, las solicitudes y los dictámenes sobre el total de la población, las personas con derecho reconocido que aún están pendientes de prestación o servicio o la aportación efectiva de las CCAA por habitante y año.
"El 26,3% de aquellos beneficiarios que tendrían que recibir atención no lo están haciendo y siguen en el limbo, cerca de uno de cada cuatro dependientes están a la espera de sus prestaciones. Hay administraciones que a día de hoy ya han gastado todo el crédito disponible para esta partida, y esta valoración se ha hecho sin contar aún con la aplicación del recorte de los 283 millones de euros que elimina el Nivel Convenido de financiación de las CCAA en los presupuestos para 2012, lo que supondrá un nuevo empeoramiento", explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
El 26,3% de los beneficiarios que tendrían que recibir atención no lo están haciendo, lo que supone cerca de 270.000 personas en listas de espera
Según las cifras, actualmente existirían en España unas 750.000 personas dependientes que están recibiendo su atención, pero cerca de 270.000 que permanecen en lista de espera. "Para los políticos y gestores esto simplemente son unos números porque no ven detrás la cara de una persona muy vulnerable y a su familia que están viviendo una situación caótica y angustiosa", comenta el presidente.
Progresivo empeoramiento
En los últimos seis meses ya se han hecho patentes algunos de los recortes que afectan a este sector de la Dependencia, como las 9.000 camas de residencias españolas que se han eliminado o la reducción de la aportación que la Administración General del Estado hacía al sistema. En 2009 esta dotación era del 39%, pasando al 32% en 2010 y al 30% en 2011. Las previsiones para 2012, con el tijeretazo de los 283 millones en la presupuestación, auguran un aporte del 25%, lo que deja el copago en el 10%. "Eso supone que existen 59.000 personas en situación de dependencia que hay que 'sacar' del sistema. O eso, o que las CCAA subvencionen esa diferencia, algo que a día de hoy, con los objetivos de déficit marcados, es prácticamente imposible.
Además, empieza a no respetarse la tasa de reposición, lo que supone que si una persona que percibía atención fallece, esas ayudas que estaban presupuestadas y se utilizaban no pasan a alguien que estuviera en lista de espera, sino que directamente dejan de estar disponibles, algo que Ramírez define como una voz de alarma del ataque que se está llevando a cabo al sistema, un sistema que se inició hace apenas 5 años.
Con los datos en la mano, desde el Observatorio de la Dependencia lamentan la situación de cientos de miles de dependientes y sus familias que se encuentran en una situación complicada, y explican que la propia administración estatal (que prácticamente aporta la misma cantidad que posteriormente recauda) debería reestructurar el sistema, ya que basta echar un vistazo a la pirámide poblacional española para darse cuenta de que es un problema que va a ir en aumento por el envejecimiento de la misma.
"En 2012 la aportación estatal será del 25%. Los políticos sólo ven cifras, y no el rostro del dependiente vulnerable y de su familia viviendo una situación caótica y angustiosa"
"Actualmente se nos está diciendo que los dos sectores en los que crecerá la economía española serán el I+D+i y la atención a personas mayores. La atención en residencias y centros especializados ahora costes de hospitales y entidades no específicas, y este sector produce un importante tejido empresarial, porque genera empleo y promueve el trabajo, algo que ayudaría a reactivar la economía y supondría un reporte de beneficios en términos de retorno económico.
Alumnos aventajados
Sin embargo no todo son notas negativas, ya que pese a la tendencia a la baja, hay comunidades que han logrado un desarrollo notable de sus funciones. Especialmente destaca Castilla y León, que logra una nota media de 9,6 en el último informe, y cuya buena labor se explica en parte por el buen funcionamiento previo de sus servicios sociales. Le siguen en buen resultado País Vasco con un 7,9, aunque rebajó su calificación desde el informe anterior. En tercer lugar destacaría Andalucía, con un 7,5, que sí que subió su nota respecto a diciembre de 2011.
Reforma en ciernes
Precisamente este jueves el secretario de Estado de Política social e Igualdad, Juan Manuel Moreno declaraba en una entrevista que el Gobierno está revisando la Ley de Dependencia y que ésta se reformará probablemente la semana próxima en un intento de hacer sostenible un servicio social "en el que el ejecutivo cree y que quiere mantener".
Según Moreno, Zapatero aplicó las medidas con una gran imprevisión y sin financiación, y ahora los populares tratarán de solventarlo, hablando con todas las CCAA y buscando una homogeneización de la cobertura y especialmente, que se cumplan con los pagos, algo que reconocía que ahora no se está haciendo. "La reforma estará guiada por la sostenibiliadad y la transparencia, priorizando el apoyo a los grandes dependientes", puntualizaba el secretario de Estado.
