El Gobierno pretende recortar 3.134 millones de euros en Sanidad y 828 millones en el Sistema de Atención a la Dependencia (SAD). Así se desprendía del nuevo Plan Nacional de Reformas que el martes se hacía público después de que el Ejecutivo lo remitiese a la Unión Europea. Desde entonces, por la forma en que se ha hecho -casi camuflándolos entre otras partidas- y por la intensidad del tijeretazo, no han callado las voces que piden una comparecencia urgente de la ministra Ana Mato.
En concreto, el ahorro total que se pretende obtener en Dependencia es de 1.108 millones de euros, en una partida que sólo está dotada con 1.087 millones. Esto se refleja en la página 23 del documento, donde explican que se está llevando a cabo una profunda reforma del SAD para racionalizar y modernizar los servicios prestados. "Con la aplicación de las medidas aprobadas el gasto se ha reducido en 599 millones de euros en 2012, estimándose una reducción adicional de 1.108 millones en 2013 y de 571 millones más en 2014", cita el documento.
Desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales prefieren agarrarse a un clavo ardiendo, ya que todavía dicen aferrarse a la idea de que 'estén mintiendo a Bruselas'. Para ello se basan en un baile de cifras al que aún no han encontrado explicación, que hace que mientras que en la página 53 del documento se hable de un ahorro de 339 millones por el aumento del copago y de 489 por la reducción de prestaciones y servicios -un total de 828 millones-, en la página 191 del mismo y bajo el encabezamiento "Reformas clave para los próximos doce meses" se reduce la cifra del ahorro adicional a 628 millones.
"Lo que sí parece una verdad irrefutable es la firme intención de seguir demoliendo el sistema al amparo del famoso Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Además, el recorrido para este año deparará tres nuevos decretos: uno sobre copago que supondría aumentarlo en un 50% o más para los dependientes cuyas CCAA no hubieran acometido ya la reforma -este aumento supone aplicar mayores descuentos a lo que perciben las personas con prestaciones económicas por cuidados familiares-, otro que regulará la aportación estatal según el Nivel Mínimo Garantizado y un tercero sobre la reducción de las intensidades de los servicios", explica José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la asociación.
Para él, es incalificable que la única concreción del ahorro previsto se cebe en los colectivos más vulnerables y necesitados, ya que 'casi uno de cada tres euros de los recortes lo sufren las personas en situación de dependencia y sus familias'. "Decir que se está dejando morir el SAD puede parecer una metáfora pero es la cruda realidad. El resultado será obvio: destrucción de la red de servicios, cierre de empresas del sector, destrucción de empleo privado y público, descenso de la recaudación pública, etc", sentencia Ramírez.
Desde el IMSERSO niegan nuevas medidas
En declaraciones posteriores, el director general del Imserso, César Antón, aseguraba que no existían nuevas medidas de ahorro en el sistema de dependencia, y que los 1.108 millones de euros de ahorro que prevé el plan proceden de actuaciones acordadas en el Consejo Territorial de julio de 2012.
En la página 53 del Plan Nacional de Reformas se habla de un ahorro de 828 millones, mientras que en la página 191 se cifra en 628 millones
Antón explicaba que algunas de las medidas acordadas con las comunidades autónomas el 10 de julio de 2012 y publicas en el BOE del 3 de agosto "tuvieron efectos en los presupuestos de 2012" y que otras, que requerían una aplicación progresiva, han trasladado sus "efectos a 2013 en los presupuestos de las comunidades autónomas y del Estado". "Lo que en el verano de 2012 eran previsiones de ahorro ahora se han reflejado en los presupuestos de 2013 de las comunidades autónomas y el Estado, pero son las mismas, no son nuevas medidas de ahorro", explicaba.
Mato, en el punto de mira
Las reacciones a este último tijeretazo no se hicieron esperar pese a producirse en vísperas de puente. Las primeras manifestaciones venían desde Cataluña, donde la consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, calificaba de 'asedio social' el recorte en dependencia, especialmente en una comunidad donde recordaba que la Generalitat financia el 80% de las ayudas a las personas dependientes y que el Estado sólo aporta el 20%. En la misma línea se mostraba el líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, que tildaba la medida de 'error garrafal'.
Tanto el PSOE como el BNG han pedido una comparecencia inmediata de Mato para explicar estas decisiones que suponen "otro duro golpe para las personas en situación de dependencia" y "la práctica anulación de esta ley, que es uno de los pilares que sustentan el Estado de bienestar", según explicaba Rosana Pérez, diputada del grupo gallego en el Congreso. Más lejos iba la portavoz socialista, quien añadía que la ministra no ha acudido a ninguno de los congresos europeos, "una forma de actuar que dice mucho de ella", según Soraya Rodríguez.
Desde el PSOE recuerdan que Mato no ha acudido a ninguno de los congresos europeos, mientras que CiU o PSC tildan el recorte de 'asedio social' o 'error garrafal'. ICV pide la dimisión de la ministra
Bastante más directa se mostraba la diputada de ICV en la cámara baja, Laia Ortiz, quien directamente solicitaba la dimisión de Mato por ser la 'ministra del Estado del malestar', y añadía que esta medida "es una nueva razón para pedir su dimisión, porque ya tenemos otras acumuladas por los recortes en sanidad y servicios sociales. Es una vergüenza, porque es un sector muy vulnerable que ya ha sufrido recortes presupuestarios y ahora esto significa desproteger a muchas personas que desatendemos", sentenciaba.
Consulta por la Sanidad
Por otro lado, este domingo comienza una iniciativa ciudadana que pretende hacer una consulta a pie de calle sobre la privatización de la sanidad madrileña. Se trata de "un grupo de personas relacionadas con la sanidad, la Marea Blanca y diversos grupos de ciudadanos que participan en organizaciones y movimientos de base" que se han autogestionado para llevar a cabo desde este domingo y hasta el próximo día 10 una consulta en la que los habitantes de Madrid puedan declararse a favor o en contra de la privatización de los hospitales establecidos.
Numerosos voluntarios se han ofrecido a poner 2.500 mesas de votación por diferentes distritos de la capital, y en la consulta podrán participar desde niños, introduciendo un dibujo en la urna, hasta jóvenes menores de 18 años y adultos. Las firmas recogidas se enviarán a las instituciones afectadas. La organización se está llevando a cabo principalmente a través de la web y de las redes sociales (@ConsultaSanidad).
