El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha incoado diligencias por la querella de Alberto González Amador contra dos fiscales de Madrid por revelación de secretos y ha acordado una batería de diligencias con las que arranca la instrucción. Entre ellas destacan varios requerimientos a la Fiscalía para que informe acerca del "máximo responsable en rango" de la carrera fiscal que dio el visto bueno de difundir el comunicado.

En su auto del pasado 14 de mayo, el magistrado instructor se dirige al Ministerio Fiscal para saber expresamente de quien partió la orden de emitir la nota que contenía extractos de los correos que el abogado de González Amador se intercambió con el fiscal que le investiga por presunto fraude fiscal, Julián Salto. Al respecto, pide una copia de la nota publicada el 14 de marzo así como que se indique quienes la redactaron.

A renglón seguido pide que se indique "quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido".

Cita al novio de Ayuso

El órgano que investigará la presunta revelación de secretos reclama igualmente todas las comunicaciones que Julián Salto se intercambió con el abogado fiscalista de la pareja de Ayuso en el marco de la investigación por presunto fraude fiscal abierta contra el empresario a comienzos de año. Asimismo, quiere saber qué personas de la Fiscalía tuvieron acceso a estas comunicaciones después de que las entregara el propio Salto a petición de sus superiores la noche del 13 de mayo.

Del mismo modo, el magistrado del TSJ madrileño cita el 24 de mayo a las 12.00 horas a Alberto Rodríguez Amador y también al Ilustre Colegio de la Abogacía Madrileña (ICAM) en su condición de acusación popular para que ratifiquen la querella y la denuncia interpuestas respectivamente.

La Fiscalía, en el foco

Igualmente ordena que se notifique la existencia de esta causa que ahora arranca ante el TSJ a los dos querellados. Se trata del fiscal Julián Salto y a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. González Amador actuó contra ambos fiscales tras la publicación de la nota informativa firmada por la Fiscalía Provincial de Madrid en la que se aclaró que el abogado del empresario reconoció el presunto delito y ofreció una conformidad.

De hecho, la nota de la discordia se comenzó a trabajar la noche del 13 de mayo cuando el diario El Mundo publicó que la Fiscalía ofreció un pacto a González Amador en el marco de las pesquisas que tenía abiertas y que todavía no se habían judicializado por dos delitos fiscales y falsedad documental.

Horas después de publicarse esta información, ya en la mañana del 14 de mayo, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid hizo pública la nota en la que se recogía un relato cronológico desde la apertura de diligencias fiscales hasta el momento en que el fiscal presentó denuncia ante los juzgados de Plaza Castilla. La misma contenía extractos de las comunicaciones confidenciales mantenidas entre abogado y fiscal del caso.

La emisión de dicha nota propició la reacción inmediata del ICAM que anunció que interpondría denuncia por estos hechos, como así hizo. La denuncia se transformó en querella a petición del juzgado de instrucción número 28 de Madrid en la que recayó y se terminó derivando al Tribunal Superior de Justicia de Madrid puesto que tanto Salto como Rodríguez están aforados.

Las noticias en prensa

Salto está especialmente molesto con lo ocurrido puesto que él simplemente obedeció las órdenes recibidas por superiores la noche del 13 de marzo de entregar los correos intercambiados con el abogado de González Amador. Su declaración y especialmente la de Rodríguez son determinantes para esclarecer de donde salieron las órdenes de elaborar y difundir dicha nota de prensa.

Lo mismo ocurre con Almudena Lastra, fiscal jefa de la Comunidad de Madrid. Lastra se negó a emitir la nota y, ante la insistencia de superiores, pidió que se le ordenara por escrito. De ser llamada como testigo su testimonio es clave. En el auto del juez también se ordena recabar informaciones de una decena de medios de comunicación por las noticias publicadas en aquel momento, por lo que no se descarta que se cite a declarar a los responsables de las mismas.

"Se dirigirá atento oficio a los medios de comunicación que los hayan publicado, a fin de que, por quien corresponda de los citados medios, se certifique sobre la realidad y autenticidad, con expresión de la fecha y hora, en su caso, en que se realizó la publicación, con identificación del periodista o autor de la reseña periodística en cuestión", indica el auto de este martes.

Como informó este medio, la causa se acerca al Tribunal Supremo ante los indicios que apuntan a una posible autoría del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en estos hechos. El máximo responsable de la institución guardó silencio durante un mes acerca del asunto pero en abril asumió la "responsabilidad última" de la publicación de la nota.

Las llamadas cruzadas en la noche del 13 al 14 de mayo y el testimonio de los querellados y testigos será determinante a la hora de apuntar o no hacia la cúpula de la Fiscalía General del Estado. De ser así, la causa se tendría que derivar hacia el Tribunal Supremo por ser el órgano donde está aforado el fiscal general.

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