La crisis de la covid-19 ha vuelto a sacar a la luz las debilidades del mercado de trabajo en España. A finales de mayo, el impacto estimado de esa crisis rondaba 1.290.000 cotizantes a la Seguridad Social sin empleo, tres millones de trabajadores en ERTE y 1,5 millones de autónomos que habían cesado su actividad. Sin las medidas adecuadas, esta crisis puede tener efectos permanentes sobre el mercado de trabajo, la actividad, la desigualdad y el bienestar social. Evitarlo debe ser uno de los objetivos de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, en la que he tenido la oportunidad de intervenir.
¿Por qué España presenta tasas de paro, de temporalidad y de desempleo de larga duración muy superiores a las economías europeas más avanzadas? Con frecuencia se afirma que se debe a la pobre estructura o capacidad productiva de la economía del país. Sin embargo, la evidencia desmiente este argumento. España tiene una estructura y capacidad productiva más elevada que la del 80% de los países en el mundo, pero su tasa de desempleo es más del doble que la de estas economías. La explicación del pobre desempeño del mercado de trabajo español se debe a que las regulaciones, barreras y cargas con las que tiene que funcionar nuestra economía no se adaptan a la capacidad productiva de muchas empresas y trabajadores.
Numerosas microempresas con dificultades de crecimiento y muchos trabajadores desempleados, temporales o en la economía sumergida, están abocados a emparejamientos poco productivos e inestables
La regulación laboral y las políticas activas y pasivas, en comparación con las de otros países europeos más avanzados, son social y económicamente más ineficientes, suponen un lastre para la creación de empleo y segmentan el mercado de trabajo generando desigualdad. Frente a la flexiseguridad de muchas economías del centro y norte de Europa, España destaca por su flexirigidez. Por un lado, las empresas más productivas y los trabajadores cualificados son capaces de generar empleos indefinidos y productivos, sin que esas barreras sean una limitación relevante. Por otro, numerosas microempresas con dificultades de crecimiento y muchos trabajadores desempleados, temporales o en la economía sumergida, están abocados a emparejamientos poco productivos e inestables.
La principal causa de la temporalidad es la diferencia en el grado de protección entre contratos. España combina una elevada indemnización por despido en los indefinidos respecto a otras economías avanzadas y, sobre todo, frente al contrato temporal, más ineficiente pero flexible. A esta dualidad se añade la incertidumbre jurídica si el despido se judicializa. La solución a esta segmentación ineficiente del mercado de trabajo es bien conocida en el ámbito académico, como han destacado muchos economistas y think tanks, como en la propuesta de FEDEA en la crisis anterior, coordinada por J.J. Dolado y F. Felgueroso, o más recientemente BBVA Research o la Fundación Sagardoy.
Para favorecer la contratación estable y proteger a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, particularmente los jóvenes, es necesario conjugar una simplificación efectiva del menú de contratos con un sistema mixto de indemnización por despido aplicable a los nuevos que se firmen. Una parte provendría de una cuenta de ahorro individual (similar a la “mochila austriaca”) con aportaciones periódicas realizadas por las empresas con independencia del tipo de contrato. Otra sería la indemnización adicional bajo un esquema de bonus malus: para los contratos temporales sería constante e inicialmente mayor que una indemnización creciente con la antigüedad para los indefinidos.
Flexibilidad interna
Adicionalmente, España necesita una apuesta decidida por la flexibilidad interna (salarial, tecnológica y organizativa) pactada entre los agentes sociales en el marco de una negociación colectiva más moderna y articulada, hasta donde sea eficiente, en el ámbito de la empresa, como en otros países europeos. La mayor descentralización no está reñida con un sistema de negociación multinivel que delimite bien esta en cada ámbito, en el que la firma del acuerdo de empresa podría complementarse con la adhesión parcial al convenio de ámbito superior (cláusulas opting–in).
Es necesario también mejorar drásticamente las políticas activas, que son cruciales para aumentar la empleabilidad de los trabajadores, mediante la mejora de su cualificación y productividad, y para incrementar la eficiencia en la intermediación entre las vacantes de las empresas y los trabajadores. Estas políticas son particularmente relevantes al ser España el país de la UE con mayor fracaso escolar y abandono temprano. Es crucial reforzar los servicios públicos de empleo y mejorar la coordinación entre administraciones públicas, apostando, sobre todo, por su digitalización para optimizar el proceso de búsqueda y cobertura de vacantes mediante el análisis de grandes bases de datos. Es indispensable un portal nacional de empleo que integre todas las vacantes de las empresas y perfiles de los trabajadores, con las máximas garantías de privacidad, y mejore los emparejamientos mediante Inteligencia Artificial, dando lugar a un auténtico marketplace. Las políticas pasivas y prestaciones deben vincularse a las políticas activas y a la búsqueda efectiva de trabajo.
Los problemas estructurales del mercado de trabajo suponen una debilidad para que España aproveche todas las oportunidades de la transformación digital, como ya hacen otros países
El Ingreso Mínimo Vital recientemente aprobado tiene por delante al menos dos retos. Primero, que las diferentes administraciones públicas se coordinen bien. Segundo, que esta prestación funcione adecuadamente con los programas de activación del empleo, lo que hasta ahora no ha ocurrido con la mayoría de los programas de rentas mínimas ya existentes en las comunidades autónomas. Integrar todas las ayudas públicas existentes en la Tarjeta Social Digital y su compatibilidad con el empleo serán condiciones necesarias para ello.
En el libro reciente La Era de la Disrupción Digital, escrito con Javier Andrés, señalamos que los problemas estructurales del mercado de trabajo suponen una debilidad para que España aproveche todas las oportunidades de la transformación digital, como ya hacen otros países. Por el momento, se observa que las economías que más han avanzado en intensidad digital y automatización muestran en promedio tasas de desempleo y niveles de desigualdad menores. Para converger a estos países será necesario aplicar medidas adecuadas para mejorar la educación y las habilidades digitales, las políticas activas y pasivas y las regulaciones del mercado de trabajo y de los mercados de bienes y servicios para hacerlos más competitivos, el estado del bienestar, la igualdad de oportunidades y la redistribución. En este proceso de transformación digital no existe disyuntiva entre equidad y eficiencia: las sociedades con economías y estados de bienestar más eficientes aprovecharán al máximo las nuevas tecnologías para aumentar la igualdad y el bienestar social, mejorando sobre todo las oportunidades de los jóvenes.
